Decía Eduardo Galeano: “la historia cambia según la voz que la cuenta; no es la voz de los indios la que ha contado, hasta ahora, la historia de América”. Esta afirmación también en útil para describir la situación mediática y dialoga con el muy interesante libro “Contra-agenda: La disputa por la agenda mediática y política” del profesor de la Universidad de la Frontera y panelista de nuestra radio, Carlos del Valle, que tuvimos la oportunidad de presentar el fin de semana pasado en la Feria del Libro de Recoleta. En él, el autor investiga, describe y clasifica el proceso en que las distintas expresiones del pueblo mapuche pasaron en la transición desde un estado de resistencia a otro de construcción de agenda, a veces desplegada en medios de comunicación no mapuche y otras a través de medios propios creados para tal efecto. De esta manera, sus discursos ya no solo han tenido que ver con la denuncia de la persecución por parte del Estado de Chile, sino también con una acción propositiva con conceptos como autodeterminación o Wallmapu (nación mapuche) que empezaron a ser parte de la discusión.
Del Valle explica la capacidad político-comunicacional que han tenido las expresiones del pueblo mapuche para desarrollar este proceso, pero a su vez en un contexto de enormes asimetrías de poder que incluye el mediático. En paralelo y en un libro inmediatamente previo, se refería a la enemización, es decir, a los dispositivos mediante los cuales se transforma a ciertos grupos en el “enemigo interno”, como ocurre con el pueblo mapuche. La operación no es nueva: antes se usó indistintamente para los opositores en dictadura, para los manifestantes del estallido social (“estamos en guerra contra un enemigo implacable y poderoso” dijo el expresidente Piñera), para los migrantes hoy y, en general, para cualquier grupo disfuncional para el poder establecido.
Todos estos asuntos, que tienen consecuencias profundas en la vida cotidiana de los habitantes del país, están relacionados con la estructura mediática. Yendo al análisis más general, Del Valle se pregunta por el rol del Estado en todo esto y plantea dos. Primero, a) garantizar una pluralidad de los medios de comunicación en el sistema; y, b) asegurar una pluralidad en el tratamiento de los contenidos de los medios. Como ya es sabido, durante los 33 años transcurridos desde el fin de la dictadura, el Estado ha tenido una no-política, es decir, ha permitido que la acumulación de poder económico vaya de la mano con la acumulación del poder mediático, hasta el punto que algunos de los principales grupos económicos del país son, al mismo tiempo, dueños directos de conglomerados mediáticos, mientras el financiamiento estatal para medios públicos, regionales y comunitarios es minúsculo.
Todo parecía cambiar con las actuales autoridades, que desde su época de dirigentes estudiantiles en las movilizaciones de 2011 han padecido en carne propia la manipulación y la falta de pluralismo mediáticos. Se prometió en campaña e incluso se encargó a tres universidades públicas un informe con propuestas, pero éste descansa hace meses en algún cajón de La Moneda sin señales de traducirse en acciones concretas. Ya hay quienes dicen que los que pensaron que habría medidas distintas en asuntos que dependen del Gobierno y de nadie más, como el avisaje estatal, han pecado de ingenuidad. Lamentablemente, por de pronto, los hechos dan la razón a aquellos señalamientos.