Como un retroceso en materia de derechos humanos calificó la Comisión Chilena de Derechos Humanos el proyecto entregado por el Comité de Expertos al Consejo Constitucional que será la base para la redacción de una nueva propuesta de carta fundamental que se deberá entregar el próximo mes de noviembre.
Desde el organismo señalaron que el documento “pese a contar con un catálogo de derechos fundamentales, es alarmante cómo muchos de ellos son reflejo de un reconocimiento meramente formal, sin contenido sustantivo ni esencial”.
A través de un comunicado, la CChDDHH destacó que “este preocupante retroceso queda en evidencia pues la propuesta de texto constitucional desconoce que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos que incluye el principio de Ius Cogens, la jurisprudencia internacional y los principios generales del Derecho Internacional Público, deben ser el marco referencial obligatorio de las demás disposiciones, soslayando las obligaciones contraídas por el Estado de Chile al momento de suscribir y ratificar los diversos tratados internacionales sobre la materia, que son las de respetar y garantizar los derechos humanos allí consagrados”.
Por otro lado, precisa que se omite “el carácter supraconstitucional de los derechos humanos y su carácter fundante del Estado de Derecho, pues se decide entregar al Congreso la atribución de integrar y adaptar los tratados internacionales al ordenamiento jurídico interno”.
A juicio de la entidad, “el nuevo texto conserva la esencia de la Constitución de 1980, impuesta por la Dictadura cuyo proyecto de sociedad consagrado normativamente, tanta vulneración a los derechos más esenciales ha provocado a millones de chilenos y chilenas, especialmente en materia de derechos sociales”.
En ese sentido, sostuvieron que “se limita a una simple referencia de los elementos prestacionales de los derechos fundamentales, limitándose a señalar que serán otorgados por el Estado o particulares”.
Además, plantean que “la propuesta constitucional mantiene el carácter subsidiario del Estado, lo cual se refleja en el uso reiterado de la conjunción ‘y’ en vez de ‘o’, aludiendo a una coexistencia permanente obligatoria de entes públicos y privados, y comprendiendo al Estado como un contratante o competidor privado en sus actos prestacionales que no debe afectar la libre competencia ni el derecho a dominio garantizado en la misma Carta Fundamental”.
A lo anterior se suma la mantención de la denominada “libertad de enseñanza”, por sobre al derecho mismo a la educación. “En la práctica, se garantiza una modalidad concreta de la libertad económica y contractual, como también, del derecho de propiedad ampliamente sobreprotegido en la propuesta, en vez de garantizar el derecho a la educación de las personas”, apuntaron.
“En definitiva, la propuesta elaborada por el Consejo de Expertos no da respuesta a las graves problemáticas institucionales y sociales que afectan a nuestra convivencia y por tanto, no garantizan la paz social ni el respeto de los derechos humanos”, agrega el comunicado de la comisión.
Por último, estimaron que “del Consejo Constitucional, órgano elegido para revisar el texto de la Comisión Experta y que está mayoritariamente integrado por quienes han manifestado permanentemente su deseo de no cambiar la actual Constitución impuesta por la dictadura de Pinochet, sólo puede esperarse que el texto final que apruebe y sea sometido a plebiscito en diciembre próximo, será aún más atentatorio a los derechos humanos de los chilenos y chilenas”.
Imagen de portada: Agencia ATON. La presidenta del Consejo Constitucional, Beatriz Hevia, recibe de manos de la presidenta del Comité de Expertos, Verónica Undurraga, la propuesta sobre la que deberán trabajar para presentar un texto que reemplace a la Constitución de 1980.
Como un retroceso en materia de derechos humanos calificó la Comisión Chilena de Derechos Humanos el proyecto entregado por el Comité de Expertos al Consejo Constitucional que será la base para la redacción de una nueva propuesta de carta fundamental que se deberá entregar el próximo mes de noviembre.
Desde el organismo señalaron que el documento “pese a contar con un catálogo de derechos fundamentales, es alarmante cómo muchos de ellos son reflejo de un reconocimiento meramente formal, sin contenido sustantivo ni esencial”.
A través de un comunicado, la CChDDHH destacó que “este preocupante retroceso queda en evidencia pues la propuesta de texto constitucional desconoce que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos que incluye el principio de Ius Cogens, la jurisprudencia internacional y los principios generales del Derecho Internacional Público, deben ser el marco referencial obligatorio de las demás disposiciones, soslayando las obligaciones contraídas por el Estado de Chile al momento de suscribir y ratificar los diversos tratados internacionales sobre la materia, que son las de respetar y garantizar los derechos humanos allí consagrados”.
Por otro lado, precisa que se omite “el carácter supraconstitucional de los derechos humanos y su carácter fundante del Estado de Derecho, pues se decide entregar al Congreso la atribución de integrar y adaptar los tratados internacionales al ordenamiento jurídico interno”.
A juicio de la entidad, “el nuevo texto conserva la esencia de la Constitución de 1980, impuesta por la Dictadura cuyo proyecto de sociedad consagrado normativamente, tanta vulneración a los derechos más esenciales ha provocado a millones de chilenos y chilenas, especialmente en materia de derechos sociales”.
En ese sentido, sostuvieron que “se limita a una simple referencia de los elementos prestacionales de los derechos fundamentales, limitándose a señalar que serán otorgados por el Estado o particulares”.
Además, plantean que “la propuesta constitucional mantiene el carácter subsidiario del Estado, lo cual se refleja en el uso reiterado de la conjunción ‘y’ en vez de ‘o’, aludiendo a una coexistencia permanente obligatoria de entes públicos y privados, y comprendiendo al Estado como un contratante o competidor privado en sus actos prestacionales que no debe afectar la libre competencia ni el derecho a dominio garantizado en la misma Carta Fundamental”.
A lo anterior se suma la mantención de la denominada “libertad de enseñanza”, por sobre al derecho mismo a la educación. “En la práctica, se garantiza una modalidad concreta de la libertad económica y contractual, como también, del derecho de propiedad ampliamente sobreprotegido en la propuesta, en vez de garantizar el derecho a la educación de las personas”, apuntaron.
“En definitiva, la propuesta elaborada por el Consejo de Expertos no da respuesta a las graves problemáticas institucionales y sociales que afectan a nuestra convivencia y por tanto, no garantizan la paz social ni el respeto de los derechos humanos”, agrega el comunicado de la comisión.
Por último, estimaron que “del Consejo Constitucional, órgano elegido para revisar el texto de la Comisión Experta y que está mayoritariamente integrado por quienes han manifestado permanentemente su deseo de no cambiar la actual Constitución impuesta por la dictadura de Pinochet, sólo puede esperarse que el texto final que apruebe y sea sometido a plebiscito en diciembre próximo, será aún más atentatorio a los derechos humanos de los chilenos y chilenas”.
Imagen de portada: Agencia ATON. La presidenta del Consejo Constitucional, Beatriz Hevia, recibe de manos de la presidenta del Comité de Expertos, Verónica Undurraga, la propuesta sobre la que deberán trabajar para presentar un texto que reemplace a la Constitución de 1980.
Como un retroceso en materia de derechos humanos calificó la Comisión Chilena de Derechos Humanos el proyecto entregado por el Comité de Expertos al Consejo Constitucional que será la base para la redacción de una nueva propuesta de carta fundamental que se deberá entregar el próximo mes de noviembre.
Desde el organismo señalaron que el documento “pese a contar con un catálogo de derechos fundamentales, es alarmante cómo muchos de ellos son reflejo de un reconocimiento meramente formal, sin contenido sustantivo ni esencial”.
A través de un comunicado, la CChDDHH destacó que “este preocupante retroceso queda en evidencia pues la propuesta de texto constitucional desconoce que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos que incluye el principio de Ius Cogens, la jurisprudencia internacional y los principios generales del Derecho Internacional Público, deben ser el marco referencial obligatorio de las demás disposiciones, soslayando las obligaciones contraídas por el Estado de Chile al momento de suscribir y ratificar los diversos tratados internacionales sobre la materia, que son las de respetar y garantizar los derechos humanos allí consagrados”.
Por otro lado, precisa que se omite “el carácter supraconstitucional de los derechos humanos y su carácter fundante del Estado de Derecho, pues se decide entregar al Congreso la atribución de integrar y adaptar los tratados internacionales al ordenamiento jurídico interno”.
A juicio de la entidad, “el nuevo texto conserva la esencia de la Constitución de 1980, impuesta por la Dictadura cuyo proyecto de sociedad consagrado normativamente, tanta vulneración a los derechos más esenciales ha provocado a millones de chilenos y chilenas, especialmente en materia de derechos sociales”.
En ese sentido, sostuvieron que “se limita a una simple referencia de los elementos prestacionales de los derechos fundamentales, limitándose a señalar que serán otorgados por el Estado o particulares”.
Además, plantean que “la propuesta constitucional mantiene el carácter subsidiario del Estado, lo cual se refleja en el uso reiterado de la conjunción ‘y’ en vez de ‘o’, aludiendo a una coexistencia permanente obligatoria de entes públicos y privados, y comprendiendo al Estado como un contratante o competidor privado en sus actos prestacionales que no debe afectar la libre competencia ni el derecho a dominio garantizado en la misma Carta Fundamental”.
A lo anterior se suma la mantención de la denominada “libertad de enseñanza”, por sobre al derecho mismo a la educación. “En la práctica, se garantiza una modalidad concreta de la libertad económica y contractual, como también, del derecho de propiedad ampliamente sobreprotegido en la propuesta, en vez de garantizar el derecho a la educación de las personas”, apuntaron.
“En definitiva, la propuesta elaborada por el Consejo de Expertos no da respuesta a las graves problemáticas institucionales y sociales que afectan a nuestra convivencia y por tanto, no garantizan la paz social ni el respeto de los derechos humanos”, agrega el comunicado de la comisión.
Por último, estimaron que “del Consejo Constitucional, órgano elegido para revisar el texto de la Comisión Experta y que está mayoritariamente integrado por quienes han manifestado permanentemente su deseo de no cambiar la actual Constitución impuesta por la dictadura de Pinochet, sólo puede esperarse que el texto final que apruebe y sea sometido a plebiscito en diciembre próximo, será aún más atentatorio a los derechos humanos de los chilenos y chilenas”.
Imagen de portada: Agencia ATON. La presidenta del Consejo Constitucional, Beatriz Hevia, recibe de manos de la presidenta del Comité de Expertos, Verónica Undurraga, la propuesta sobre la que deberán trabajar para presentar un texto que reemplace a la Constitución de 1980.
