En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el diputado de Acción Humanista e integrante de la comisión revisora de la acusación contra el ministro Ávila, Tomás Hirsch, se refirió al futuro del libelo contra el titular de Educación.

En primer lugar, Hirsch manifestó su compromiso con revisar en detalle la acusación presentada por la oposición, tal como lo hizo cuando el actual oficialismo impulsó este tipo de acciones.

“Yo presenté, durante el periodo del Presidente Piñera, muchas acusaciones constitucionales y cada vez las firmé con el convencimiento de que el tema en cuestión ameritaba una acusación, que había una transgresión a las leyes o a la Constitución. Al mismo tiempo, cada vez estudié muy a fondo los detalles y los elementos que podían dar pie para una acusación y lo mismo voy a hacer ahora”, dijo.

“Tengo una mirada personal sobre el tema, una visión política, pero lo hago con la convicción de que lo que corresponde es estudiar muy a fondo, escuchar a cada una de las personas que van a ir a la comisión y a partir de eso tomaré la decisión”, insistió.

En todo caso, Hirsch indicó que a priori, lo que ha visto, “es un ataque sostenido, reiterado, repetitivo y creciente hacia el ministro de Educación por parte de la derecha”.

“En gran medida esos ataques han tenido un dejo de homofobia, de crítica permanente, que se ha enlazado, a veces sutilmente y otras no tanto, con su orientación sexual, y eso a mí me parece que es tremendamente grave”.

En esa misma línea, el diputado planteó que la acusación “está muy teñida por una crítica política, que puede ser legítima, pero no por fundamentos sólidos constitucionales o de transgresión a la ley”.

Por otra parte, consultado respecto a la polémica que involucra a la diputada de Revolución Democrática, Catalina Pérez y a la fundación Democracia Viva, Hirsh señaló que “es una situación muy grave, de las que uno hubiera esperado que nunca se produzca en nuestro sector”.

De todas maneras, Hirsch destacó la respuesta que ha habido desde el partido en cuestión, el oficialismo en general y el propio Gobierno.

“Particularmente, el ministro Montes ha tenido una actitud muy proactiva de tomar el tema y rápidamente dar una señal clara de que esto es inadmisible, de que no forma de ninguna manera parte de lo que se puede aceptar desde el Gobierno”.

“Cuando inmediatamente se saca a un seremi por esta situación, cuando el ministro plantea con claridad que estos recursos se debieran devolver, creo que está mostrando un Gobierno que pone una línea roja, que no permite que algo de este tipo pase piola y sea avalado”, estimó.