La polémica Ley de Usurpaciones despachada por el Congreso, desató una serie de protestas de pobladores que exigen el veto de la norma que, de acuerdo a lo señalado por el Ejecutivo, tiene riesgos de autotutela por lo que no estaría dispuesto a promulgar una iniciativa que promueve la recuperación de un inmueble o terreno por mano propia.

La iniciativa también tiene otro de los aspectos más defendidos por sus impulsores, que es el efecto que tendrá en La Araucanía ante la reivindicación histórica del pueblo mapuche de los territorios usurpados. De hecho, el senador de Evópoli, Felipe Kast señaló, en una entrevista con LUN, que “este es el proyecto más importante que se podría aprobar para la Región de La Araucanía. En lo personal, como autor de la ley, probablemente sea el gran legado que pueda dejar para contribuir a la paz en la región”.

En entrevista con Radio y Diario Universidad de Chile, el académico de la Universidad de Santiago de Chile, Fernando Pairican, señaló que esta es una ley que “responde a esta ola más conservadora que se ha generado luego del triunfo del rechazo a la Convención y tratar de debilitar los avances en torno a algunos derechos de los pueblos originarios, en específico en el mecanismo de restitución de tierras. La Convención tenía un mecanismo, dentro de la institucionalidad para poder restituir tierra y avanzar hacia espacio de autonomía, y donde junto con la derrota también se genera una apertura para que el movimiento mapuche siga avanzando en la en la reconstitución de su territorio por fuera de la normativa”.

Agregó que “esta ley lo que busca, de alguna manera, es criminalizar el derecho y una forma de protesta que surge del movimiento mapuche como una forma pacífica para poder negociar y dialogar en torno a la tierra que es fundamental para la continuidad de las tradiciones y costumbres del pueblo mapuche”.

¿Considera usted que esto puede significar un freno en la lucha reivindicativa por los territorios?

No va a ser un freno porque la ocupación de la tierra siempre ha estado fuera de la ley, pero tal vez lo distinto es que está poniendo unos grados de penalidad que son más altos, entonces, más que un freno, va a profundizar el conflicto y sobre todo la violencia.

 ¿Cree usted que de alguna manera esta ley se hizo a la medida de lo que ocurre en La Araucanía?

No lo creo. No sé si está pensado desde ese punto de vista, creo que está más pensado en torno a una visión más clásica que ha tenido la derecha política de tratar de enjuiciar o criminalizar actos que pueden ser de desobediencia social. Yo me iría más por esa noción, no creo que haya sido tan planificado. Por eso es que quienes lo están encabezando son, no tanto los empresarios, sino personas vinculadas al tema agrario como (Felipe) Kast.

 ¿Cuál es su visión sobre el rol del Estado en la toma del control de los territorios que históricamente pertenecieron a los pueblos indígenas?

Toda la construcción de los Estados latinoamericanos, se basaron en la apropiación de territorios que estaban o en poder campesino con poderes comunales como es el caso de México, y que explica la revolución mexicana, o de territorios que mantienen largas extensiones de territorios sobre todo hacendados y latifundios que explica entre otras las revoluciones agrarias de Centroamérica y Cuba en la cual Chile también se inserta. Entonces, el debate es el tema de la tierra que en América Latina ha movilizado mucho a los movimientos sociales y también ha marcado los ritmos de la historia del continente.

 En este sentido, ¿qué significó la reforma agraria para los campesinos y en particular para el pueblo mapuche y lo que vino después del golpe de Estado?

Se ha pensado desde tres dimensiones. Durante el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo una visión más productivista en el sentido en la lógica del fordismo del siglo XX. En el caso de (Eduardo) Frei Montalva bajo la idea del desarrollismo más social y bajo el gobierno de Salvador Allende con una noción más socialista del poder comunitario. Todas esas visiones tampoco han trabajado mucho una noción mapuche o indígena sobre ellas, siempre ha sido algo pensado en la lógica de los no indígenas. Entonces también ha sido insuficiente y esto también explica la postergación de este proceso hasta el día de hoy.

En una entrevista, el senador Felipe Kast se refiere al delito permanente que establece la nueva ley de usurpaciones. Usted en sus redes sociales planteó que “Ojalá que sea retroactiva y se aplique para todos los casos luego de 1859”. ¿Puede explicar el sentido de este comentario?

Ante el discurso de odio que se ha implementado por sectores como de Felipe Kast, poner el acento de que la usurpación no comenzó con el mundo indígena, sino que con los agricultores que se extendieron y se apropiaron del territorio mapuche de forma legal en algunos casos, porque están apoyados por el Estado, pero también hay historias de apropiación ilegal que es la corrida de cercos o de compras fraudulentas que se han hecho durante el siglo XX, que lo retrata muy bien Martín Correa en la “Historia del despojo”. Entonces era un poco eso, plantear ese punto de vista histórico.

 ¿En el tema de la restitución de tierras durante este Gobierno, ha habido un giro o se ha mantenido en la lógica de todos los gobiernos anteriores?

Es un gobierno que está en una posición defensiva porque también hay un segmento que no lo deja desarrollarse. En ese aspecto de estar a la defensiva, la salida el tema indígena va a estar en torno a la Comisión de Tapihue 2025 que está desarrollando la Comisión por la Paz y el Entendimiento y ahí en esa comisión se están debatiendo algunos temas como de reconocimiento y dentro de eso tiene que hablar de los temas de la tierra. Hay una visión por un lado y por otro lado está este intento de obstrucción que se genera con esta normativa.

 Sobre este punto, cabe destacar que existe una fecha de entrega de las conclusiones de la Comisión de Paz que será en enero de 2025, cuando se cumplan 200 años del Parlamento de Tapihue de 1825, donde se estableció el estatuto que regularía las relaciones del Estado chileno con el pueblo mapuche.

 ¿Ha visto avance en estas conversaciones?

 En la Comisión de Paz, sí. Se han dado avances en torno a acercar posiciones y eso se notó mucho la presentación del programa en el palacio de La Moneda donde estaba desde Alfredo Moreno y Francisco Huenchumilla, que son parte de esta comisión que es transversal, donde hay personas de distintos segmentos políticos, empresarios, y por lo tanto se intenta buscar una política de Estado. Creo que eso es lo interesante de esta comisión y que tiene insuficiencias como todo proceso que está surgiendo, pero hay una intención y hay un segmento del sector más conservador que también está dispuesto a dialogar sobre el tema de tierras en  lo que es la Comisión de Paz y Entendimiento, algo hay ahí.

 ¿Qué opina sobre el anuncio del Gobierno de vetar artículos de la ley de usurpaciones?

Creo que no la vetan porque va a generar un conflicto con el tema mapuche, sino que la vetan porque también está pensada para el mundo de los pobladores, para las personas que ocupan esta herramienta para conseguir una habitación. El tema de la ausencia de habitaciones en Chile es de larga historia, no es solamente hoy. En el siglo XIX ya había problemas de hogar, en el siglo XX aún más, entonces siempre el Estado está muy detrás de la demanda de tierras, de construcción de hogares. Creo que esta ley afecta a los sectores más pobres porque recuperar un sitio para una vivienda es también una forma de poder avanzar en una forma de vida más digna para las personas que están muy desfavorecidas en este modelo social.

 ¿Cree que, de ser promulgada, va a generar mayor conflicto en los territorios ancestrales?

 Tengo la sensación que estas normativas más punitivas nunca han solucionado el conflicto y sólo lo postergan. Entonces son un debate inconducente frente a una dinámica, una transformación que está viviendo el país que, más que lo punitivo, es sentarse a conversar sobre cómo resolver los temas sociales. Entre esos, que muchos migrantes irregulares o ilegales que ingresa del país no tienen donde vivir y hay que hacerse cargo de ellos, que para muchas personas el construir o comprar una casa hoy, con los niveles de especulación que son imposible para las familias más populares y las clases medias, incluso clase media alta, no pueden adquirir una casa. Y para el mundo indígena significa crear algo punitivo sobre un aspecto fundamental en su agenda política que es la restitución de tierras. De donde yo lo miró y como actores sociales, con todos estos personajes históricos, esta normativa no va a solucionar en estricto rigor un conflicto que es más profundo y que más que pensar en leyes de excepción para ellos, es mejor sentarse y ver cómo se solucionan con políticas de transformaciones económica y social para la incorporación con dignidad de la gente que no tiene un lugar para vivir.