No sin críticas la Cámara de Diputados y Diputadas ha dado puntapié a un “fast track” en materia de seguridad. Ello porque el grueso de las siete iniciativas que las y los legisladores han decidido apresurar junto al Gobierno a raíz del asesinato de la sargento segunda de Carabineros, Rita Olivares, versan principalmente sobre el robustecimiento de las penas y la ampliación de las facultades de defensa de las policías, siendo estas iniciativas que concitan el cuestionamiento de expertos, desde el punto de vista de su efectividad para combatir las nuevas tendencias del crimen.

El jurista y experto en criminalidad compleja, Francisco Cox, indicó a radio ADN que pese a que el ataque a la policía uniformada podría tener una pena mayor, “lo importante, más que el aumento de las penas, es que se pueda efectivamente investigar, detener, sancionar y desestructurar (al crimen organizado)”. 

En ese sentido, indicó que “lo que me preocupa de estas leyes de defensa legítima privilegiada para Carabineros es el equivalente a la ley de Estados Unidos, stand-your-ground, que produjo mayor gatillo fácil por parte de la policía; mayor cantidad de personas baleadas y asesinadas”.

Asimismo, Cox acotó que las técnicas de investigación que la Ley de Crimen Organizado entregaría a las policías son las mismas técnicas que están a disposición en los procedimientos por Ley de Drogas: agente encubierto, interceptación de llamadas y colaboración eficaz, entre otras. 

“Nadie ha pedido cuenta de cómo se usaron. ¿Dónde están las estructuras del crimen organizado? Las policías tenían estas facultades en la Ley 20 mil. El foco, la legislatura de matinal, ponerle nombre a las leyes es casi contraintuitivo”, espetó.

Cabe destacar que en el marco de la discusión legislativa, el diputado del Partido Comunista, Matías Ramirez, advirtió que no será el endurecimiento de las penas lo que provocará resultados efectivos, sino aquellas políticas que apunten a los temas de fondo, como es la reforma a las policías.

“Uno ve por ejemplo el aumento de pena en el delito de robo en los últimos 20 años y no ha significado una disminución del delito de robo, entonces tenemos que atacar esto de fórmulas distintas”, afirmó.

Si bien se manifestó de acuerdo en “aumentar penas en delitos de tal gravedad como el secuestro”, acotó que “si no avanzamos en reforzar nuestras policías, que tengan por ejemplo escalafón único, una profesionalización efectivamente de la carrera o que también avancemos de manera importante en situaciones de prevención cuando nos vamos a hacer cargo, por ejemplo, del consumo problemático de drogas, todas estas leyes que vamos a discutir probablemente esta semana, no van a tener el resultado que esperamos porque seguimos avanzando en una dirección que no va en la línea correcta“.

Alejandra Mohor: “No estamos mirando el problema en su conjunto”

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la investigadora del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile, Alejandra Mohor, explicó que el aumento de penas y agravantes, las limitaciones al acceso a beneficios o el aumento de facultades de las policías, ha sido la tónica de las iniciativas legislativas que se han presentado en las últimas dos décadas, sin llevar a verdaderos resultados.

“En la práctica lo que vemos es que la situación de criminalidad en el país se ha vuelto más compleja porque se identifica un incremento en la presencia de crimen organizado y en sus actuaciones, en el nivel de violencia vinculado a sus hechos”, indicó, aduciendo que “después de más de 20 años de políticas del estilo aumento de penas -que es todo esto que se enmarca dentro de lo que conocemos como populismo penal –estamos aun así en una situación de preocupación, lo quiere decir que no ha sido la senda correcta o no es suficiente al menos”.

En esa línea, señaló que “cuando nos enfrentamos a un debate legislativo que reproduce esas mismas lógicas, la pregunta es evidente: ¿Cómo esperamos que haciendo lo mismo pase algo distinto?”.

Por lo demás, la investigadora advirtió que normas similares al proyecto de ley Retamal, han devenido en el “gatillo fácil” en países como Estados Unidos. “El problema que hoy enfrentan es cómo revertir esta tremenda letalidad de las policías en algunos estados que supera en 10 o 20 veces la estadísticas equivalentes en países como Francia, Australia, Canadá u otros”, apuntó.

Y añadió que “esto es objeto de preocupación para los tomadores de decisiones y la academia en diferentes países, particularmente en Estados Unidos, y lo que se ha venido poniendo sobre la mesa como un mecanismo efectivo de protección de las policías (…) es la existencia de mecanismos de supervisión externa efectivos y con capacidad vinculante”. 

“Porque ¿cuál es la reflexión que nosotros debiéramos hacer de hechos tan dramáticos y lamentables como lo del fin de semana respecto de la carabinera? Es qué ocurrió en ese procedimiento, qué falló y por qué. No para culpar a las y los funcionarios que concurrieron al llamado del vecino, sino para obtener lecciones que nos permitan que los siguientes procedimientos sean de mejor calidad (…) que la institución tenga la capacidad de poder reflexionar críticamente sobre qué decisiones se tomaron”. 

Reforma a las policías

Sobre las diferencias que la reforma a las policías puede significar en la respuesta del Estado frente al crimen, la académica explicó que “para que el aumento de penas llegara a tener un efecto disuasivo, es decir que quien va tomar la decisión de cometer un delito decida no hacerlo porque arriesga una pena muy alta, lo que tenemos que asegurar es la probabilidad de capturar a esa persona después de que cometa el delito, y para poder aumentar la probabilidad de captura, se necesita fortalecer el trabajo policial primero, en su despliegue permanente en el territorio, su capacidad de respuesta rápida ante llamados de emergencia y fortalecer las capacidades investigativas”.

Si bien reparó que “la PDI se ha modernizado de manera significativa en estos últimos 20 años”, acotó que “lo cierto es que esta persistente dualidad de funciones -que ahora está agravada con la entrada en  vigencia de la ley aprobada el año 2021 que iguala las funciones policiales- nos lleva a debilitar la función investigativa porque no estás poniendo todos los recursos en perfeccionar una policía, sino que tienes que dividirla en dos donde incluso hay competencias que un fiscal puede decidir si investigar con una policía o con otra”.

“Allí es donde tenemos que poner nuestros esfuerzos, no es aumentar facultades, ni siquiera aumentar presupuesto”, añadió, remarcando que “lo que no hemos hecho todos estos años es medir el resultado de las acciones del Estado”.

Y apuntó con ello a “qué es lo que se le va a exigir a las policías, cómo vamos a medir los resultados que obtiene y cuál es la capacidad que tenemos de efectivamente articular un sistema, porque hoy día tú tienes dos instituciones policiales que actúan independiente de la otra, salvo contadas excepciones en las que hay un convenio de colaboración en materias específicas”.

Finalmente Mohor remarcó que esta es una discusión “que está en el marco de las discusiones iniciadas el año 2018 de la necesaria reforma al sistema policial y ahí estamos -pese a que se toman decisiones y se financian iniciativas- bastante detenidos, porque nos estamos quedando con algunas cosas que pueden ser muy importantes pero que son muy específicas, y no estamos mirando el problema en su conjunto que es como mejoramos la capacidad, primero, de despliegue territorial, de respuesta rápida y de investigación criminal posterior a la concurrencia de los hechos”. 

Imagen: Agencia ATON