El alto índice de aprobación del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, gracias a su “mano dura” contra la delincuencia, y en particular contra las maras salvadoreñas, ha hecho que gane elogios de otros líderes latinoamericanos como la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, o la senadora colombiana, María Fernanda Cabal. Pero más importante que eso, el mandatario cuenta con el respaldo del 90% de la población, dado que el país lleva más de 365 días sin homicidios. Pero, ¿a qué costo?

El costo se traduce en las 160 muertes bajo custodia de agentes del Estado en ese país, así como las más de 5 mil personas encarceladas sin haber cometido delito alguno, según consignan organismos defensores de los derechos humanos como la ONG salvadoreña, Cristosal.

A ese contexto se le suma la firma de un decreto aprobado de forma exprés, que reduce de 84 a 60 el número de diputados de El Salvador. Al respecto la ONG Acción Ciudadana alertó que esta decisión “responde a un cálculo electoral del partido del presidente” para obtener el mayor número de consejos municipales y mantener el control del territorio.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile el director de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES), Miguel Montenegro, afirmó que la democracia de su país “está en peligro”. “Empezó a estar en peligro desde el 2019 y ha venido decayendo progresivamente. No diría que estamos fuera de un proceso democrático, pero en este momento estamos tambaleando. Con este tipo de actitudes y forma de gobernar esta corriéndose muchísimo el riesgo de caer en una falta de democracia”, declaró.

Así, Montenegro acusó que el gobierno de Nayib Bukele y sus funcionarios han tenido acciones definitivamente antidemocráticas, debido a una serie de leyes que ha aprobado la Asamblea Legislativa por ordenes del Ejecutivo. “Hay que señalar que el gobierno central ahora domina todas las instituciones del Estado prácticamente. Todas aquellas instituciones públicas, como es la Fiscalía, la Corte de Cuentas, la Procuraduría General de la República. Y una institución que nació de los acuerdos de paz como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que carece totalmente de un papel más beligerante y es obediente a los intereses del presidente”, detalló.

“Yo de verdad quisiera que este gobierno reflexionara, cambiara su actitud y en vez de debilitar la democracia la fortaleciera”, agregó.

Hace algunas semanas atrás el parlamento del país latinoamericano renovó nuevamente el estado de excepción a pesar de las recomendaciones de los organismos internacionales para levantar el régimen, cumpliendo así más de un año desde que se implementó la medida. Según el activista por los derechos humanos, una herramienta de estas características se volverá insostenible con el tiempo. “Muchos salvadoreños y salvadoreñas están pagando las consecuencias. Detenciones injustas, muertes injustas y las zozobras injustas que estan sufriendo muchas familias”, destacó.

Respecto a las violaciones a los derechos humanos al interior de los recintos penitenciarios y las detenciones arbitrarias, el dirigente expuso que “las mismas víctimas o familiares han denunciado los malos procedimientos al momento de las detenciones, así como también lo han hecho personas que han sido liberadas y han sufrido ese proceso de detención de una manera cruel”.

En cuanto a la reducción del número de parlamentarios de la Asamblea Legislativa, Montenegro reconoció que anteriormente el número de diputados y diputados era 60 pero los partidos políticos decidieron aumentar la cifra. “El problema es cómo lo ha aplicado y por qué lo hace en último momento. Es entendible que lo que quiere Bukele es controlar totalmente la asamblea porque bajando a 60 podrá tener el control mayoritario para tomar decisiones. Sabe que es las últimas encuestas le han dado una aceptación a él y a su partido político, pero eso no es tan exacto”, expresó.

Por otro lado, el director de la CDHES, manifestó que los medios de comunicación salvadoreños juegan un papel fundamental en la aprobación del mandatario, dado que han tenido relación con lo intereses políticos y económicos de Bukele. Mientras, aquellos que no se han plegado “a la narrativa del presidente han experimentado una serie de amenazas, condenas, chantajes y persecución por cuestionar el desarrollo del gobierno”.

Asimismo, el dirigente nombró que las críticas principales que le han realizado al Ejecutivo tienen que ver con las negociaciones con las maras, la falta de transparencia de su administración y casos de corrupción.