Esta jornada se realizó una nueva reunión entre la Confederación Nacional de Funcionarios y Funcionarias de la Salud Municipal (Confusam) y las autoridades del Ministerio de Salud, para abordar los casos de violencia hacia la atención primaria que han ido al alza en los últimos meses.
El foco del encuentro estuvo en avanzar en medidas para garantizar la seguridad de los trabajadores de la salud. Tras la cita, la presidenta de la agrupación, Gabriela Flores, reiteró la urgencia de la situación debido al aumento de la violencia en hospitales del país.
“Necesitamos que se proteja a la primera línea, que es la atención primaria. En el norte del país, nuestra gente en Alto Hospicio trabaja con chaleco y casco antibalas. En La Araucanía son terribles las condiciones, si han estado militares se ha podido controlar”, expuso Flores.
En la misma línea, expresó su opinión respecto a la idea de que existan “vigilantes armados” al interior de los centros de salud: “No nos negamos, porque lo que nos interesa es que se proteja a los funcionarios y a los usuarios (…) Si es una forma de proteger a nuestra gente, estamos de acuerdo”.
Según el registro que maneja la agrupación de funcionarios de la salud, en 2023 se registraron 7 mil 184 agresiones en los servicios a lo largo del país. Cifras que han ido en aumento y que incluso podrían ser superiores, según Flores. “La gente no se atreve a denunciar porque somos amenazados de muerte”, mencionó.
Por su lado, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, reiteró la disposición del Ejecutivo para avanzar en medidas de seguridad. En particular, abordó la idea de los vigilantes armados, asegurando que están trabajando en ello en conjunto con la ministra del Interior, Carolina Tohá.
“Primero se deben definir qué son lugares estratégicos, nosotros vamos a entregar todos los antecedentes en base a la estadística que tenemos y después ver cómo posibilitar y habilitar esto para los municipios”, señaló la secretaria de Estado.
En cuanto al caso del Hospital El Pino, actualmente con paro de sus funcionarios por la crisis de seguridad en el establecimiento, la ministra Aguilera afirmó que la posibilidad de contar con estos vigilantes armados está en evaluación.
“Eso depende de la percepción y de lo que quieran los mismos funcionarios (…) Nosotros estamos abiertos a las medidas que permitan dar mayor seguridad a los funcionarios de manera que se pueda trabajar y esa es la prioridad nuestra”, declaró la titular de la cartera.
La autoridad también rescató los avances en el sistema de registro de agresiones con el que cuenta el Minsal desde el 2018. “Hemos ido fortaleciendo y vamos a seguir fortaleciendo el sistema. Hacemos el llamado, junto con la Confusam, a que se registren adecuadamente todas estas situaciones, ya que en base a ello se hacen diagnósticos y permite conocer el número de agresiones que hay”, remarcó Aguilera.
La titular de Salud sostuvo que, si bien “hay que seguir avanzando”, actualmente existen mesas de trabajo en todos los servicios de salud. Además, destacó que “desde el año 2022, hemos distribuido más de 3 mil 900 millones de pesos en medidas de seguridad a los municipios (…) Para que se implementen medidas como botones de pánico, se refuercen temas estructurales de seguridad”.
Este miércoles se llevará a cabo una reunión entre ambas carteras, Interior y Salud, además de la presencia de la Confusam, para tratar el caso de los vigilantes armados en centros hospitalarios en conjunto.