Luego de un infructuoso intento del Gobierno por firmar, en conjunto con todos los partidos políticos, una declaración a 50 años del golpe de Estado, diputados desde Renovación Nacional (RN) hasta el Partido Socialista (PS), firmaron su propio acuerdo denominado “Por la Democracia, los Derechos Humanos y la No Violencia Política”.
El documento, que se suma al “Compromiso de Santiago” firmado por el Presidente Boric y los cuatro expresidentes vivos, fue suscrito por un total de 15 parlamentarios: Alberto Undurraga (DC), Francisco Undurraga (Evópoli), Diego Schalper (RN), Andrés Longton (RN), Jorge Guzman (Evopoli), Joanna Pérez (Demócratas), Erika Olivera (Demócratas), Eric Aedo (DC), Helia Molina (PPD), Raúl Soto (PPD), Tomás Lagomarsino (PRSD), Alexis Sepúlveda (PRSD), Vlado Mirosevic (PL), Daniel Melo (PS) y Raúl Leiva (PS).
En el texto, los legisladores reconocen “tener miradas diversas acerca del pasado, pero nos asiste la convicción que, sin renunciar a nuestras visiones acerca del quiebre de la democracia, debemos procurar un acuerdo por el futuro de Chile que ponga la razón, nuestros corazones y nuestra acción política y social en el porvenir”.
Por eso, los diputados se comprometieron, entre otras cosas, a resolver los problemas de la democracia “con más democracia”: “Aquello significa abrazar con vigor los principios de la libertad, la igualdad y la fraternidad, procurando seguridad y bienestar a todos y todas. La libertad para todas las personas y sus comunidades, y la libertad de prensa, especialmente en lo relativo a decidir, pensar e informarse mediante medios de prensa libres”, versa el escrito.
Como segundo compromiso, está el “respeto y promoción de los Derechos Humanos”, una convicción que “nos llama a condenar todo atropello a los Derechos Humanos realizado en Chile y en el mundo. Mirando a futuro, este acuerdo significa el compromiso permanente con la verdad, la justicia, la memoria, la reparación y la garantía de no repetición”.
Finalmente, como último punto, destaca la “no violencia en política”, donde los parlamentarios pactaron rechazar “cualquier expresión de violencia como medio o instrumento de acción política”, lo que supone “dotarse, siempre y bajo cualquier contexto, de medios pacíficos e institucionales para abordar y resolver toda controversia”.
“Además, implica abrazar la seguridad como un amplio principio que se traduce en no padecer agresiones, vivir en medio ambientes protegidos y construir progresivamente condiciones sociales esenciales para la vida y el bien común”, señala el documento.