“No es culpa del Gobierno ni del Congreso”: Parlamentarios apuntan a responsabilidad de administradoras por crisis de las Isapres
Este jueves desde la Asociación de Isapres emitieron un comunicado en el que califican la Ley Corta del Gobierno como "un engaño (...) que denota una indolencia absoluta con los usuarios del sistema de salud".
Jueves 11 de mayo 2023 20:11 hrs.
Santiago 1 abril de 2019
La Superintendencia de Salud informó este lunes 1 de abril que las mayores isapres que operan en el país aplicarán un alza en el precio de sus planes, en el marco del proceso de adecuación de contratos que se inicia en julio de 2019.
Javier Torres/Aton Chile
Diversas reacciones ha dejado el proyecto de Ley Corta de Isapres presentado por el Gobierno durante la tarde de este martes. Desde el Parlamento, la medida ha generado posiciones encontradas, siendo criticada por la oposición desde donde han planteado que la propuesta terminará con el sistema privado de salud.
La iniciativa busca establecer la forma y los plazos en que las instituciones de salud privada deben devolver los mil 400 millones de dólares que cobraron en exceso por la diferencia en el uso de tablas de factores en los planes de los más de 700 mil afiliados, de acuerdo al fallo de la Corte Suprema.
En la resolución judicial, se ordenó a las instituciones dejar de aplicar las tablas de factores que estaban utilizando y emplear una establecida por la Superintendencia de Salud en el 2019, que entró en vigencia el 2020.
El proyecto del Ejecutivo, que busca dar viabilidad a esta resolución, ha sido objeto de fuertes críticas por parte de la Asociación de Isapres desde donde esta tarde emitieron un comunicado donde señalaron que “el proyecto que ha ingresado al Congreso es un engaño, no tiene factibilidad alguna y conduce por la fuerza a un monopolio estatal, dañando el acceso a la salud de todos los chilenos”.
Asimismo, añadieron que “la propuesta denota una indolencia absoluta con los usuarios del sistema de salud, los beneficiarios de Isapres y en particular con los enfermos”.
Al respecto el diputado independiente e integrante de la comisión de Salud ,Hernán Palma, afirmó que resulta paradójico que el Gobierno haya pedido a la Corte Suprema una prórroga de seis meses para tramitar la Ley Corta de Isapres, al tiempo que advirtió que el colapso del sistema tendría un efecto dominó en todo el circuito.
En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el legislador del distrito 12 de la Región Metropolitana, indicó que en su opinión, hubo mucha tardanza en ingresar el proyecto de ley porque están sobre los plazos establecidos por la Corte Suprema, pero “el salvataje debe estar orientado a los beneficiados y no a las Isapres (…) pero en términos generales este proyecto intenta mitigar los efectos de un fallo que de aplicarse de forma radical, provocaría un colapso del sistema”.
No obstante, afirmó que detrás del “aparente salvataje de las personas beneficiarias, de una u otra manera se está salvando el sistema privado de salud y por lo tanto, el modelo”.
Respecto de las declaraciones de la Asociación de Isapres, el diputado afirmó que lo que “ellos quisieran es que el Estado les pase un salvavidas grande, para salvar el modelo, porque éste colapsó por la pandemia básicamente, porque no pudieron pagar a los prestadores, a los beneficiarios, y además, habían cobrado excedentes abusivos y desde ahí emana el fallo de la Corte Suprema”.
Asimismo, Palma afirmó que el colapso del sistema tendría un efecto dominó en todo el circuito, porque el 40 por ciento de los usuarios de Fonasa recurren al sistema privado y por tanto, se hace necesario “crear de manera progresiva un sistema donde fuéramos pasando a un modelo más social. Creo que es un despropósito decir que detrás de esto hay indolencia del Ejecutivo, cuando es indolente arrogarse la creencia que hay personas de segunda categoría en la sociedad. Hay que pensar que el negocio de las Isapres debe haber sido con creces el más rentable durante décadas”.
En tanto, el senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, pidió a todos los sectores conversar sobre el proyecto de ley, antes que entrar en “descalificaciones y epítetos”
“Yo le pido a todas las partes que tengan la anuencia de querer hablar, de querer conversar, de expresar su punto de vista porque hay que buscar un acuerdo razonable para que se cumpla un fallo judicial de la Corte Suprema, para que ese fallo implique hacer justicia para más de 700 mil personas que son jefe de hogar y que tienen un contrato con su Isapre”, afirmó el legislador.
Castro indicó que para que estas instituciones de salud privada “sean viables financieramente y poder hacer las devoluciones, y eso significa operativizarlo a través de una ley. Si hay tanta queja y tantas descalificaciones , yo digo en vez de enojarse con la ley, hay que enojarse con el tribunal que dictó una sentencia y la sentencia es clara”.
Agregó que “aquí hay gente que el año 2020 tenía planes donde no se le aplicó una tabla de factores y producto de eso se retrotrae el sistema y se le aplica esa tabla, eso implica devoluciones de dinero, eso implica rebaja en el precio y eso no es culpa del Gobierno, ni del Congreso. Por eso yo llamo a que haya más serenidad, más tranquilidad para enfrentar el momento, presente y futuro, que requiere soluciones y buena voluntad, más que descalificaciones y epítetos”.
Diversas reacciones ha dejado el proyecto de Ley Corta de Isapres presentado por el Gobierno durante la tarde de este martes. Desde el Parlamento, la medida ha generado posiciones encontradas, siendo criticada por la oposición desde donde han planteado que la propuesta terminará con el sistema privado de salud.
La iniciativa busca establecer la forma y los plazos en que las instituciones de salud privada deben devolver los mil 400 millones de dólares que cobraron en exceso por la diferencia en el uso de tablas de factores en los planes de los más de 700 mil afiliados, de acuerdo al fallo de la Corte Suprema.
En la resolución judicial, se ordenó a las instituciones dejar de aplicar las tablas de factores que estaban utilizando y emplear una establecida por la Superintendencia de Salud en el 2019, que entró en vigencia el 2020.
El proyecto del Ejecutivo, que busca dar viabilidad a esta resolución, ha sido objeto de fuertes críticas por parte de la Asociación de Isapres desde donde esta tarde emitieron un comunicado donde señalaron que “el proyecto que ha ingresado al Congreso es un engaño, no tiene factibilidad alguna y conduce por la fuerza a un monopolio estatal, dañando el acceso a la salud de todos los chilenos”.
Asimismo, añadieron que “la propuesta denota una indolencia absoluta con los usuarios del sistema de salud, los beneficiarios de Isapres y en particular con los enfermos”.
Al respecto el diputado independiente e integrante de la comisión de Salud ,Hernán Palma, afirmó que resulta paradójico que el Gobierno haya pedido a la Corte Suprema una prórroga de seis meses para tramitar la Ley Corta de Isapres, al tiempo que advirtió que el colapso del sistema tendría un efecto dominó en todo el circuito.
En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el legislador del distrito 12 de la Región Metropolitana, indicó que en su opinión, hubo mucha tardanza en ingresar el proyecto de ley porque están sobre los plazos establecidos por la Corte Suprema, pero “el salvataje debe estar orientado a los beneficiados y no a las Isapres (…) pero en términos generales este proyecto intenta mitigar los efectos de un fallo que de aplicarse de forma radical, provocaría un colapso del sistema”.
No obstante, afirmó que detrás del “aparente salvataje de las personas beneficiarias, de una u otra manera se está salvando el sistema privado de salud y por lo tanto, el modelo”.
Respecto de las declaraciones de la Asociación de Isapres, el diputado afirmó que lo que “ellos quisieran es que el Estado les pase un salvavidas grande, para salvar el modelo, porque éste colapsó por la pandemia básicamente, porque no pudieron pagar a los prestadores, a los beneficiarios, y además, habían cobrado excedentes abusivos y desde ahí emana el fallo de la Corte Suprema”.
Asimismo, Palma afirmó que el colapso del sistema tendría un efecto dominó en todo el circuito, porque el 40 por ciento de los usuarios de Fonasa recurren al sistema privado y por tanto, se hace necesario “crear de manera progresiva un sistema donde fuéramos pasando a un modelo más social. Creo que es un despropósito decir que detrás de esto hay indolencia del Ejecutivo, cuando es indolente arrogarse la creencia que hay personas de segunda categoría en la sociedad. Hay que pensar que el negocio de las Isapres debe haber sido con creces el más rentable durante décadas”.
En tanto, el senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, pidió a todos los sectores conversar sobre el proyecto de ley, antes que entrar en “descalificaciones y epítetos”
“Yo le pido a todas las partes que tengan la anuencia de querer hablar, de querer conversar, de expresar su punto de vista porque hay que buscar un acuerdo razonable para que se cumpla un fallo judicial de la Corte Suprema, para que ese fallo implique hacer justicia para más de 700 mil personas que son jefe de hogar y que tienen un contrato con su Isapre”, afirmó el legislador.
Castro indicó que para que estas instituciones de salud privada “sean viables financieramente y poder hacer las devoluciones, y eso significa operativizarlo a través de una ley. Si hay tanta queja y tantas descalificaciones , yo digo en vez de enojarse con la ley, hay que enojarse con el tribunal que dictó una sentencia y la sentencia es clara”.
Agregó que “aquí hay gente que el año 2020 tenía planes donde no se le aplicó una tabla de factores y producto de eso se retrotrae el sistema y se le aplica esa tabla, eso implica devoluciones de dinero, eso implica rebaja en el precio y eso no es culpa del Gobierno, ni del Congreso. Por eso yo llamo a que haya más serenidad, más tranquilidad para enfrentar el momento, presente y futuro, que requiere soluciones y buena voluntad, más que descalificaciones y epítetos”.
Diversas reacciones ha dejado el proyecto de Ley Corta de Isapres presentado por el Gobierno durante la tarde de este martes. Desde el Parlamento, la medida ha generado posiciones encontradas, siendo criticada por la oposición desde donde han planteado que la propuesta terminará con el sistema privado de salud.
La iniciativa busca establecer la forma y los plazos en que las instituciones de salud privada deben devolver los mil 400 millones de dólares que cobraron en exceso por la diferencia en el uso de tablas de factores en los planes de los más de 700 mil afiliados, de acuerdo al fallo de la Corte Suprema.
En la resolución judicial, se ordenó a las instituciones dejar de aplicar las tablas de factores que estaban utilizando y emplear una establecida por la Superintendencia de Salud en el 2019, que entró en vigencia el 2020.
El proyecto del Ejecutivo, que busca dar viabilidad a esta resolución, ha sido objeto de fuertes críticas por parte de la Asociación de Isapres desde donde esta tarde emitieron un comunicado donde señalaron que “el proyecto que ha ingresado al Congreso es un engaño, no tiene factibilidad alguna y conduce por la fuerza a un monopolio estatal, dañando el acceso a la salud de todos los chilenos”.
Asimismo, añadieron que “la propuesta denota una indolencia absoluta con los usuarios del sistema de salud, los beneficiarios de Isapres y en particular con los enfermos”.
Al respecto el diputado independiente e integrante de la comisión de Salud ,Hernán Palma, afirmó que resulta paradójico que el Gobierno haya pedido a la Corte Suprema una prórroga de seis meses para tramitar la Ley Corta de Isapres, al tiempo que advirtió que el colapso del sistema tendría un efecto dominó en todo el circuito.
En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el legislador del distrito 12 de la Región Metropolitana, indicó que en su opinión, hubo mucha tardanza en ingresar el proyecto de ley porque están sobre los plazos establecidos por la Corte Suprema, pero “el salvataje debe estar orientado a los beneficiados y no a las Isapres (…) pero en términos generales este proyecto intenta mitigar los efectos de un fallo que de aplicarse de forma radical, provocaría un colapso del sistema”.
No obstante, afirmó que detrás del “aparente salvataje de las personas beneficiarias, de una u otra manera se está salvando el sistema privado de salud y por lo tanto, el modelo”.
Respecto de las declaraciones de la Asociación de Isapres, el diputado afirmó que lo que “ellos quisieran es que el Estado les pase un salvavidas grande, para salvar el modelo, porque éste colapsó por la pandemia básicamente, porque no pudieron pagar a los prestadores, a los beneficiarios, y además, habían cobrado excedentes abusivos y desde ahí emana el fallo de la Corte Suprema”.
Asimismo, Palma afirmó que el colapso del sistema tendría un efecto dominó en todo el circuito, porque el 40 por ciento de los usuarios de Fonasa recurren al sistema privado y por tanto, se hace necesario “crear de manera progresiva un sistema donde fuéramos pasando a un modelo más social. Creo que es un despropósito decir que detrás de esto hay indolencia del Ejecutivo, cuando es indolente arrogarse la creencia que hay personas de segunda categoría en la sociedad. Hay que pensar que el negocio de las Isapres debe haber sido con creces el más rentable durante décadas”.
En tanto, el senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, pidió a todos los sectores conversar sobre el proyecto de ley, antes que entrar en “descalificaciones y epítetos”
“Yo le pido a todas las partes que tengan la anuencia de querer hablar, de querer conversar, de expresar su punto de vista porque hay que buscar un acuerdo razonable para que se cumpla un fallo judicial de la Corte Suprema, para que ese fallo implique hacer justicia para más de 700 mil personas que son jefe de hogar y que tienen un contrato con su Isapre”, afirmó el legislador.
Castro indicó que para que estas instituciones de salud privada “sean viables financieramente y poder hacer las devoluciones, y eso significa operativizarlo a través de una ley. Si hay tanta queja y tantas descalificaciones , yo digo en vez de enojarse con la ley, hay que enojarse con el tribunal que dictó una sentencia y la sentencia es clara”.
Agregó que “aquí hay gente que el año 2020 tenía planes donde no se le aplicó una tabla de factores y producto de eso se retrotrae el sistema y se le aplica esa tabla, eso implica devoluciones de dinero, eso implica rebaja en el precio y eso no es culpa del Gobierno, ni del Congreso. Por eso yo llamo a que haya más serenidad, más tranquilidad para enfrentar el momento, presente y futuro, que requiere soluciones y buena voluntad, más que descalificaciones y epítetos”.
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