Con una nueva propuesta que tipifica el delito de negacionismo de lo ocurrido entre el golpe de Estado de 1973 y 1990, un grupo de diputados oficialistas ingresó la iniciativa que penaliza el desconocimiento o la justificación de las violaciones a los derechos humanos cometidas en la dictadura.
Una de las impulsoras de la propuesta, la diputada Carmen Hertz, señaló que se trata de entregar una norma que termine con la expansión de un discurso que relativice lo sucedido en Chile a partir de la interrupción del curso democrático con la asonada militar.
“Estamos pidiendo la modificación del Código Penal para sancionar, como lo hacen todas las naciones civilizadas que han sufrido sistema de opresión y exterminio, para sancionar la aprobación, justificación o negación de los crímenes de lesa humanidad cuya evidencia histórica consta en los cuatro informes de las comisiones nacionales mandatadas para esto”, indicó la legisladora.
Hertz recordó además la serie de investigaciones judiciales que han terminado con condenas por parte de los tribunales que demuestran que lo sucedido en el país no es una invención que pueda ser negada por ningún sector.
“El delito de negacionismo como delito de resultado, tal como lo contempla la legislación alemana, significa que esa aprobación, esa justificación o esa negación de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en la dictadura cívico-militar, van a ser sancionadas si se traduce en una alteración del orden público o vulneran el derecho a la honra y a la dignidad que tienen las víctimas, sus familiares y el derecho a la verdad y a la memoria colectiva que tiene el conjunto de la sociedad”, puntualizó.
La abogada especialista en temas de derechos humanos señaló que la propuesta se hace “ante la expansión peligrosa para la sociedad del negacionismo. El negacionismo no es una opinión personal. Negar los crímenes, banalizarlos, justificarlos es un posicionamiento activo en contra de los derechos fundamentales de las personas, es decir de la condición humana de todos nosotros y es un atentado al pacto social”.
Consultada por la posibilidad de que esta nueva iniciativa sea llevada al Tribunal Constitucional que ya falló en contra de la iniciativa, Hertz comentó que en esa oportunidad la instancia cometió un error. “El resultado del Tribunal Constitucional en su momento fue profundamente equivocado”, sentenció.
Esto porque a su juicio “aquí no hay colisión alguna con la libertad de expresión. Esta supuesta colisión está zanjada hace mucho tiempo por el derecho internacional, porque si no, no existirían los delitos de injuria y calumnias”.
Además, señaló que “creemos que este proyecto debe ser aprobado por todos los sectores democráticos de este Parlamento. Y creemos que el Tribunal Constitucional, si la derecha pretende nuevamente obstaculizar que se penalice el negacionismo, el TC considerará los argumentos que en su oportunidad dimos”.
Carmen Hertz sostuvo que “esto tiene que ver con la memoria de todos nosotros. No es posible negar las evidencias fácticas de los crímenes contra la humanidad que en este país se cometieron. Porque negarlo nos está conduciendo a moldear una sociedad extremadamente indecente”.
Para la legisladora se debe educar en todos los niveles sobre lo ocurrido en el país bajo el régimen dictatorial. “Tiene que saberse qué pasó y cómo ocurrió. No es solo levantar memoriales en lugares por donde no pasa nadie. Significa ejercitar la memoria. Ejercitar la memoria ha sido débil aquí y ha sido deficitario, ha sido lleno de resquicios y ha habido sectores que han propiciado más bien el olvido, barrer debajo de la alfombra”, apuntó.
De seguir sin castigar el negacionismo, Hertz advirtió que “es un peligro para todos nosotros. Porque el ‘Nunca Más’ de los crímenes contra la humanidad es solo una retórica, una metáfora”.
El proyecto contempla una sanción de 61 días de cárcel y multas que se ven agravadas en el caso que la negación de lo sucedido en dictadura lo realiza un funcionario público. La iniciativa es patrocinada por las diputadas y diputados María Candelaria Acevedo, Nathalie Castillo, Lorena Pizarro, Emilia Nuyado, Tomás Hirsch, Helia Molina, Carmen Hertz y Mercedes Bulnes.
Con una nueva propuesta que tipifica el delito de negacionismo de lo ocurrido entre el golpe de Estado de 1973 y 1990, un grupo de diputados oficialistas ingresó la iniciativa que penaliza el desconocimiento o la justificación de las violaciones a los derechos humanos cometidas en la dictadura.
Una de las impulsoras de la propuesta, la diputada Carmen Hertz, señaló que se trata de entregar una norma que termine con la expansión de un discurso que relativice lo sucedido en Chile a partir de la interrupción del curso democrático con la asonada militar.
“Estamos pidiendo la modificación del Código Penal para sancionar, como lo hacen todas las naciones civilizadas que han sufrido sistema de opresión y exterminio, para sancionar la aprobación, justificación o negación de los crímenes de lesa humanidad cuya evidencia histórica consta en los cuatro informes de las comisiones nacionales mandatadas para esto”, indicó la legisladora.
Hertz recordó además la serie de investigaciones judiciales que han terminado con condenas por parte de los tribunales que demuestran que lo sucedido en el país no es una invención que pueda ser negada por ningún sector.
“El delito de negacionismo como delito de resultado, tal como lo contempla la legislación alemana, significa que esa aprobación, esa justificación o esa negación de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en la dictadura cívico-militar, van a ser sancionadas si se traduce en una alteración del orden público o vulneran el derecho a la honra y a la dignidad que tienen las víctimas, sus familiares y el derecho a la verdad y a la memoria colectiva que tiene el conjunto de la sociedad”, puntualizó.
La abogada especialista en temas de derechos humanos señaló que la propuesta se hace “ante la expansión peligrosa para la sociedad del negacionismo. El negacionismo no es una opinión personal. Negar los crímenes, banalizarlos, justificarlos es un posicionamiento activo en contra de los derechos fundamentales de las personas, es decir de la condición humana de todos nosotros y es un atentado al pacto social”.
Consultada por la posibilidad de que esta nueva iniciativa sea llevada al Tribunal Constitucional que ya falló en contra de la iniciativa, Hertz comentó que en esa oportunidad la instancia cometió un error. “El resultado del Tribunal Constitucional en su momento fue profundamente equivocado”, sentenció.
Esto porque a su juicio “aquí no hay colisión alguna con la libertad de expresión. Esta supuesta colisión está zanjada hace mucho tiempo por el derecho internacional, porque si no, no existirían los delitos de injuria y calumnias”.
Además, señaló que “creemos que este proyecto debe ser aprobado por todos los sectores democráticos de este Parlamento. Y creemos que el Tribunal Constitucional, si la derecha pretende nuevamente obstaculizar que se penalice el negacionismo, el TC considerará los argumentos que en su oportunidad dimos”.
Carmen Hertz sostuvo que “esto tiene que ver con la memoria de todos nosotros. No es posible negar las evidencias fácticas de los crímenes contra la humanidad que en este país se cometieron. Porque negarlo nos está conduciendo a moldear una sociedad extremadamente indecente”.
Para la legisladora se debe educar en todos los niveles sobre lo ocurrido en el país bajo el régimen dictatorial. “Tiene que saberse qué pasó y cómo ocurrió. No es solo levantar memoriales en lugares por donde no pasa nadie. Significa ejercitar la memoria. Ejercitar la memoria ha sido débil aquí y ha sido deficitario, ha sido lleno de resquicios y ha habido sectores que han propiciado más bien el olvido, barrer debajo de la alfombra”, apuntó.
De seguir sin castigar el negacionismo, Hertz advirtió que “es un peligro para todos nosotros. Porque el ‘Nunca Más’ de los crímenes contra la humanidad es solo una retórica, una metáfora”.
El proyecto contempla una sanción de 61 días de cárcel y multas que se ven agravadas en el caso que la negación de lo sucedido en dictadura lo realiza un funcionario público. La iniciativa es patrocinada por las diputadas y diputados María Candelaria Acevedo, Nathalie Castillo, Lorena Pizarro, Emilia Nuyado, Tomás Hirsch, Helia Molina, Carmen Hertz y Mercedes Bulnes.
Con una nueva propuesta que tipifica el delito de negacionismo de lo ocurrido entre el golpe de Estado de 1973 y 1990, un grupo de diputados oficialistas ingresó la iniciativa que penaliza el desconocimiento o la justificación de las violaciones a los derechos humanos cometidas en la dictadura.
Una de las impulsoras de la propuesta, la diputada Carmen Hertz, señaló que se trata de entregar una norma que termine con la expansión de un discurso que relativice lo sucedido en Chile a partir de la interrupción del curso democrático con la asonada militar.
“Estamos pidiendo la modificación del Código Penal para sancionar, como lo hacen todas las naciones civilizadas que han sufrido sistema de opresión y exterminio, para sancionar la aprobación, justificación o negación de los crímenes de lesa humanidad cuya evidencia histórica consta en los cuatro informes de las comisiones nacionales mandatadas para esto”, indicó la legisladora.
Hertz recordó además la serie de investigaciones judiciales que han terminado con condenas por parte de los tribunales que demuestran que lo sucedido en el país no es una invención que pueda ser negada por ningún sector.
“El delito de negacionismo como delito de resultado, tal como lo contempla la legislación alemana, significa que esa aprobación, esa justificación o esa negación de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en la dictadura cívico-militar, van a ser sancionadas si se traduce en una alteración del orden público o vulneran el derecho a la honra y a la dignidad que tienen las víctimas, sus familiares y el derecho a la verdad y a la memoria colectiva que tiene el conjunto de la sociedad”, puntualizó.
La abogada especialista en temas de derechos humanos señaló que la propuesta se hace “ante la expansión peligrosa para la sociedad del negacionismo. El negacionismo no es una opinión personal. Negar los crímenes, banalizarlos, justificarlos es un posicionamiento activo en contra de los derechos fundamentales de las personas, es decir de la condición humana de todos nosotros y es un atentado al pacto social”.
Consultada por la posibilidad de que esta nueva iniciativa sea llevada al Tribunal Constitucional que ya falló en contra de la iniciativa, Hertz comentó que en esa oportunidad la instancia cometió un error. “El resultado del Tribunal Constitucional en su momento fue profundamente equivocado”, sentenció.
Esto porque a su juicio “aquí no hay colisión alguna con la libertad de expresión. Esta supuesta colisión está zanjada hace mucho tiempo por el derecho internacional, porque si no, no existirían los delitos de injuria y calumnias”.
Además, señaló que “creemos que este proyecto debe ser aprobado por todos los sectores democráticos de este Parlamento. Y creemos que el Tribunal Constitucional, si la derecha pretende nuevamente obstaculizar que se penalice el negacionismo, el TC considerará los argumentos que en su oportunidad dimos”.
Carmen Hertz sostuvo que “esto tiene que ver con la memoria de todos nosotros. No es posible negar las evidencias fácticas de los crímenes contra la humanidad que en este país se cometieron. Porque negarlo nos está conduciendo a moldear una sociedad extremadamente indecente”.
Para la legisladora se debe educar en todos los niveles sobre lo ocurrido en el país bajo el régimen dictatorial. “Tiene que saberse qué pasó y cómo ocurrió. No es solo levantar memoriales en lugares por donde no pasa nadie. Significa ejercitar la memoria. Ejercitar la memoria ha sido débil aquí y ha sido deficitario, ha sido lleno de resquicios y ha habido sectores que han propiciado más bien el olvido, barrer debajo de la alfombra”, apuntó.
De seguir sin castigar el negacionismo, Hertz advirtió que “es un peligro para todos nosotros. Porque el ‘Nunca Más’ de los crímenes contra la humanidad es solo una retórica, una metáfora”.
El proyecto contempla una sanción de 61 días de cárcel y multas que se ven agravadas en el caso que la negación de lo sucedido en dictadura lo realiza un funcionario público. La iniciativa es patrocinada por las diputadas y diputados María Candelaria Acevedo, Nathalie Castillo, Lorena Pizarro, Emilia Nuyado, Tomás Hirsch, Helia Molina, Carmen Hertz y Mercedes Bulnes.
