“La empresa Enel fue solicitada de información los primeros días del evento climático y no informó ni el diagnóstico del avance de la interrupción del suministro, ni cuántos clientes eran ni dónde estaban situados”. Con esas palabras, la superintendenta de Electricidad y Combustibles, Marta Cabeza, confirmó el incumplimiento de la empresa eléctrica en torno a la reciente crisis desatada por los masivos cortes de luz en la zona centro-sur del país.
En total, la situación que arrancó con el frente de mal tiempo registrado a principios de agosto, todavía tendría a cerca de mil 200 familias sin acceso al suministro, según datos aportados por el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán. Esta cifra se complementa con la información publicada durante la mañana en la web de la Subsecretaría de Electricidad y Combustibles, que contabilizaba al menos 947 clientes sin luz sólo en la RM.
Por todo esto es que el Gobierno confirmó que continuarán con el proceso de caducidad de la concesión de Enel en esta última región. Determinación que, según explicó el ministro de Energía Diego Pardow, dependerá del Presidente de la República. “El proceso tiene distintas etapas. La primera era la del requerimiento, donde se formularon tres. El tercero de estos, efectivamente, y con los antecedentes que tenemos hasta el momento, se infringió”, aseguró el secretario de Estado.
“Eso significa que nos movemos a la siguiente etapa, que está caracterizada por la elaboración de un informe técnico que posteriormente se hace llegar al Presidente de la República para que sea él quien tome la decisión final”, dijo. Asimismo, agregó que “este informe técnico incluye, por cierto, la posibilidad de que en esa oportunidad la empresa haga sus descargos sobre la base de la información que se levantó, y que no solamente incluye los aspectos incorporados en el requerimiento, sino todos los estándares normativos asociados al servicio público de distribución de electricidad”.
Esta acción, según clarificó la superintendenta, actualmente sólo está en curso respecto de la concesión de Enel: “Las otras empresas tenían un diagnóstico que podía dar cuenta de cuáles eran los tiempos estimados de recuperación y, en aquellos casos que no pudiera, deberían ir todos sus esfuerzos y recursos para realizarla. Al no tener la respuesta de la empresa Enel, y al haberle formulado los dos primeros días dos cargos por incumplimiento, cuando efectivamente se hace el reproche normativo una vez, otra vez y otra vez sin respuesta, hay que avanzar en la siguiente etapa. Esa es la diferencia, porque las otras empresas fueron respondiendo al menos los requerimientos de información“, señaló Cabeza.
Sin embargo, la envergadura de la situación actual llevó a evaluar nuevas salidas por parte del Gobierno. Así lo explicó Durán: “El último ultimátum, valga la redundancia, estableció que en un plazo de 72 horas todos los clientes tenían que tener repuesto el suministro eléctrico, lo que todavía no ocurre. Por ello, durante los últimos dos días hemos estado acompañando, fiscalizando y garantizando una nueva exigencia que hemos formulado a las empresas, en el sentido de que si persisten clientes que estén sin suministro eléctrico, especialmente aquellas personas que estén sin luz desde los primeros días de este frente de mal tiempo, se les provea de un generador“.
Según lo expresado por la autoridad, hasta ahora se habrían entregado cerca de 400 de estos generadores.
Atacar el problema de fondo
Desde el Congreso también han surgido propuestas que buscan prevenir eventuales crisis de esta envergadura. Una de ellas es la planteada por un grupo de diputadas y diputados del oficialismo, que buscan la creación de una empresa estatal de energía.
“Es importante entender que el mismo Gobierno ha transmitido que han hecho todas las acciones necesarias para poder resolver el problema que actualmente todavía mantiene a usuarios sin electricidad. Y creemos que desde ahí es importante, primero, hacer las valoraciones que creemos que ha hecho el Gobierno”, comentó la diputada del Partido Comunista, Daniela Serrano, en conversación con la primera edición de Radioanálisis.
Cabe destacar que la iniciativa se cuadra con los recientes dichos del ministro Pardow, que el pasado domingo aseguró que sería “más seguro para la ciudadanía tener alguna parte de la distribución eléctrica bajo la figura de una empresa estatal”.
“Finalmente, se pueden hoy ajustar los marcos regulatorios, se pueden también subir las multas y sanciones a estas empresas eléctricas, y se puede anunciar un proceso de caducidad. Sin embargo, el Estado no tiene una alternativa para ofrecer que no sea claramente depender de estas empresas eléctricas”, explicó la parlamentaria, aludiendo a que el centro del problema está en una cuestión estructural.
Y ante la opción de que la propuesta sea declarada como inadmisible, afirmó que “se hace necesario iniciar todo un proceso de reforma constitucional. Y la reforma constitucional no necesita una admisibilidad cuando se presenta. Es importante no sólo dejar este debate en lo que se puede dar en la sala, sino debatir justamente el rol que tiene el Estado, el que es dado por la Constitución“, concluyó Serrano.