La discusión sobre los problemas de seguridad en el país se ha fusionado equívocamente con el debate sobre la migración. Al respecto, Radio y Diario Universidad de Chile conversó con el integrante de la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes, Eduardo Cardoza, quien se refirió a la “utilización política del miedo y del migrante como enemigo externo”.
El dirigente expuso que “hace bastante tiempo se ha tomado el tema de la migración desde un punto de vista limitado, que tiene que ver con generar un ambiente y expectativa en torno a las expulsiones, y vincular la migración con la delincuencia”.
Cardoza planteó que darle cara de migrante a la delincuencia “tiene que ver con la utilización política del miedo y del migrante como enemigo externo, pero la enorme mayoría de los migrantes en Chile queremos contribuir al desarrollo del país. Por tanto, la delincuencia nos afecta también a nosotros”.
De esa manera, lamentó aquella vinculación e indicó que “es una falacia que llegó al extremo” después de las declaraciones del fiscal nacional, Angel Valencia, quien anunció que “todos los extranjeros que no tengan cédula nacional de identidad, que no cuenten con un documento nacional que permita acreditar su identidad y que sean detenidos, se solicite su prisión preventiva ante los jueces de garantía”.
“Esta situación ha creado terror dentro de las comunidades, muchas personas tienen ya dificultades para ir a trabajar por lo que les pueda ocurrir, tanto respecto a los controles, como a los comentarios o al maltrato que la gente pueda tener al culpabilizar la situación de delincuencia a la migración”, afirmó el activista.
En ese sentido, destacó lo complejidad de este contexto debido a que las personas que persisten en la irregularidad de sus documentos a causa de la falta de respuestas del Servicio Nacional de Migraciones en sus trámites “se sienten absolutamente amenazados por el Estado”.
“Creo que estamos enfrentando un escenario en donde en lugar de resolver el tema de la irregularidad migratoria como corresponde, lo que estamos haciendo es condenarla mientras el problema de fondo no se resuelve y lo único que se esta generando es el terror en un sector de la población”, dijo.
El académico sostuvo que la norma anunciada por la máxima autoridad del Ministerio Público fue presentada como “una medida directamente contraria a cualquier estándar de derechos a nivel internacional”. Además, señaló que “incluso la nueva ley de migraciones, que sabemos que tiene muchos deficit, no considera que el regreso irregular al país sea un delito”.
El dirigente mencionó que desde la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes ven muy complicado un contexto en el que crecen los discursos xenófobos y racistas, así como que “se posicione como una necesidad de seguridad la violación de los derechos humanos de algún sector de personas en una democracia”.
“Los problemas en democracia se resuelven con más democracia, los derechos humanos de los migrantes no impiden el ejercicio de la seguridad del conjunto de la sociedad. Estamos entrando en una serie de falacias que nos llevan a actitudes autoritarias y no a más democracia”, destacó.
El activista agregó que es un “muy mal augurio” el anuncio de medidas que no respeten los derechos de las personas.”La delincuencia no tiene nacionalidad. La delincuencia tiene que asumir toda la fuerza que toda la ley aplica a través de sus tribunales”, expresó.
De esa manera, el defensor de los derechos migrantes manifestó que la población y las autoridades “están entrando a un razonamiento con premisas falsas que conducen al autoritarismo y a restricciones en la democracia en vez de ampliarla”.
La discusión sobre los problemas de seguridad en el país se ha fusionado equívocamente con el debate sobre la migración. Al respecto, Radio y Diario Universidad de Chile conversó con el integrante de la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes, Eduardo Cardoza, quien se refirió a la “utilización política del miedo y del migrante como enemigo externo”.
El dirigente expuso que “hace bastante tiempo se ha tomado el tema de la migración desde un punto de vista limitado, que tiene que ver con generar un ambiente y expectativa en torno a las expulsiones, y vincular la migración con la delincuencia”.
Cardoza planteó que darle cara de migrante a la delincuencia “tiene que ver con la utilización política del miedo y del migrante como enemigo externo, pero la enorme mayoría de los migrantes en Chile queremos contribuir al desarrollo del país. Por tanto, la delincuencia nos afecta también a nosotros”.
De esa manera, lamentó aquella vinculación e indicó que “es una falacia que llegó al extremo” después de las declaraciones del fiscal nacional, Angel Valencia, quien anunció que “todos los extranjeros que no tengan cédula nacional de identidad, que no cuenten con un documento nacional que permita acreditar su identidad y que sean detenidos, se solicite su prisión preventiva ante los jueces de garantía”.
“Esta situación ha creado terror dentro de las comunidades, muchas personas tienen ya dificultades para ir a trabajar por lo que les pueda ocurrir, tanto respecto a los controles, como a los comentarios o al maltrato que la gente pueda tener al culpabilizar la situación de delincuencia a la migración”, afirmó el activista.
En ese sentido, destacó lo complejidad de este contexto debido a que las personas que persisten en la irregularidad de sus documentos a causa de la falta de respuestas del Servicio Nacional de Migraciones en sus trámites “se sienten absolutamente amenazados por el Estado”.
“Creo que estamos enfrentando un escenario en donde en lugar de resolver el tema de la irregularidad migratoria como corresponde, lo que estamos haciendo es condenarla mientras el problema de fondo no se resuelve y lo único que se esta generando es el terror en un sector de la población”, dijo.
El académico sostuvo que la norma anunciada por la máxima autoridad del Ministerio Público fue presentada como “una medida directamente contraria a cualquier estándar de derechos a nivel internacional”. Además, señaló que “incluso la nueva ley de migraciones, que sabemos que tiene muchos deficit, no considera que el regreso irregular al país sea un delito”.
El dirigente mencionó que desde la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes ven muy complicado un contexto en el que crecen los discursos xenófobos y racistas, así como que “se posicione como una necesidad de seguridad la violación de los derechos humanos de algún sector de personas en una democracia”.
“Los problemas en democracia se resuelven con más democracia, los derechos humanos de los migrantes no impiden el ejercicio de la seguridad del conjunto de la sociedad. Estamos entrando en una serie de falacias que nos llevan a actitudes autoritarias y no a más democracia”, destacó.
El activista agregó que es un “muy mal augurio” el anuncio de medidas que no respeten los derechos de las personas.”La delincuencia no tiene nacionalidad. La delincuencia tiene que asumir toda la fuerza que toda la ley aplica a través de sus tribunales”, expresó.
De esa manera, el defensor de los derechos migrantes manifestó que la población y las autoridades “están entrando a un razonamiento con premisas falsas que conducen al autoritarismo y a restricciones en la democracia en vez de ampliarla”.
La discusión sobre los problemas de seguridad en el país se ha fusionado equívocamente con el debate sobre la migración. Al respecto, Radio y Diario Universidad de Chile conversó con el integrante de la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes, Eduardo Cardoza, quien se refirió a la “utilización política del miedo y del migrante como enemigo externo”.
El dirigente expuso que “hace bastante tiempo se ha tomado el tema de la migración desde un punto de vista limitado, que tiene que ver con generar un ambiente y expectativa en torno a las expulsiones, y vincular la migración con la delincuencia”.
Cardoza planteó que darle cara de migrante a la delincuencia “tiene que ver con la utilización política del miedo y del migrante como enemigo externo, pero la enorme mayoría de los migrantes en Chile queremos contribuir al desarrollo del país. Por tanto, la delincuencia nos afecta también a nosotros”.
De esa manera, lamentó aquella vinculación e indicó que “es una falacia que llegó al extremo” después de las declaraciones del fiscal nacional, Angel Valencia, quien anunció que “todos los extranjeros que no tengan cédula nacional de identidad, que no cuenten con un documento nacional que permita acreditar su identidad y que sean detenidos, se solicite su prisión preventiva ante los jueces de garantía”.
“Esta situación ha creado terror dentro de las comunidades, muchas personas tienen ya dificultades para ir a trabajar por lo que les pueda ocurrir, tanto respecto a los controles, como a los comentarios o al maltrato que la gente pueda tener al culpabilizar la situación de delincuencia a la migración”, afirmó el activista.
En ese sentido, destacó lo complejidad de este contexto debido a que las personas que persisten en la irregularidad de sus documentos a causa de la falta de respuestas del Servicio Nacional de Migraciones en sus trámites “se sienten absolutamente amenazados por el Estado”.
“Creo que estamos enfrentando un escenario en donde en lugar de resolver el tema de la irregularidad migratoria como corresponde, lo que estamos haciendo es condenarla mientras el problema de fondo no se resuelve y lo único que se esta generando es el terror en un sector de la población”, dijo.
El académico sostuvo que la norma anunciada por la máxima autoridad del Ministerio Público fue presentada como “una medida directamente contraria a cualquier estándar de derechos a nivel internacional”. Además, señaló que “incluso la nueva ley de migraciones, que sabemos que tiene muchos deficit, no considera que el regreso irregular al país sea un delito”.
El dirigente mencionó que desde la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes ven muy complicado un contexto en el que crecen los discursos xenófobos y racistas, así como que “se posicione como una necesidad de seguridad la violación de los derechos humanos de algún sector de personas en una democracia”.
“Los problemas en democracia se resuelven con más democracia, los derechos humanos de los migrantes no impiden el ejercicio de la seguridad del conjunto de la sociedad. Estamos entrando en una serie de falacias que nos llevan a actitudes autoritarias y no a más democracia”, destacó.
El activista agregó que es un “muy mal augurio” el anuncio de medidas que no respeten los derechos de las personas.”La delincuencia no tiene nacionalidad. La delincuencia tiene que asumir toda la fuerza que toda la ley aplica a través de sus tribunales”, expresó.
De esa manera, el defensor de los derechos migrantes manifestó que la población y las autoridades “están entrando a un razonamiento con premisas falsas que conducen al autoritarismo y a restricciones en la democracia en vez de ampliarla”.
