La Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió la solicitud de desafuero de la diputada y exmilitante del Frente Amplio, Catalina Pérez, acusada de participar en el delito de fraude al fisco, en el contexto del Caso Democracia Viva. La determinación se tomó tras una audiencia de más de cuatro horas, en la que presentaron sus argumentos el abogado defensor, Gonzalo Medina, el fiscal jefe de Antofagasta, Cristian Aguilar, el abogado querellante de la UDI, Pablo Toloza y el jurista del Consejo de Defensa del Estado. Ahora, la Fiscalía de Antofagasta está autorizada para formalizar a la parlamentaria.

El 23 de diciembre pasado, el tribunal de alzada antofagastino acogió a trámite la solicitud de desafuero presentada por el fiscal Aguilar, por la relación de la parlamentaria con Democracia Viva, fundación que recibió más de 426 millones de pesos en convenios directos con la Seremi de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta.

La polémica surgió en 2023 debido a los vínculos entre la fundación y miembros del partido Revolución Democrática (RD), lo que generó sospechas de posibles conflictos de interés y malversación de fondos públicos.

La diputada Pérez estuvo en el centro de la controversia debido a sus estrechos lazos con los principales involucrados. Su expareja, Daniel Andrade, era el director de Democracia Viva y su exjefe de gabinete, Carlos Contreras, se desempeñaba como Seremi de Vivienda en Antofagasta en el momento de la firma de los convenios. Ambos fueron formalizados por delitos de fraude al fisco.

A medida que avanzó la investigación, se filtraron conversaciones que sugerían que Pérez estaba al tanto de la adjudicación de los convenios a Democracia Viva, contradiciendo sus declaraciones iniciales de desconocimiento. Estas revelaciones llevaron a la Fiscalía a solicitar su desafuero. De esta forma, la oficina fiscal antofagastina procederá con una formalización y con la solicitud de medidas cautelares, por la presunta participación como cómplice en delitos de fraude al fisco.