En el marco de las audiencias sobre las iniciativas populares de norma (IPN), hoy ante la comisión de Derechos Económicos, Sociales Culturales y Ambientales del Consejo Constitucional el rector de la Universidad de Valparaíso, Osvaldo Corrales, criticó el proceso de privatización iniciado por la dictadura de la educación pública una vez que fue aprobada la Constitución de 1980 y que rige hasta ahora.

En ese sentido, Corrales expresó que “si ya no parece una muy buena idea para la cohesión social que las y los estudiantes se agrupen casi exclusivamente en conformidad con su nivel socioeconómico, debiera estremecer a la consciencia moral del país que la calidad de la educación que reciben los niños y niñas en Chile dependa de la capacidad de pago de sus familias (…) Los talentos están igualmente distribuidos entre todos los niveles socioeconómicos de la población, lo que está desigualmente distribuido son las oportunidades. La educación pública es la encargada de corregir esa situación”.

Además de la educación pública, durante esta jornada otros de los temas principales que fueron abordados en la sesión estuvieron relacionados con los derechos de las y los trabajadores, la protección de los fondos previsionales y el derecho a la vivienda digna.

Posteriormente y en representación de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), el secretario general de la organización, Eric Campos, expuso sobre la necesidad de avanzar en el derecho a la libertad sindical en el país, incluyendo al sector público. Esto, puesto que apuntó a una asimetría en las relaciones laborales que irían en desmedro de los trabajadores.

Según indicó Campos “no es posible analizar la huelga sin entenderla en el marco de una complejidad de distintos otros elementos que constituyen la relación laboral, es decir, no es posible hablar de huelga sin negociación colectiva, si no hablamos de diálogo social tal como hoy día existe. El punto es que la calidad y el grosor de los resultados va a depender mucho del equilibrio de las partes y sabemos que la actual constitución tiene establecida una asimetría entre el capital y el trabajo, es decir, entre los derechos que tienen los empleadores o duelos del capital y quienes tenemos los representantes del trabajo”.

Precisamente, este ha sido un tema que ha generado controversia estos últimos días, a partir del ingreso de las más de mil enmiendas por parte de los consejeros constitucionales, en donde miembros del Partido Republicano propusieron la limitación del derecho a huelga a la negociación colectiva, la cual fue tildada como “regresiva” por el oficialismo.

En cuanto a la discusión sobre los fondos de pensiones, en el cual se revisaron en la sesión dos IPN relativas al tema, la vocera de la agrupación Con mi Plata No, Macarena Letelier, indicó que el movimiento se basa en la defensa de cuatro ejes, es decir, que los trabajadores sean dueños de sus cotizaciones, que los fondos puedan ser heredables, la libre elección de la administración e inversión de los ahorros previsionales, y la disposición de un componente de solidaridad.

“Hemos visto particularmente amenazado el sistema de capitalización individual, que es lo que nos garantiza nuestra propiedad. Hemos visto proyectos que buscan nacionalizarlo, hemos visto programas de gobierno que planteaban pasar íntegramente a un sistema de reparto y que los fondos pasaran a manos del Estado (…) Las cotizaciones son un ahorro obligatorio que tenemos que hacer los trabajadores para nuestra jubilación, quitarnos la propiedad sobre ellos cambia la naturaleza jurídica de este concepto desde un ahorro obligatorio a un impuesto, un impuesto que finalmente lo paga mayoritariamente la clase media”, cuestionó la dirigente.

Por su parte, Cristian Vivian, uno de los autores de la iniciativa “Es mi plata y punto” y miembro del partido en formación Fuerza de la Muchedumbre, apeló porque sea la gente la que tenga la facultad de administrar anualmente un 10% de sus fondos de pensiones, asegurando que “esto no va a generar ningún daño si es bien llevado a cabo”.

“Qué es lo que ocurre, nuestra iniciativa se enlaza directamente con los retiros, debemos recordarles que ese daño que están diciendo que generaron los retiros no lo generaron los retiros, los generó la clase política, que permitió se generaran tres retiros en dos años. Tenemos claro que esa clase política ocupó esto como un recurso para poder llegar al poder, sin tener realmente la noción de lo que estaban haciendo con la gente, porque lamentablemente para ellos nos hicieron sentir que esa plata era nuestra”, complementó.

Cabe destacar que este proceso de participación ciudadana culminará el próximo 21 de julio, fecha en que la Secretaría encargada entregará a la mesa del Consejo Constitucional el informe con la sistematización de los mecanismos utilizados por la población para incidir en la redacción de la nueva Carta Magna.