“Atendida la gravedad de los hechos, se dispone desde ya la medida cautelar de suspensión de todas las funciones propias e inherentes al cargo de ministra de Angela Vivanco Martínez“, señaló el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, quien informó la decisión del pleno del máximo tribunal luego de que este fin de semana se dieran a conocer conversaciones entre la magistrada y el abogado Luis Hermosilla, imputado en el caso Audios.
Para el pleno de la Corte Suprema, “los hechos dados a conocer por los medios de comunicación social, que atañen a la ministra Angela Vivanco Martínez, son serios y graves, y afectan los principios de independencia, imparcialidad, probidad, integridad y transparencia que rigen al Poder Judicial“, afirmó Blanco.
Así, el presidente del máximo tribunal informó que el pleno instruyó abrir un cuaderno de remoción de la exvocera y pidió un informe, que deberá emanar dentro del plazo de 20 días corridos, sobre los siguientes hechos:
1.- Interferencia en el último procedimiento de designación del cargo de fiscal nacional y en los nombramientos de conservador de bienes raíces de Viña del Mar y de Concón.
2.- Irregularidades cometidas en la tramitación y conocimiento de la causa de consorcio Belaz Movitec SPA con Codelco.
3.- Intervención en nombramiento de ministros y ministras de cortes en coordinación con el abogado Luis Hermosilla Osorio.
4.- Intromisión en causas en tramitación y en la integración de salas de la Corte Suprema con el abogado Luis Hermosilla Osorio.
5.- Entrega de información acerca de causas relacionadas con miembros de Carabineros de Chile y de las Fuerzas Armadas de conocimiento de la Tercera Sala de esta corte antes de la firma de la sentencia y su notificación, y efectuar recomendaciones procesales al abogado Luis Hermosilla Osorio.
6.- Concertación con el abogado Luis Hermosilla Osorio para obtener el nombramiento de miembros de este tribunal afines a sus intereses.
Al respecto, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, dijo que el pleno de la Corte Suprema ya tomó su decisión de oficio: “El presidente -Ricardo Blanco- ya hizo su declaración, se refirió a los seis puntos y no le queda más al Ejecutivo junto al resto de los poderes del Estado respetar la decisión y la instrucción del procedimiento”.
“Es una situación difícil e inconfortable, lastimosa, pero también creo que las personas tienen que estar tranquilas de que los poderes del Estado toman sus decisiones y, en este caso, fue el pleno de la Corte quien tomó su propia decisión y vamos a esperar la tramitación de ese procedimiento para ver cuál es la determinación a la que llegan en definitiva”, agregó.
Por su parte, la Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas de Chile presentó un escrito ante el máximo tribunal sobre la información que reveló Ciper, que dan cuenta de hechos que “afectan gravemente la independencia e imparcialidad de los jueces“, dijo su presidente, Alejandro Vera.
El líder de la asociación de jueces detalló que “el escrito pide que se haga una investigación exhaustiva y se exijan todas las responsabilidades tanto a ministros, ministras, como ha funcionarios de la excelentísima Corte Suprema que puedan verse involucrados en los hechos que se dieron a conocer el día de ayer a la luz pública por el reportaje periodístico, en especial se pide esta investigación y que establezcan las responsabilidades de la ministra de la Corte Suprema, Angela Vivanco.
“Nosotros como Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas vamos a cesar nuestra actividad en toda mesa, comisión o comité en la que participe Vivanco mientras no se esclarezca su responsabilidad en los hechos denunciados“, añadió.
Cabe señalar que de acuerdo a los chats revelados por Ciper, Vivanco pidió ayuda a Hermosilla para ser parte de la Corte Suprema, hecho que se concretó en 2018. Posteriormente, Luis Hermosilla le pidió ayuda a la ministra en una causa que involucraba a la PDI y la Defensoría de la Niñez.
Esta medida contra la exvocera, se suma a Luis Correa Bulo, quien fue suspendido y luego destituido en 2001, debido a cuatro hechos ocurridos entre 1992 y el año 2000, que fueron calificadas por el Pleno como “atentados contra la responsabilidad del Poder Judicial y la dignidad del cargo de ministro del más alto Tribunal”.