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Daniel Jadue en la mira: ¿hasta qué punto se politiza la justicia?

Columna de opinión por Benjamín Pérez
Miércoles 12 de junio 2024 16:17 hrs.


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La reciente prisión preventiva del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, miembro del Partido Comunista de Chile, ha generado una ola de debates y cuestionamientos sobre la imparcialidad del sistema judicial chileno. La controversia surge en contraste con el reciente caso de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, militante de la UDI, a quien se le adjudicó una controversial prisión preventiva domiciliaria a pesar de haber perpetrado un déficit fiscal de 31 mil millones de pesos, lo cual se posiciona como uno de los casos de corrupción más grandes del país.

Ambos casos, que involucran malversación de fondos y fraude al fisco, han recibido tratamientos judiciales discutidos, que se han justificado en función de la diferencia entre ambos casos marcada por el ejercicio del cargo en el caso de Jadue y el estar fuera de este en el caso de Barriga. Sin embargo, este tecnicismo no ha mitigado el hecho de que sectores políticos y de la sociedad civil cuestionen y pongan en tela de juicio la imparcialidad y el normal funcionamiento de nuestro sistema judicial.

Por un lado, el caso de Daniel Jadue se está planteando como una persecución política. La diputada Carmen Hertz, del Partido Comunista, señaló que la prisión preventiva dictada contra Jadue revela una preocupante discriminación política y judicial. Asimismo, el diputado del PC, Matías Ramírez, el pasado 3 de junio comentó: “El único error fue haber cambiado la lógica del sistema neoliberal”. Ambas declaraciones permiten dimensionar las críticas posiciones del PC frente a este fallo, desestimando la pertinencia de la medida cautelar y, de paso, cuestionando e interpretando las conclusiones del procedimiento judicial en contra del alcalde de Recoleta.

Así pues, pareciera que la derecha política, que históricamente actúa de forma hostil contra el comunismo, ha encontrado en la figura de Jadue un punto de ataque privilegiado para asestar un golpe político al Partido Comunista. Esto no sería grave si no excediera el campo de los ataques y disputas que han caracterizado nuestro sistema político en el último tiempo. El problema surge cuando se politiza una decisión judicial, generando dudas sobre la pertinencia y transparencia de los procesos judiciales y al mismo tiempo contaminando y oscureciendo la necesaria independencia de los poderes del Estado.

En este sentido, y agudizando aún más este problema, desde la directiva de la UDI, su secretaria general María José Hoffmann ha destacado lo siguiente: “Considero que lo apropiado es que el partido principal en el gobierno del Presidente Boric no ejerza, como hemos visto a través de la justicia, ninguna presión indebida.” Estas palabras, que son claramente una intromisión en la labor de los jueces por parte de la derecha, le endosan al PC la acusación de intervenir en la justicia al tiempo que intentan utilizar esta coyuntura política para neutralizar el poder electoral que el Partido Comunista tiene al interior de la coalición de gobierno y socavar el capital electoral que este tiene con miras a las próximas elecciones municipales.

De esta forma, la percepción de un sistema judicial politizado no es nueva en Chile. Sabemos cómo, en dictadura, actuó en contra de la ciudadanía y el resguardo de los derechos humanos. Los actuales casos de Jadue y Barriga reavivan las sospechas de una justicia que no opera de manera equitativa, distanciando a este poder del Estado de la confianza de la ciudadanía.

Es fundamental reflexionar sobre cómo la justicia debe ser aplicada de manera imparcial y proporcional entre un caso y otro, sin importar la militancia del acusado o acusada, y, sobre todo, que los partidos políticos no enjuicien a favor o en contra los fallos judiciales. Por ello, este mediático caso se expresa como otro llamado de atención hacia el sistema judicial para que examine su actuar y asegure que las decisiones judiciales estén aisladas de las disputas políticas. Además, este caso nos obliga como sociedad a exigir una justicia verdaderamente equitativa y libre de influencias partidistas.

Benjamín Pérez, investigador del Observatorio de Historia Reciente de Chile y América Latina, UDP.

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor y no refleja necesariamente la posición de Diario y Radio Universidad de Chile.