Actualmente se tramita un proyecto de ley que intenta criminalizar la migración irregular. Este proyecto de ley se discute en un contexto en el que la frontera norte del país se encuentra militarizada desde inicios de este año y en el que las autoridades han entregado a las fuerzas armadas atribuciones de control migratorio. En este escenario se ha densificado el debate político en torno al aumento de la migración irregular y a su supuesta relación con la delincuencia y el crimen organizado. Sumado a esto el Fiscal Nacional ha instruido a sus subalternos a solicitar la prisión preventiva en todos los casos en que personas extranjeras sean sorprendidas cometiendo delitos y a detener a quienes no puedan acreditar su identidad a través de “documentos chilenos”.  Todo esto se da en el momento en que el Congreso discute además otros proyectos que se relacionan con el ejercicio de derechos de personas migrantes y refugiadas.

Al respecto es importante recordar, en primer lugar, que la ley de migraciones chilena, que entró en vigencia hace poco más de un año, establece que las personas migrantes no pueden ser criminalizadas solo por su condición de irregularidad. Esto tiene un sentido. No todos quienes ingresan tienen antecedentes penales. Por lo tanto, el ingreso clandestino no es sinónimo de criminalidad. Por lo tanto, el proyecto que se está discutiendo por estos días va en contra de la misma ley de migraciones que tiene el país.

Se ha dicho que si “alguien entra por la ventana” está bien que se castigue como un delito. Pero en esos casos, ¿nuestro país realmente no puede hacer nada? ¿Qué ocurre si una persona extranjera evade el control migratorio? En ese caso procede la expulsión administrativa conforme a la ley N°21.325 y su reglamento. Es decir, existen los mecanismos para afrontar esta situación sin necesidad de aprobar una ley que atenta contra los derechos de las personas migrantes y además no se hace cargo de la situación de fondo.

Por otra parte, las medidas que se están proponiendo podrían afectar  también a las personas refugiadas, entiéndase como  refugiado/a quienes han tenido que huir de sus países porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público. Algo así como “el asilo contra la opresión” como señala nuestro himno nacional. 

Precisamente en materia de refugio, Amnistía Internacional ha identificado varias prácticas que vulneran la normativa sobre refugio. Lo primero es que las personas con necesidad de protección no reciben información en frontera. Al contrario, están expuestas a prácticas de devoluciones, lo cual está prohibido por el derecho internacional y las pone en mayor riesgo. Lo segundo es que las personas con necesidad de protección que logran ingresar al país no consiguen acceder al asilo tampoco, debido a la práctica ilegal de exigir la autodenuncia y otras arbitrariedades documentadas por la organización. Lo anterior, lleva a que, ante la imposibilidad de conseguir visas, personas con necesidad de protección internacional como las venezolanas no tienen otra opción que entrar por la vía irregular.

En definitiva, la migración irregular no puede ser asociada sin más como forma de delito, pues criminalizarla constituye derechamente un acto discriminatorio hacia  las personas en movilidad humana. Por lo tanto, además de evitar que se apruebe este proyecto de ley que está en discusión es imprescindible también que Chile cumpla a cabalidad con la normativa referente a las personas que necesitan protección internacional.

En conclusión, más que penalizar el ingreso clandestino es necesario que haya una política migratoria, tal como ordena la actual ley de migraciones. Esa política se tendría que hacer cargo de los actuales flujos migratorios, considerando sus diversas causas y planteando la adopción de medidas integrales, así como un trabajo multilateral con otros países. Hacerse cargo de esta necesidad con la mayor responsabilidad posible es imprescindible y las autoridades no pueden ignorar los derechos humanos en la toma de decisiones.