Liberación de miembros del Tren de Aragua: diputados de RN piden “sanciones drásticas” a funcionarios de la Fiscalía

Los parlamentarios enviaron una carta al fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, para manifestarse contra la decisión del juzgado que provocó que los imputados de secuestro, robo y participación en asociación criminal quedaran en libertad.

Los parlamentarios enviaron una carta al fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, para manifestarse contra la decisión del juzgado que provocó que los imputados de secuestro, robo y participación en asociación criminal quedaran en libertad.

Perplejidad hubo ayer tras conocerse que el juzgado de garantía de Los Vilos liberó a cuatro imputados -todos extranjeros- vinculados al Tren de Aragua. Más cuando los personajes estaban en prisión en el marco de la investigación por hechos tan graves como secuestro, robo y participación en asociación criminal. Para los diputados de Renovación Nacional e integrantes de la comisión de Seguridad, Andrés Longton -presidente de la instancia- José Miguel Castro y Diego Schalper, esta situación debe investigarse y sancionar a los responsables de forma drástica.

Y así lo manifiestan en una carta enviada al fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper Monti. En ella, se relata que la decisión del juzgado “habría tenido como fundamento la deficitaria actuación del funcionario del Ministerio Público que concurrió en representación del interés estatal en la persecución, quien sería un abogado asistente del Fiscal adjunto titular de la investigación”.

En ese sentido se destaca en la misiva que “el abogado carecía de las competencias necesarias para representar a la Fiscalía en una investigación de alta complejidad y connotación social, sino que también el propio fiscal titular omitió ejercer un rol de supervisión y delegación correcta de sus facultades, inquiriendo la idoneidad del funcionario y haciéndole ver las providencias necesarias para tan importante instancia judicial”.

También se hace ver que tras no conseguir la mantención en prisión preventiva a los sujetos extranjeros, el abogado “no ejerció la prerrogativa prevista en el artículo 149 del Código Procesal Penal, esto es, deducir en la misma audiencia y de manera oral el recurso de la apelación en contra de la resolución (…) que, de ejercerse, impide la liberación inmediata de los imputados cuando se encuentran formalizados por determinados delitos gravosos, entre ellos el secuestro, como es el caso”.

Cabe recordar que posteriormente el Ministerio Público ejerció el recurso y la Corte de Apelaciones de La Serena revocó la decisión de primera instancia, manteniendo la prisión preventiva. Pero, lamentablemente, cuatro de los procesados fueron dejados en libertad y hasta el momento solo se ha capturado uno, mientras los otros tres se mantienen prófugos, “quienes además cuentan con las facilidades ya por todos conocidas para huir del país por pasos no habilitados”, se precisa en la carta al fiscal regional de Coquimbo.

Los parlamentarios agregaron en la misiva que “esta serie de sucesos negligentes es un duro golpe a las actuaciones de persecución del crimen organizado que con tesón ejecutan las policías, los funcionarios de Gendarmería (…) y la mayoría de los funcionarios de la propia Fiscalía”. Agregando que con la “vulneración de la institucionalidad procesal penal, permitiendo que los imputados rindan una fianza millonaria con recursos que muy probablemente deben provenir de hechos ilícitos, lo que transforma al sistema procesal en una puerta giratoria alimentada por el propio crimen”.

En tanto, junto con manifestar su preocupación por lo sucedido, los diputados Andrés Longton, José Miguel Castro y Diego Schalper, le piden expresamente al fiscal regional Patricio Cooper, la disposición de “un procedimiento administrativo de sumario que haga efectiva, con las sanciones más drásticas procedentes, la eventual responsabilidad de los funcionarios involucrados”, además -para que no se repitan este tipo de situaciones- “que el Ministerio Público concurra a las instancias judiciales debidamente representados, a través de funcionarios idóneos, en resguardo del interés público y de las víctimas que debe proteger”.

 





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