En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, profundizó sobre los alcances del “Plan de trabajo condiciones carcelarias de mujeres privadas de libertad”.
En concreto, la autoridad sostuvo que “cuando asumimos como Gobierno a los muy pocos días vimos una actividad en el Centro Penitenciario Femenino en San Joaquín y las dos defensoras regionales de la Defensoría Penal Pública se acercaron y me comentaron un conjunto de situaciones bien complejas que había con los centros penitenciarios femeninos en general en la Región Metropolitana”.
“Posteriormente, conversamos con la División de Reinserción Social del Ministerio y lo que les pedí fue que sistematizáramos toda la información que teníamos respecto de las condiciones penitenciarias femeninas del país que nos llegan por distintos órganos que tienen la facultad y la obligación de supervigilar las condiciones penitenciarias en general”, dijo.
En esa línea, sostuvo que “no se había puesto un foco en particular en las condiciones penitenciarias femeninas, sino que hacen observaciones de cárceles en general. Esto nos llega de manera muy dispersa, entonces, sistematizando la información y en el marco de una política más general que estamos realizando, que es una política penitenciaria para el país, que estamos realizando con asistencia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, decidimos avanzar más rápido en la situación femenina”.
Según Gajardo este plan de acción fue elaborado “con el objeto de presentárselo a la sociedad civil, a los organismos internacionales, a los organismos nacionales de protección a los DD.HH, recibir sus observaciones y presentar ya un plan consolidado, que fue lo que hicimos precisamente el lunes de esta semana”.
Consultado sobre la situación carcelaria del país, el subsecretario de Justicia puntualizó que actualmente existen 49 mil personas privadas de libertad, de las cuales más de 4 mil son mujeres, es decir, alrededor de un 8% de la población que se encuentra privada de libertad en los establecimientos penitenciarios son mujeres”.
“Lo que ha ocurrido es que este porcentaje, que es más menos estable en el tiempo, implica que las prisiones están hechas principalmente con una perspectiva masculina, en todo su sentido, desde la infraestructura, desde la política por régimen penitenciario, desde las prestaciones de salud y también desde los programas de reinserción”, afirmó.
Sobre esto último, expresó que “es muy importante que la ciudadanía sepa que el sistema penitenciario tiene dos objetivos: Que las personas privadas de libertad cumplan su condena y, por lo mismo, que estas personas no se escapen o no cometan más delitos al interior de los recintos penitenciarios; y la reinserción social. Sin embargo, si tenemos un sistema penitenciario que está pensado para hombres, donde las mujeres están siendo invisibilizadas, que tienen condiciones especiales, que tienen condiciones particulares, lo que ocurre es que el sistema penitenciario no va a cumplir adecuadamente con sus dos objetivos en el caso de las mujeres”.
Para graficar esta situación, la autoridad señaló que “tenemos 125 mujeres a lo largo del país que se encuentran embarazadas o tienen hijos menores de dos años. Sin embargo, tenemos una infraestructura que, como está pensada para hombres, no aborda esa situación de una manera adecuada. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo en el plan, que tiene cuatro ejes: Condiciones de infraestructura, condiciones de salud, de prestaciones de reinserción y régimen penitenciario, se incorpore la perspectiva de género, con el objeto de que en estos cuatro ejes podamos abordar las especificidades que necesita el sistema penitenciario para las mujeres”.
Por lo mismo, Gajardo enfatizó en que “tener una política penitenciaria es clave para un país. Lamentablemente, como país hemos dejado un poco olvidado el sistema penitenciario, esta es una responsabilidad de los distintos gobiernos, no de uno en particular, sino que es una responsabilidad del Estado. De hecho, tenemos un déficit de plazas que se arrastra desde 2012 y hemos tenido un aumento exponencial de personas privadas de libertad”.
