Ministro Luis Cordero por aprobación de ley contra delitos de “cuello y corbata”: “Tiene por finalidad recuperar la confianza en las instituciones”
El titular de Justicia detalló las implicancias de la iniciativa despachada por el Congreso Nacional y enfatizó en que "hay que tener cuidado con creer que los temas de seguridad se resuelven puro y simplemente aprobando leyes".
Diario UChile
Lunes 22 de mayo 2023 11:33 hrs.
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En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, profundizó sobre el proyecto de ley que amplía la responsabilidad penal para delitos económicos y contra el medioambiente, mejor conocida como la ley contra los delitos de “cuello y corbata”, la cual fue despachada por el Congreso Nacional la semana pasada.
Sobre los alcances que tendrá la iniciativa, la autoridad mencionó la importancia de diferenciar cierto tipo de comisión de delitos, destacando que “una de las razones que explica eso es que la criminalidad económica suele producir efectos lesivos más complejos y amplios que la criminalidad común y, entre otras cosas, el modelo que teníamos hasta ahora era un modelo de dispersión de delitos económicos en diversas leyes, con régimen de penas muy distintas, con penas muy bajas en general y con régimen de sanciones que no permitía pesquisar las rentas indebidamente percibidas por este tipo de delitos”.
“La consecuencia de tener un sistema así provocaba fundamentalmente que los denominados delitos de ‘cuello y corbata’ implicaran que las personas que los cometían no fuesen a la cárcel y que, después de sacar las cuentas, al final del día parecía ser más conveniente cometer esos delitos que no cometerlos”, explicó.
Por lo mismo, el secretario de Estado remarcó que lo que hace el proyecto de ley es “establecer un régimen estricto de penas, un régimen unificado para todos esos delitos, permitiendo la pena efectiva en muchos de ellos. En segundo lugar, establecer un régimen de inhabilidades específicas para las personas que cometen este tipo de delitos, no sólo las inhabilidades generales, como la inhabilitación para ejercer cargos públicos, sino que también la inhabilitación que, incluso, puede llegar a ser perpetua, para desempeñar cargos gerenciales o para contratar con el Estado”.
Asimismo, apuntó a que “la sanción económica, además de la pena privativa de libertad, en el techo puede llegar hasta 19 mil millones de pesos. Por último, permite el comiso de las ganancias ilícitamente obtenidas. Lo que esencialmente buscan es pesquisar todo el beneficio económico que una persona o una empresa pudiese obtener producto de la comisión de este tipo de delitos”.
Según el ministro, esta medida cobra especial relevancia para la población “no sólo por su masividad, sino que representa muy gráficamente la idea de que el sistema penal existe para unos y no para otros y, en consecuencia, lesiona drásticamente la confianza en las instituciones, fundamentalmente por el tema de la impunidad. Hay muchísima evidencia que lo que demuestra es que, en la medida de que la población percibe altos niveles de impunidad, produce niveles de desconfianza institucional muy severos. Entonces, no es simplemente un proyecto que tiene por finalidad atacar directamente la criminalidad económica, sino que también en el largo plazo recuperar la confianza en las instituciones”.
En cuanto a las críticas que ha levantado la oposición en torno a la agenda del Ejecutivo contra los hechos de delincuencia, Cordero expresó que “primero, hay que mencionar dos cosas. Los temas de la agenda de seguridad, que venían hasta antes del acuerdo y aquellos que se implementaron durante el acuerdo. Nosotros ya hemos despachado algunas leyes bien significativas, una de ellas es la modificación de la ley de drogas, que el Presidente promulgó hace un par de semanas (…) El Congreso ya despachó la ley que combate el crimen organizado que, además de incorporar reglas especiales de investigación, también establece reglas para el comiso de ganancias”.
También añadió que “este proyecto que se aprobó el lunes de la semana pasada sobre delitos económicos y ambientales estaba dentro de este listado y luego la oposición ha señalado estos días que, a propósito de los 31 proyectos que están dentro de las priorizaciones del Ejecutivo con los presidentes de la Cámara y del Senado, habría 12 proyectos que no están ingresados. Esos 12 responden a distinta naturaleza, algunos están en elaboración, algunas ya anunciados, como el proyecto de inteligencia económica; hay otros que van a ser indicaciones a proyectos de ley que están en trámite y hay otros que estamos afinando técnicamente, porque requieren de una precisión jurídica, de un poco más de sofisticación”, manifestó.
“Hay que tener cuidado con creer que los temas de seguridad se resuelven puro y simplemente aprobando leyes, esos son estados de papel en general. Lo que uno debiera apuntar es el desempeño y en el resultado de las instituciones y creo que, por ejemplo, el programa Calles sin Violencia, que lo que hace es integrar competencias, recursos de distintas instituciones públicas, ha permitido los resultados en muy poco tiempo. Entonces, esta combinación de leyes, pero con desempeño y gestión creo que es clave para seguir avanzando en la agenda de seguridad”, enfatizó.
Revisa la entrevista aquí:
En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, profundizó sobre el proyecto de ley que amplía la responsabilidad penal para delitos económicos y contra el medioambiente, mejor conocida como la ley contra los delitos de “cuello y corbata”, la cual fue despachada por el Congreso Nacional la semana pasada.
Sobre los alcances que tendrá la iniciativa, la autoridad mencionó la importancia de diferenciar cierto tipo de comisión de delitos, destacando que “una de las razones que explica eso es que la criminalidad económica suele producir efectos lesivos más complejos y amplios que la criminalidad común y, entre otras cosas, el modelo que teníamos hasta ahora era un modelo de dispersión de delitos económicos en diversas leyes, con régimen de penas muy distintas, con penas muy bajas en general y con régimen de sanciones que no permitía pesquisar las rentas indebidamente percibidas por este tipo de delitos”.
“La consecuencia de tener un sistema así provocaba fundamentalmente que los denominados delitos de ‘cuello y corbata’ implicaran que las personas que los cometían no fuesen a la cárcel y que, después de sacar las cuentas, al final del día parecía ser más conveniente cometer esos delitos que no cometerlos”, explicó.
Por lo mismo, el secretario de Estado remarcó que lo que hace el proyecto de ley es “establecer un régimen estricto de penas, un régimen unificado para todos esos delitos, permitiendo la pena efectiva en muchos de ellos. En segundo lugar, establecer un régimen de inhabilidades específicas para las personas que cometen este tipo de delitos, no sólo las inhabilidades generales, como la inhabilitación para ejercer cargos públicos, sino que también la inhabilitación que, incluso, puede llegar a ser perpetua, para desempeñar cargos gerenciales o para contratar con el Estado”.
Asimismo, apuntó a que “la sanción económica, además de la pena privativa de libertad, en el techo puede llegar hasta 19 mil millones de pesos. Por último, permite el comiso de las ganancias ilícitamente obtenidas. Lo que esencialmente buscan es pesquisar todo el beneficio económico que una persona o una empresa pudiese obtener producto de la comisión de este tipo de delitos”.
Según el ministro, esta medida cobra especial relevancia para la población “no sólo por su masividad, sino que representa muy gráficamente la idea de que el sistema penal existe para unos y no para otros y, en consecuencia, lesiona drásticamente la confianza en las instituciones, fundamentalmente por el tema de la impunidad. Hay muchísima evidencia que lo que demuestra es que, en la medida de que la población percibe altos niveles de impunidad, produce niveles de desconfianza institucional muy severos. Entonces, no es simplemente un proyecto que tiene por finalidad atacar directamente la criminalidad económica, sino que también en el largo plazo recuperar la confianza en las instituciones”.
En cuanto a las críticas que ha levantado la oposición en torno a la agenda del Ejecutivo contra los hechos de delincuencia, Cordero expresó que “primero, hay que mencionar dos cosas. Los temas de la agenda de seguridad, que venían hasta antes del acuerdo y aquellos que se implementaron durante el acuerdo. Nosotros ya hemos despachado algunas leyes bien significativas, una de ellas es la modificación de la ley de drogas, que el Presidente promulgó hace un par de semanas (…) El Congreso ya despachó la ley que combate el crimen organizado que, además de incorporar reglas especiales de investigación, también establece reglas para el comiso de ganancias”.
También añadió que “este proyecto que se aprobó el lunes de la semana pasada sobre delitos económicos y ambientales estaba dentro de este listado y luego la oposición ha señalado estos días que, a propósito de los 31 proyectos que están dentro de las priorizaciones del Ejecutivo con los presidentes de la Cámara y del Senado, habría 12 proyectos que no están ingresados. Esos 12 responden a distinta naturaleza, algunos están en elaboración, algunas ya anunciados, como el proyecto de inteligencia económica; hay otros que van a ser indicaciones a proyectos de ley que están en trámite y hay otros que estamos afinando técnicamente, porque requieren de una precisión jurídica, de un poco más de sofisticación”, manifestó.
“Hay que tener cuidado con creer que los temas de seguridad se resuelven puro y simplemente aprobando leyes, esos son estados de papel en general. Lo que uno debiera apuntar es el desempeño y en el resultado de las instituciones y creo que, por ejemplo, el programa Calles sin Violencia, que lo que hace es integrar competencias, recursos de distintas instituciones públicas, ha permitido los resultados en muy poco tiempo. Entonces, esta combinación de leyes, pero con desempeño y gestión creo que es clave para seguir avanzando en la agenda de seguridad”, enfatizó.
Revisa la entrevista aquí:
En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, profundizó sobre el proyecto de ley que amplía la responsabilidad penal para delitos económicos y contra el medioambiente, mejor conocida como la ley contra los delitos de “cuello y corbata”, la cual fue despachada por el Congreso Nacional la semana pasada.
Sobre los alcances que tendrá la iniciativa, la autoridad mencionó la importancia de diferenciar cierto tipo de comisión de delitos, destacando que “una de las razones que explica eso es que la criminalidad económica suele producir efectos lesivos más complejos y amplios que la criminalidad común y, entre otras cosas, el modelo que teníamos hasta ahora era un modelo de dispersión de delitos económicos en diversas leyes, con régimen de penas muy distintas, con penas muy bajas en general y con régimen de sanciones que no permitía pesquisar las rentas indebidamente percibidas por este tipo de delitos”.
“La consecuencia de tener un sistema así provocaba fundamentalmente que los denominados delitos de ‘cuello y corbata’ implicaran que las personas que los cometían no fuesen a la cárcel y que, después de sacar las cuentas, al final del día parecía ser más conveniente cometer esos delitos que no cometerlos”, explicó.
Por lo mismo, el secretario de Estado remarcó que lo que hace el proyecto de ley es “establecer un régimen estricto de penas, un régimen unificado para todos esos delitos, permitiendo la pena efectiva en muchos de ellos. En segundo lugar, establecer un régimen de inhabilidades específicas para las personas que cometen este tipo de delitos, no sólo las inhabilidades generales, como la inhabilitación para ejercer cargos públicos, sino que también la inhabilitación que, incluso, puede llegar a ser perpetua, para desempeñar cargos gerenciales o para contratar con el Estado”.
Asimismo, apuntó a que “la sanción económica, además de la pena privativa de libertad, en el techo puede llegar hasta 19 mil millones de pesos. Por último, permite el comiso de las ganancias ilícitamente obtenidas. Lo que esencialmente buscan es pesquisar todo el beneficio económico que una persona o una empresa pudiese obtener producto de la comisión de este tipo de delitos”.
Según el ministro, esta medida cobra especial relevancia para la población “no sólo por su masividad, sino que representa muy gráficamente la idea de que el sistema penal existe para unos y no para otros y, en consecuencia, lesiona drásticamente la confianza en las instituciones, fundamentalmente por el tema de la impunidad. Hay muchísima evidencia que lo que demuestra es que, en la medida de que la población percibe altos niveles de impunidad, produce niveles de desconfianza institucional muy severos. Entonces, no es simplemente un proyecto que tiene por finalidad atacar directamente la criminalidad económica, sino que también en el largo plazo recuperar la confianza en las instituciones”.
En cuanto a las críticas que ha levantado la oposición en torno a la agenda del Ejecutivo contra los hechos de delincuencia, Cordero expresó que “primero, hay que mencionar dos cosas. Los temas de la agenda de seguridad, que venían hasta antes del acuerdo y aquellos que se implementaron durante el acuerdo. Nosotros ya hemos despachado algunas leyes bien significativas, una de ellas es la modificación de la ley de drogas, que el Presidente promulgó hace un par de semanas (…) El Congreso ya despachó la ley que combate el crimen organizado que, además de incorporar reglas especiales de investigación, también establece reglas para el comiso de ganancias”.
También añadió que “este proyecto que se aprobó el lunes de la semana pasada sobre delitos económicos y ambientales estaba dentro de este listado y luego la oposición ha señalado estos días que, a propósito de los 31 proyectos que están dentro de las priorizaciones del Ejecutivo con los presidentes de la Cámara y del Senado, habría 12 proyectos que no están ingresados. Esos 12 responden a distinta naturaleza, algunos están en elaboración, algunas ya anunciados, como el proyecto de inteligencia económica; hay otros que van a ser indicaciones a proyectos de ley que están en trámite y hay otros que estamos afinando técnicamente, porque requieren de una precisión jurídica, de un poco más de sofisticación”, manifestó.
“Hay que tener cuidado con creer que los temas de seguridad se resuelven puro y simplemente aprobando leyes, esos son estados de papel en general. Lo que uno debiera apuntar es el desempeño y en el resultado de las instituciones y creo que, por ejemplo, el programa Calles sin Violencia, que lo que hace es integrar competencias, recursos de distintas instituciones públicas, ha permitido los resultados en muy poco tiempo. Entonces, esta combinación de leyes, pero con desempeño y gestión creo que es clave para seguir avanzando en la agenda de seguridad”, enfatizó.
