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Gobierno argentino deroga 69 normas de control de precios y abastecimiento.

Se aduce que se trata de una iniciativa para disminuir la burocracia, fortalecer la competencia y mejorar el comercio. Asimismo, mediante este decreto se intentará disminuir la intervención del Estado para intentar la simplificación administrativa.

Luis Hernán Schwaner

  Lunes 29 de enero 2024 18:24 hrs. 
Presidente de Argentina, Javier Milei.

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La Secretaría de Comercio de Argentina publicó mediante la resolución 51/2024 este lunes 29 de enero en el Boletín Oficial, la desregulación de precios en línea con el proyecto de ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, enviado por Javier Milei al Congreso. En ella, el gobierno trasandino derogó 69 normas para, según argumenta, disminuir la burocracia, fortalecer la competencia y mejorar el comercio entre los ciudadanos ya que, según las nuevas autoridades, esas normas promovían un rol intervencionista del Estado.

“Estas regulaciones le complicaban la vida, a través de controles y cuestiones burocráticas, a parte del sector privado”, dijo al respecto el portavoz presidencial, Manuel Adorni, en su habitual rueda de prensa en Casa Rosada. La Secretaría de Comercio que, en las últimas dos décadas, fue parte de la lucha contra la inflación, había emitido durante los gobiernos anteriores diversas resoluciones y disposiciones vinculadas con regímenes de control de precios, abastecimiento o de requerimientos de información, todo lo que para los ultraliberales del nuevo régimen, apartaba a la cartera de la transparencia, la libre competencia de los mercados y las conductas ilícitas en el comercio interior.

“El sentido de estas medidas es simplificar el comercio, desburocratizar la gestión del Estado y evitarle tanto a los ciudadanos como a las empresas, perder tiempo y recursos remitiendo información que se tornaba innecesaria”, dijo el secretario de Comercio, Pablo Lavigne, en un comunicado.

Entre el cúmulo de normas derogadas, está el sistema que obligaba a informar etiquetas y rótulos de nuevos productos, así como un régimen informativo de precios y cantidad de bienes finales e intermedios vendidos, norma instaurada durante el gobierno anterior. Ello, según el actual gobierno, generaba un dispendio de recursos humanos y tecnológicos y era información utilizada como herramienta de presión sobre las empresas. Al mismo tiempo, se dispuso derogar normativas complementarias a las leyes de Góndolas y de Abastecimiento, ya eliminadas, que establecían su supervisión y cumplimiento.

Además, se quitaron los regímenes informativos que controlaban los precios máximos del programa “Precios Cuidados” y normas complementarias del programa “Precios Justos”, que ya había finalizado el 8 de diciembre del año recién pasado pero que, en opinión del gobierno ultraderechista, sólo servían para distorsionar el sistema de precios, fundamentalmente de alimentos y bebidas.

Asimismo, se derogó el programa de acceso de productos regionales en supermercados de grandes superficies, para que este tipo de políticas sea impulsada por los gobiernos provinciales. Estás derogaciones son el resultado de una primera etapa de revisión, a la que seguirán otras medidas, indicó la Secretaría (Ministerio) de Comercio.

Entre tanto, el Gobierno sigue sin lograr los votos necesarios para aprobar su megaproyecto de ley “Ómnibus” en el Congreso, pese a haber retirado el capítulo fiscal. La intención del oficialismo era sesionar este martes 30 de enero, pero por ahora no ha habido convocatoria y empieza a circular la versión de que el debate será recién el miércoles o el jueves.

El Gobierno aceptó retirar los capítulos del dictamen de mayoría que establecían un aumento de las retenciones agropecuarias, un nuevo mecanismo de actualización de las jubilaciones desde abril, el blanqueo de capitales, los cambios en Impuesto a los Bienes Personales y la moratoria. Sin embargo, la iniciativa todavía contempla una delegación de facultades al Poder Ejecutivo, una amplia reforma del Estado y la privatización de unas 40 empresas públicas.

Y después de conocerse ayer las modificaciones a la Ley Ómnibus dispuestas por el Gobierno Milei, la organización “Unidad Piquetera” y otras organizaciones sociales convocaron a una gran movilización ante el Congreso de la Nación para este martes 30 de enero, día en que -eventualmente- se trataría el proyecto legislativo en la Cámara de Diputados.

Según precisaron los organizadores de la protesta, en una conferencia de prensa realizada la mañana de este lunes para brindar mayores detalles sobre la movilización, adhieren a la convocatoria sindicatos, organizaciones piqueteras y de Derechos Humanos, asambleas populares, de la cultura, y organizaciones políticas.

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