La Comisión Chilena de Derechos Humanos expresó su apoyo al reciente proyecto de ley ingresado como moción parlamentaria al Congreso, que pretende sancionar penalmente el negacionismo.
Según la institución, “durante estos 32 años de transición, a pesar de la ausencia de políticas serias de Memoria por parte del Estado, las organizaciones de familiares de víctimas, los sobrevivientes y los organismos de derechos humanos, habían logrado instalar un consenso a nivel social respecto de la necesidad de condenar la barbarie que significó para nuestro pueblo la dictadura cívico militar y al mismo tiempo, considerar el respeto y garantía de los derechos humanos como el eje rector de nuestra convivencia”.
“Sin embargo -se señala-, en los últimos meses, la sociedad chilena ha visto con preocupación cómo sectores políticos conservadores, de clara orientación neofascista, han comenzado a instalar a través de los medios de comunicación hegemónicos, discursos de odio, apología de la violencia, relativización de los derechos humanos y negación de las violaciones a los derechos humanos cometidos en la historia reciente de nuestro país, todas conductas que atentan gravemente contra los principios que inspiran el quehacer de la comunidad internacional organizada”.
La Comisión hizo hincapié en que “la redacción del texto recoge experiencia comparada de otras legislaciones, como Alemania, Israel, Bélgica, España y Sudáfrica, entre otros, que sancionan la apología del odio y la negación de los crímenes contra la Humanidad de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos, según las recomendaciones del Consejo de Europa, la Comisión Europea de Derechos Humanos y el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional”.
“También -afirma- el proyecto de ley recoge lo señalado por la Convención Americana de Derechos Humanos, la interpretación de sus disposiciones por parte de la Corte Interamericana, y lo prescrito por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (…) y b) en cuanto es posible restringir la libertad de expresión mediante una ley, cuando sea necesario asegurar el respeto a los derechos o la reputación de los demás ó para proteger la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas”.
La declaración finaliza haciendo un llamado “a los sectores conscientes del Parlamento a votar favorablemente esta iniciativa legal y al Gobierno, a patrocinarla, como una expresión concreta de la voluntad política de respetar la normativa internacional de derechos humanos a la que se encuentra obligado a cumplir el Estado de Chile, de honrar a las víctimas y preservar la Memoria de nuestra historia reciente”.
La declaración también es apoyada por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), la Coordinadora de Víctimas y Familiares de Trauma Ocular, Coordinadora de Víctimas de Perdigones, Agrupación de Víctimas de Violencia Por Agentes del Estado- AVIDVAE-CHILE , CINTRAS, Centro de Salud Mental y Derechos Humanos, Comisión Ética contra la Tortura, Fundación PIDEE, Colegio de Profesores Directorio Nacional y Departamento de Derechos Humanos, Colegio de Periodistas Regional Metropolitano, Colegio de Enfermeras Comisión DDHH, FETRACALL Federación de Trabajadores de Call Center, Coordinadora Nacional de Trabajadores/as NO+AFP, Escuela Permanente PRAIS Concepción, Movimiento Acción Migrante (MAM), Ampro Tarapacá, Marq Ay Concepción, Escuela Permanente PRAIS, Centro de Formación Memoria y Futuro (CFMF), Agrupación de Mujeres Democráticas, Fundación Henry Dunant, Comité por un Chile Digno-Noruega, MEPAP (Movimiento el Pueblo Ayuda al Pueblo), Pensamientos y Praxis por Chile, Agrupación de voluntarias/os por la defensa de los derechos humanos en Calama, Marea Sur – Observatorio socioterritorial, Red de mujeres Mapuchw Trawun pu Zomo de Cholchol, Centro Cultural de Derechos Humanos Salvador Allende de Puente Alto, Plataforma Sindical Feminista Sindicalismo con Nosotras y Red de mujeres Mapuche Trawun pu Zomo de Cholchol.