El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, valoró el acuerdo entre la oposición y el oficialismo que logró destrabar el proyecto de ley Nain-Retamal, el cual pasó a tercer trámite en la Cámara de Diputados y Diputadas.
Por 42 votos a favor y 3 abstenciones, y tras más de diez horas de negociaciones en la Sala del Senado, a eso de las 2:00 horas de este miércoles la iniciativa se aprobó en general y en particular luego de que se lograra un consenso en el polémico artículo que estipulaba la legítima defensa privilegiada para Carabineros, PDI y Gendarmería, y ahora también para Fuerzas Armadas.
El avance de los diálogos se produjo cuando el Gobierno optó por ceder en que el uso de armamento fiscal estuviese estipulado en el Código de Justicia Militar por sobre el Código Penal, mientras que la oposición accedió a eliminar la causal de legítima defensa en ataques sin armas de dos o más personas. Asimismo, se borró el artículo que pretendía restar responsabilidades a altos mandos por apremios ilegítimos de sus inferiores.
Al respecto, Cordero afirmó que “en opinión del Ejecutivo, la solución es satisfactoria desde la perspectiva que trata de resguardar distintos intereses. Por una parte, es muy precisa que la legítima defensa de las policías se realiza exclusivamente en aquellas hipótesis de protección de la vida, su integridad o de terceros. En el caso de protección de bienes, la legítima defensa no es la institución procedente, sino una causal distinta que es el correcto desempeño de la función pública asignada”.
“Durante el día el Ejecutivo promovió conjuntamente con los senadores dos normas que tenían especial preocupación para el Ejecutivo en el debate de la Comisión del día de ayer. La primera tenía que ver con la exención de responsabilidad del mando y la segunda con la restricción de las hipótesis de apremios ilegítimos. Ambas han sido corregidas en la sesión de hoy, la primera rechazada y la segunda eliminada en los aspectos que limitaban esas hipótesis“, sumó.
En la misma línea, el secretario de Estado sostuvo que “por cierto, en procesos de estas características lo relevante es haber obtenido un acuerdo en común. Las posiciones ideales de cada uno de nosotros han quedado atrás y por cierto, lo más relevante era lograr un acuerdo que le diera tranquilidad a las policías, pero sobre todo que resguardara los derechos de todas las personas en su relación con ellas”.
“Durante la votación en general, parte del acuerdo que existe hoy, el Ejecutivo no tiene dentro de sus estrategias próximas, el veto. Nosotros tenemos que venir al Congreso nuevamente a plantear la discusión en la Cámara de Diputados y en función de eso seguirá el resto de los trámites o habrá tercer trámite o no”, acotó.
Según se lee en la iniciativa de ley, “se presumirá legalmente que concurren las circunstancias previstas en los números 4, 5 y 6 en este artículo (legítima defensa), respecto de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, Gendarmería, las Fuerzas Armadas y los servicios bajo su dependencia, cuando estas realizaren funciones de orden público y seguridad pública interior”.
“En dichos casos se entenderá que concurre el uso racional del medio empleado si, en razón de su cargo o con motivo u ocasión del cumplimiento de funciones de resguardo de orden público y seguridad pública interior, repele o impide una agresión que pueda afectar gravemente su integridad física o su vida o las de un tercero, empleando las armas o cualquier otro medio de defensa”, suma el texto.