Luego que un grupo de dirigentes ambientalistas interpusiera un recurso de protección en contra de Alto Maipo, el proyecto hidroeléctrico reconoció que después del estallido social contrató un servicio de ciberinteligencia para monitorear a sus detractores.

El hecho fue denunciado por primera vez en noviembre de 2021, cuando el medio electrónico Interferencia accedió a una serie de documentos en los que una empresa informaba a Alto Maipo sobre la actividad en línea y los datos personales de activistas.

Tras la publicación, los afectados iniciaron una acción judicial en contra de la hidroeléctrica, contexto en el cual Alto Maipo se vio obligada a reconocer que contó con los servicios de la empresa Felipe Jaque Zamora Asesoría y Consultoría en Computación, Informática y Tecnología.

Pese a que la compañía señaló que no existieron “actos ilegales ni arbitrarios en contra de los recurridos” y se justificó, afirmando que sólo recibieron datos de acceso público, los dirigentes espiados de la Red No Alto Maipo, la Coordinación de la Defensa por los Glaciares, el Movimiento del Agua y los Territorios, y la exconcejala de San José de Maipo, Maite Birke, están indignados.

A juicio de la exconcejala, las acciones de Alto Maipo constituyen un “amedrentamiento” que estaría principalmente motivado por un temor de la hidroeléctrica.

“Yo creo que Alto Maipo se debió haber sentido asustado, porque una empresa que hace las cosas bien no va a mandar a investigar a los vecinos o vecinas que están fiscalizando”, dijo en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile.

Sobre la manera en que ella y otras personas fueron monitoreadas, Birke precisó que revisaron sus redes sociales y que, incluso, se infiltraron en los grupos de WhatsApp de algunas organizaciones. Por otro lado, se les sindicó como “ecoterroristas”, un epíteto con el que la exconcejala no está nada de acuerdo.

“Es grave que nos llamen así, porque no somos ecoterroristas, somos simples fiscalizadores del medioambiente. Uno está haciendo un trabajo que le corresponde al Estado, entonces, que estén investigando tus redes es una especie de amedrentamiento para no seguir fiscalizando”, manifestó.

En esa misma línea, Birke aseguró que lo que debería hacer el Gobierno es fortalecer a los organismos estatales a cargo de proyectos como Alto Maipo, de modo que los ciudadanos no se lleven una carga que no les corresponde.

“Lo importante aquí es que el Estado fortalezca a la institucionalidad medio ambiental, que haya recursos para fiscalización, porque siempre la respuesta es ‘tenemos tres fiscalizadores para todo Chile o para toda la región’. Entonces, ahí yo creo que tiene que haber un reforzamiento económico”, opinó.

Además, la ex concejala sugirió que las autoridades comiencen un trabajo más decidido con los territorios. “Que el Estado esté más preocupado de las comunidades y no tanto del empresariado. Creo que con el empresariado se puede trabajar en conjunto, pero debe ser de buena manera, no siempre dándole la manga ancha a ellos, para que hagan y deshagan en los territorios y las comunidades queden completamente desprotegidas”, expresó.

“Las comunidades no tienen abogados, no son ingenieros, no son profesionales o expertos en las distintas áreas, las comunidades tienen que hacer un trabajo gigantesco para poder enfrentar estas mega empresas o empresas extractivistas, y no tienen ningún apoyo del Estado”, acusó.

Abogado de los dirigentes adelanta próximos pasos

Por otra parte, también se refirió a este tema el abogado de la Defensoría Popular de las Comunidades y representante de los dirigentes espiados, Javier Pineda.

De acuerdo al jurista, lo que se busca con el recurso de protección interpuesto por los activistas es reunir información. 

“Con esta acción lo que nosotros queremos averiguar es qué gestiones de espionaje se realizaron. Por lo tanto, lo que hicimos ahora fue que, en la misma causa ante la Corte de Apelaciones de Santiago, solicitamos un informe a la empresa que Alto Maipo señala como responsable, que es la de Felipe Jaque Zamora”, explicó.

Pineda detalló que este documento de parte de la empresa de ciberseguridad es de vital importancia, porque eventualmente ayudará a dilucidar si es que Alto Maipo encargó acciones ilícitas no incluidas en su informe ante la Corte.

“Nosotros desconfiamos de toda la información aportada por Alto Maipo, porque no es coincidente con lo que se filtró en el reportaje de Interferencia que motivó la acción de protección. La pregunta es ¿Por qué a la empresa que le encargan la realización de estos informes se habría extralimitado en sus investigaciones?”, cuestionó.

Por lo mismo, Pineda recalcó que lo que se busca “es que esta empresa de cíber-inteligencia nos diga cuál es su versión respecto a los hechos”. “En virtud de eso, nos reservamos las acciones legales correspondientes”, advirtió.