Es en medio de las declaraciones cruzadas entre el Presidente Gabriel Boric y la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, que abogados abordaron la relativización de las violaciones a los derechos humanos en el marco del denominado estallido social.
Tras ser consultada en una entrevista en TVN sobre si se podrían repetir estos hechos en caso de que Carabineros tenga mayores libertades en el uso de armas, Matthei dijo que “si hubo violaciones a los derechos humanos fue porque (Carabineros) no tenían cómo defenderse”.
Estos dichos fueron condenados por el propio presidente Gabriel Boric, quien en su cuenta de Twitter los calificó como “peligrosos” y señaló que “respaldar claramente a Carabineros en la lucha contra la delincuencia, de lo que tengo ninguna duda, no es a costa de los DD.HH”. Encuentro que no terminó ahí, dado que la jefa comunal replicó, acusando al mandatario de estar “obsesionado” con los alcaldes.
Al respecto, el abogado de la Defensoría Popular, Lorenzo Morales, lamentó esta situación, puesto que esto responde “a una cultura del negacionismo, que se instaura con nuevos discursos que, incluso, están teorizados”, añadiendo que sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridos durante el estallido hay 49 casos abiertos, de los cuales ha habido sólo una condena efectiva.
Para Morales “relativizar estos hechos con respecto a la poca celeridad que tiene la justicia es violentar la sociedad chilena” y cuestionó una actitud “cómoda” por parte los medios de comunicación respecto de la cobertura de estos temas. “Todos están acorde en criticar una situación que como que se les olvidó estos 49 casos, que están en el líbelo que producen en noviembre (de 2019) la destitución del exministro (Andrés) Chadwick”, señaló.
Esta crítica fue también compartida por el consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Francisco Ugás, quien, además, analizó lo complejo que ha sido para el país un respaldo efectivo de estos derechos. “Ha habido la existencia de una lucha histórica por su reconocimiento y protección. Ha costado mucho. En ese sentido, dichos como estos tienden a minusvalorar lo que son estos derechos humanos, que son básicamente mandatos de optimización dirigidos al Estado y que, al estar comprometido con estos, debe promoverlos y protegerlos. Esas palabras no ayudan a la consolidación de un Estado democrático de derecho”, expresó.
Por lo mismo, apuntó que “la reflexión que tenemos que hacer como sociedad debe discurrir a mi juicio precisamente sobre un elemento fundamental, que es la protección de la dignidad de la persona, eso es consustancial al debate propio de los derechos humanos”.
El abogado penalista y experto en temas de criminalidad, Francisco Cox, manifestó su preocupación en torno a la justificación que tendría para algunas autoridades la violación de los derechos humanos en determinadas circunstancias.
“Para mí hay como palabras clave y cuando se empieza con ‘hay que analizar el contexto’, generalmente es casi como una alerta de que parece que no hay tanta convicción en la importancia que tiene la vigencia de los derechos humanos”, sostuvo Cox.
Por lo mismo, consideró importante que la alcaldesa reconociera su “error” y que aquello fuera “con convicción y no sólo para salir del paso”. “Lo preocupante es crear esta falsa dicotomía entre el respeto a los derechos humanos y la seguridad pública”, agregó.
En tanto, el abogado de la Comisión Chilena de Derechos Humanos y magíster en Derecho Penal, Yuri Santander, desestimó los argumentos esgrimidos por la alcaldesa, indicando que “podemos cuestionar si la preparación es adecuada o no, pero las herramientas de Carabineros para actuar ante cualquier tipo de delitos o situaciones que no constituyan delitos, que son simplemente manifestaciones, sí existen. Las personas afectadas en sus derechos humanos, ya sea por recibir ataques, impactos de balines en sus ojos o impactos de lacrimógenas en sus cabezas, ellos sí que no tenían cómo defenderse”.
Es en medio de las declaraciones cruzadas entre el Presidente Gabriel Boric y la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, que abogados abordaron la relativización de las violaciones a los derechos humanos en el marco del denominado estallido social.
Tras ser consultada en una entrevista en TVN sobre si se podrían repetir estos hechos en caso de que Carabineros tenga mayores libertades en el uso de armas, Matthei dijo que “si hubo violaciones a los derechos humanos fue porque (Carabineros) no tenían cómo defenderse”.
Estos dichos fueron condenados por el propio presidente Gabriel Boric, quien en su cuenta de Twitter los calificó como “peligrosos” y señaló que “respaldar claramente a Carabineros en la lucha contra la delincuencia, de lo que tengo ninguna duda, no es a costa de los DD.HH”. Encuentro que no terminó ahí, dado que la jefa comunal replicó, acusando al mandatario de estar “obsesionado” con los alcaldes.
Al respecto, el abogado de la Defensoría Popular, Lorenzo Morales, lamentó esta situación, puesto que esto responde “a una cultura del negacionismo, que se instaura con nuevos discursos que, incluso, están teorizados”, añadiendo que sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridos durante el estallido hay 49 casos abiertos, de los cuales ha habido sólo una condena efectiva.
Para Morales “relativizar estos hechos con respecto a la poca celeridad que tiene la justicia es violentar la sociedad chilena” y cuestionó una actitud “cómoda” por parte los medios de comunicación respecto de la cobertura de estos temas. “Todos están acorde en criticar una situación que como que se les olvidó estos 49 casos, que están en el líbelo que producen en noviembre (de 2019) la destitución del exministro (Andrés) Chadwick”, señaló.
Esta crítica fue también compartida por el consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Francisco Ugás, quien, además, analizó lo complejo que ha sido para el país un respaldo efectivo de estos derechos. “Ha habido la existencia de una lucha histórica por su reconocimiento y protección. Ha costado mucho. En ese sentido, dichos como estos tienden a minusvalorar lo que son estos derechos humanos, que son básicamente mandatos de optimización dirigidos al Estado y que, al estar comprometido con estos, debe promoverlos y protegerlos. Esas palabras no ayudan a la consolidación de un Estado democrático de derecho”, expresó.
Por lo mismo, apuntó que “la reflexión que tenemos que hacer como sociedad debe discurrir a mi juicio precisamente sobre un elemento fundamental, que es la protección de la dignidad de la persona, eso es consustancial al debate propio de los derechos humanos”.
El abogado penalista y experto en temas de criminalidad, Francisco Cox, manifestó su preocupación en torno a la justificación que tendría para algunas autoridades la violación de los derechos humanos en determinadas circunstancias.
“Para mí hay como palabras clave y cuando se empieza con ‘hay que analizar el contexto’, generalmente es casi como una alerta de que parece que no hay tanta convicción en la importancia que tiene la vigencia de los derechos humanos”, sostuvo Cox.
Por lo mismo, consideró importante que la alcaldesa reconociera su “error” y que aquello fuera “con convicción y no sólo para salir del paso”. “Lo preocupante es crear esta falsa dicotomía entre el respeto a los derechos humanos y la seguridad pública”, agregó.
En tanto, el abogado de la Comisión Chilena de Derechos Humanos y magíster en Derecho Penal, Yuri Santander, desestimó los argumentos esgrimidos por la alcaldesa, indicando que “podemos cuestionar si la preparación es adecuada o no, pero las herramientas de Carabineros para actuar ante cualquier tipo de delitos o situaciones que no constituyan delitos, que son simplemente manifestaciones, sí existen. Las personas afectadas en sus derechos humanos, ya sea por recibir ataques, impactos de balines en sus ojos o impactos de lacrimógenas en sus cabezas, ellos sí que no tenían cómo defenderse”.
Es en medio de las declaraciones cruzadas entre el Presidente Gabriel Boric y la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, que abogados abordaron la relativización de las violaciones a los derechos humanos en el marco del denominado estallido social.
Tras ser consultada en una entrevista en TVN sobre si se podrían repetir estos hechos en caso de que Carabineros tenga mayores libertades en el uso de armas, Matthei dijo que “si hubo violaciones a los derechos humanos fue porque (Carabineros) no tenían cómo defenderse”.
Estos dichos fueron condenados por el propio presidente Gabriel Boric, quien en su cuenta de Twitter los calificó como “peligrosos” y señaló que “respaldar claramente a Carabineros en la lucha contra la delincuencia, de lo que tengo ninguna duda, no es a costa de los DD.HH”. Encuentro que no terminó ahí, dado que la jefa comunal replicó, acusando al mandatario de estar “obsesionado” con los alcaldes.
Al respecto, el abogado de la Defensoría Popular, Lorenzo Morales, lamentó esta situación, puesto que esto responde “a una cultura del negacionismo, que se instaura con nuevos discursos que, incluso, están teorizados”, añadiendo que sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridos durante el estallido hay 49 casos abiertos, de los cuales ha habido sólo una condena efectiva.
Para Morales “relativizar estos hechos con respecto a la poca celeridad que tiene la justicia es violentar la sociedad chilena” y cuestionó una actitud “cómoda” por parte los medios de comunicación respecto de la cobertura de estos temas. “Todos están acorde en criticar una situación que como que se les olvidó estos 49 casos, que están en el líbelo que producen en noviembre (de 2019) la destitución del exministro (Andrés) Chadwick”, señaló.
Esta crítica fue también compartida por el consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Francisco Ugás, quien, además, analizó lo complejo que ha sido para el país un respaldo efectivo de estos derechos. “Ha habido la existencia de una lucha histórica por su reconocimiento y protección. Ha costado mucho. En ese sentido, dichos como estos tienden a minusvalorar lo que son estos derechos humanos, que son básicamente mandatos de optimización dirigidos al Estado y que, al estar comprometido con estos, debe promoverlos y protegerlos. Esas palabras no ayudan a la consolidación de un Estado democrático de derecho”, expresó.
Por lo mismo, apuntó que “la reflexión que tenemos que hacer como sociedad debe discurrir a mi juicio precisamente sobre un elemento fundamental, que es la protección de la dignidad de la persona, eso es consustancial al debate propio de los derechos humanos”.
El abogado penalista y experto en temas de criminalidad, Francisco Cox, manifestó su preocupación en torno a la justificación que tendría para algunas autoridades la violación de los derechos humanos en determinadas circunstancias.
“Para mí hay como palabras clave y cuando se empieza con ‘hay que analizar el contexto’, generalmente es casi como una alerta de que parece que no hay tanta convicción en la importancia que tiene la vigencia de los derechos humanos”, sostuvo Cox.
Por lo mismo, consideró importante que la alcaldesa reconociera su “error” y que aquello fuera “con convicción y no sólo para salir del paso”. “Lo preocupante es crear esta falsa dicotomía entre el respeto a los derechos humanos y la seguridad pública”, agregó.
En tanto, el abogado de la Comisión Chilena de Derechos Humanos y magíster en Derecho Penal, Yuri Santander, desestimó los argumentos esgrimidos por la alcaldesa, indicando que “podemos cuestionar si la preparación es adecuada o no, pero las herramientas de Carabineros para actuar ante cualquier tipo de delitos o situaciones que no constituyan delitos, que son simplemente manifestaciones, sí existen. Las personas afectadas en sus derechos humanos, ya sea por recibir ataques, impactos de balines en sus ojos o impactos de lacrimógenas en sus cabezas, ellos sí que no tenían cómo defenderse”.
