Este martes diputados desde el PPD hasta el Partido Republicano presentaron un requerimiento a la Corte Suprema para que remueva al fiscal Xavier Armendáriz de la investigación contra el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez.
Esto último luego de que el propio Yáñez recurriera al Tribunal Constitucional (TC) para pedir la suspensión de la causa, una solicitud que fue acogida a trámite durante esta jornada, pero que no impedirá que el general sea formalizado el próximo 7 de mayo.
Los parlamentarios que presentaron el requerimiento a la Corte Suprema acusaron un supuesto sesgo político de parte del fiscal metropolitano centro norte. A su vez, defendieron su potestad para supervisar el actuar del Ministerio Público.
“Los fiscales tienen que dedicarse a perseguir el delito y no meterse en política. Los que nos dedicamos a la política no nos metemos en otras instancias ni nos metemos en otros poderes y lo que nosotros estamos haciendo acá no es meternos en otro poder, sino lo que la Constitución nos dice que hagamos. Nosotros en nuestro rol fiscalizador, tenemos que supervisar que el Estado funcione bien”, argumentó el diputado y presidente de Amarillos por Chile, Andrés Jouannet.
La acción, sin embargo, no estuvo exenta de críticas. Consultada por Radio Universidad de Chile, la cientista política e integrante de la Red de Politólogas, Javiera Arce, cuestionó a los diputados alegando que habría una intromisión de un poder del Estado sobre otro.
“¿Cómo es posible que parlamentarios se quieran introducir en otro poder del Estado como lo es el Poder Judicial y atentar contra el Estado de derecho y el equilibrio de poderes? A mi me parece que esta acción que están haciendo estos parlamentarios es francamente una vergüenza, es desconocer los principios de educación cívica. Hay que dejar que los poderes funcionen de manera independiente y que la Fiscalía continúe haciendo esta investigación”, señaló.
En esa misma línea, el abogado y director de Amnistía Internacional Chile, Rodrigo Bustos, expresó “extrema preocupación” por la solicitud de remover al fiscal Armendáriz, “porque los parlamentarios y parlamentarias no tienen atribuciones como las que están realizando estos diputados”.
“Ellos pueden fiscalizar los actos de Gobierno, dentro de las atribuciones que tienen de acuerdo a la Constitución, pero tienen que respetar la autonomía del Poder Judicial y de la Fiscalía y esta es una intromisión indebida que vulnera los estándares internacionales en materia de independencia judicial”, afirmó Bustos.
“No nos parece razonable que Yáñez no haya colaborado”
El director de Amnistía Internacional Chile además se refirió a la estrategia del propio general Yáñez de recurrir al Tribunal Constitucional para suspender las causas que lo involucran.
A juicio de Bustos, “como ciudadano, Yáñez por supuesto que goza de la presunción de inocencia y puede decidir la mejor forma de llevar a cabo su estrategia de defensa judicial”. “Sin embargo, él también es jefe de una policía, de una institución encargada de hacer cumplir la ley y es ahí donde no nos parece razonable que en su puesto no haya colaborado con una investigación”, dijo.
El abogado recordó que al inicio de las indagatorias judiciales, “él dijo que iba a declarar pero no fue a declarar en seis ocasiones, después cambió de idea, dijo que iba a hacer uso de su derecho de guardar silencio y hoy día intenta, a través de un requerimiento en el TC, tratar una vez más de eludir a los tribunales”, acusó.
Asimismo, Bustos cuestionó el que se plantee, tanto desde el Congreso como desde la defensa de Yáñez, que los fiscales que lo investigan tienen un sesgo político.
“Es frecuente que se cuestione la objetividad de quién investiga o de los tribunales, pero la verdad es que sobre todo, tratándose de un jefe de una policía que trabaja permanentemente con los tribunales y con los fiscales, es muy inadecuado que sigan con ese tipo de estrategia y planteamientos”, indicó.
Para el director de Amnistía Internacional Chile, acciones como la impulsada por el general director de Carabineros le hacen “daño a las instituciones, instituciones que tienen una labor central en todo lo que tiene que ver con enfrentar la delincuencia”.