La cuarta jornada del Pleno de la Comisión Experta, que está en etapa de análisis y votación de la propuesta de anteproyecto de Constitución, se dedicó al Capítulo III, que se refiere a “Representación Política y Participación”.

En el capítulo se establece que “los partidos políticos, movimientos u otras formas de organización cuyos objetivos, actos o conductas no respeten los principios básicos del régimen democrático, como asimismo aquellos que hagan uso de la violencia, la propugnen o inciten a ella, serán declarados inconstitucionales. Corresponderá a la Corte Constitucional conocer y juzgar estas materias”.

Asimismo, se señala que “la ley regulará los casos, la oportunidad y forma en que los órganos directivos de un partido político podrán dar órdenes de partido a sus afiliados parlamentarios. Estas órdenes de partido serán excepcionales y deberán referirse a asuntos en los cuales esté directamente en juego los principios del partido o su programa. Con todo, no podrán darse órdenes de partido cuando el parlamentario deba resolver como jurado”.

Juan José Ossa, quien presidió la subcomisión de Sistema Político, Reforma Constitucional y Forma de Estado, dijo que durante las sesiones hubo coincidencia en el diagnóstico en cuanto a que Chile es un país multipartidista, que ha provocado que el Congreso esté muy fragmentado.

Es por ello, agregó, que se les ha “obligado a orientarse al bien común, al régimen democrático, velando por la participación hombres y mujeres en su dirección y regulándolos en materias de su disciplina”.

En esa línea, el comisionado Francisco Soto destacó que el articulado propuesto se regulan las órdenes de partido y se establece que el parlamentario que renuncie o es expulsado, perderá su escaño.

“Sin embargo, estos mayores poderes también son acompañados de los debidos contrapesos. Así, existen las reglas que apuntan a mejorar la democracia interna de estas instituciones, requiriendo primarias electorales, además de fomentar la igualdad de participación entre hombres y mujeres en los órganos colegiados”, subrayó.

Quien también se refirió al tema fue Jaime Arancibia: “Se avanza en las órdenes de partidos, que me parece es un instrumento efectivo para alcanzar disciplina partidaria, porque lo que se quiere son partidos políticos y no políticos partidos”.

No obstante, reparó en que dado que se trata de órdenes de partidos, “me parece que para que sean realmente válidas es necesario que sean emitidas por los órganos más representativos de los partidos, pues de lo contrario se corre el riesgo de que sea emitida por unos pocos”.

En ese sentido, Arancibia añadió que “yo habría sido un poco más exigente en el sentido de que para hablar verdaderamente de una orden de partido, se haya vivido una efectiva democracia partidaria y que ojalá hubiesen sido órganos más representativos del partido aquellos encargados de emitir esa orden partidaria”.

A su vez, Alexis Cortés resaltó que “si bien creo que este capítulo tiende a regular aspectos que -a mi juicio- no deberían ser materia constitucional, como las órdenes de partido, creo que hay avances sustantivos”. Aclaró sus palabras, haciendo la salvedad de él proviene “de una cultura política que valora altamente lo que nosotros denominamos como una disciplina consciente”.

INICIATIVA POPULAR DE LEY

Otro de los temas que se abordó durante las más de cuatro horas que duró la sesión fue la iniciativa popular de ley. La propuesta establece que “un grupo de personas habilitadas para sufragar equivalente al cuatro por ciento del último padrón electoral y no superior al seis por ciento de dicho padrón, podrá presentar a cualquiera de las ramas del Congreso Nacional una iniciativa popular de ley para su tramitación legislativa. No será procedente este mecanismo para reformar la Constitución”.

La comisionada Alejandra Krauss comentó que mediante este mecanismo se está fortaleciendo la creación de sentido de pertenencia y de comunidad.

“Con la iniciativa popular de ley no se pretende reemplazar nuestra democracia representativa; al contrario, tiene como objeto complementarla, balancearla y oxigenarla con las prioridades que la ciudadanía pueda hacer presente”, aseguró.

En tanto, la comisionada Catalina Salem manifestó que este capítulo viene a reforzar nuestra democracia representativa con un concepto constitucional de partidos políticos, una institucionalidad robustecida para los partidos políticos ya que son quienes articulan los intereses que están presentes en la sociedad civil y los llevan hacia el Estado para que puedan ser acogidos.

“En la iniciativa popular de ley, si bien no me convence de todo, veo un importante esfuerzo por tratar de lograr un mecanismo que incluya a la sociedad civil en los procesos políticos y en particular en los legislativos”, explicó.

También fueron destacadas normas sobre partidos políticos respecto de directrices fundamentales para desterrar, conceptualmente, la violencia como forma de acción política.

“Valoro generar mecanismos para evitar faltas a la probidad y transparencia”, dijo Carlos Frontaura, para luego agregar que “la captura del Estado por grupos delictuales es un perjuicio para la ciudadanía”.

La revisión del anteproyecto constitucional continuará con el análisis del Capítulo IV referente al Congreso Nacional.

Foto: Agencia Aton.