En los últimos años, nuestro país se ha visto asolado por incendios forestales cada vez más devastadores que han ocasionado cuantiosas pérdidas humanas, materiales y económicas. Así solo basta recordar el trágico siniestro urbano forestal que en los primeros días de febrero de 2024 afectó a la región de Valparaíso y a sus principales comunas, y que dejó un saldo de 137 muertos y cerca de 16 mil damnificados, afectando viviendas, industrias e infraestructuras de servicios y que constituyó uno de los mayores desastres en la historia moderna de Chile.

Precisamente por el destructivo historial de los incendios forestales que han afectado al país, ya en el mes de octubre de 2023, el Ejecutivo presentó en el Congreso un proyecto de ley que pretende regular la prevención de estos siniestros, iniciativa legal que lamentablemente y no obstante la urgencia de la situación no ha visto la luz producto de diversas circunstancias que han dilatado su tramitación.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el senador del Frente Amplio y miembro de la Comisión de Agricultura, Juan Ignacio Latorre, en relación a la tardanza legislativa señaló que “lamentablemente no estuvo la disponibilidad, hubo muchas presiones, creo yo, del sector forestal para dilatar esta tramitación”.

“Yo lamento que se haya dilatado tanto la tramitación de este proyecto. Creo que debió haber salido mucho antes y haberlo votado en la sala del Senado antes de esta temporada de incendios”, añadió.

El senador Juan Ignacio Latorre y el gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, reciben el avión de combate a incendios forestales Boeing 797 Fireliner.

La Comisión de Agricultura del Senado está compuesta por Carmen Aravena (Partido Republicano), José Durana (UDI), Rafael Prohens (RN), Alejandra Sepúlveda (Independiente) y Paulina Vodanovic (PS), quien fue reemplazada por Juan Ignacio Latorre (Frente Amplio) en la ultima etapa de tramitación de las indicaciones de la ley.

En relación a la conformación de la instancia legislativa, Latorre precisó “al oficialismo le tocó negociar en la Comisión de Agricultura en posición de minoría, ya que la derecha es mayoría, y por tanto se ha demorado bastante la tramitación”.

Sin perjuicio de lo anterior, el senador destacó que “se pudo avanzar a un acuerdo en que sí hay fortalecimiento de las capacidades preventivas por parte del Estado, sobre todo a nivel local, con planes de manejo que CONAF y el Servicio Nacional Forestal (Sernafor), que ya se aprobó en la sala del Senado, va a dar las orientaciones para los planes de manejo preventivo en las comunidades, sobre todo en aquellos territorios más vulnerables a los incendios, en los interfaz urbano-rural, con todo el trabajo que hay que hacer preventivo. Es decir, cortafuegos, desmalezado, limpieza de los lugares, según la particularidad de cada territorio”.

Reafirmando lo anterior, el congresista indicó que la ley que se tramita representa un avance en materia preventiva y en sanciones a los privados que no cumplen con los planes de manejos preventivos, estableciendo multas según la gravedad del incumplimiento, enfocándose además en fortalecer la institucionalidad estatal con la creación del Servicio Forestal (Sernafor), que se encargará de mantener planes y mapas desplegados en los territorios de mayor vulnerabilidad.

Las críticas de la oposición y la opinión del gremio de contratistas forestales

Una perspectiva más bien crítica es la que manifestó el senador UDI, José Durana, en relación con la tramitación que se ha dado en el parlamento a la ley de incendios forestales ya que en su concepto, una ley integral en esta materia debe construirse sobre la base de cuatro pilares fundamentales como son la prevención – mitigación, combate, fiscalización y recuperación de suelos, sin embargo, la ley  solo se centra en uno de esos pilares, cual es la prevención, omitiendo otros aspectos fundamentales.

“Considero que los incendios acaecidos durante la última semana han demostrado que la intencionalidad es uno de los principales elementos que se deben abordar en la discusión legislativa. Chile merece una ley integral de incendios forestales, pero que no solo aborde la prevención y mitigación, sino que claramente endurezca la legislación penal para aquellas personas que causan estos incendios intencionales”.

Detención de persona por quemar mediagua e iniciar incendio forestal en Traiguén.

Opinión que es compartida por el Gerente de la Asociación de Contratistas Forestales, René Muñoz: “ Lo que está ocurriendo hoy día en la Araucanía y en la provincia de Arauco y Bío Bío, nos muestra que la ley rasca donde no pica. Vemos que la intencionalidad no se aborda en el proyecto de ley, llamándonos la atención que senadores con tanta experiencia puedan legislar en la condición que vemos, donde la intencionalidad en algunos lugares supera el 80%”.

Asimismo, Muñoz, enfatizó que las penas que contempla la actual ley de bosques son bastante altas y que más que aumentar el rigor de las mismas, la que se encuentra en discusión debería enfocarse en otorgar atribuciones especiales a los fiscales para que pudieren proveerse de pruebas suficientes para lograr sancionar a quienes provocan estas catástrofes.

Además, el gerente de la asociación gremial recalcó que “la ley se concentra en los pequeños propietarios, en el tema de los cortafuegos, que puede ser una parte de la ley, las multas extraordinarias de 10.000 UTM o 600 millones de pesos. Entonces, uno ve que la cuestión no es lo que se tiene que hacer”.

En esa misma línea el senador Durana se mostró preocupado por cómo quedará redactado en definitiva el reglamento de la ley, ya que el proyecto propone incorporar la noción de riesgo, elemento que en principio según el legislador puede parecer positivo en lo que respecta a la planificación de los territorios, sin embargo, detalló que “un análisis profundo de sus futuros efectos da cuenta que se está limitando el patrimonio del mundo rural de nuestro país. 

“Considero que la iniciativa tiene elementos claramente expropiatorios y velaremos para que se respete nuestra Constitución”, complementó.

En respuesta a las críticas, esta semana, el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela conversó con Diario Financiero (DF) y comentó que “nadie quiere quebrar a nadie” y que hay apertura del Ejecutivo a moderar las multas que contempla la iniciativa, la cual espera que se promulgue antes de junio.

“Mirada bastante urbana con escasa empatía con el territorio”

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el consultor en gestión de emergencias, Michel De L’Herbe, manifestó que el proyecto de Ley de Incendios Forestales tiene demasiados déficits y es pobre en su contenido, no alcanzando a satisfacer el título que propone relativo a la prevención y mitigación de siniestros forestales, centrándose en una regulación más bien asociada a establecer sanciones, estando ausentes elementos claves, en su parecer, como por ejemplo las iniciativas de integración público-privada-comunidad.

Bomberos combaten Incendio forestal en Ninhue norte

En síntesis, el experto mencionó que “lo que termina ocurriendo es que cuando establecemos estos cuerpos legales, que su foco principalmente es la sanción y no es la instalación de capacidades, de competencias, de integración en el nivel local, probablemente lo que se replica es una mirada bastante urbana con escasa empatía con el territorio. Por otra parte, tampoco esta ley establece medidas claras y concretas de fortalecimiento, por ejemplo, de la acción en el nivel municipal, mayores competencias, no solamente facultades, competencias y capacidades”.

De L’Herbe analizando el proyecto de ley, también consideró que existe el peligro de criminalizar el uso de actividades o de herramientas que son cotidianas en el mundo rural, por ejemplo el empleo de maquinarias para trabajar el campo, tales como la motosierra, lo que puede afectar a los pequeños agricultores que trabajan la tierra para el sustento diario.

De igual modo, estimó que también se encuentra ausente del proyecto lo referente a la gestión estatal y rendición de cuentas en materia de emergencias.

“Por ejemplo, cuando vemos este proyecto de ley, incluso hay sanciones que tienen que ver con el impacto o daño que se ha generado a partir de un incendio, pero en ninguna parte se señala con claridad cuáles son las responsabilidades del Estado en esa materia. Todo incendio parte pequeño, es decir, la ineficiencia del Estado al enfrentar un incendio, ya sea por falta de recursos, por falta de capacidades o por mala gestión”.

En definitiva, la Ley de Prevención y Mitigación de Incendios Forestales genera opiniones divididas, debiendo esperarse que en la discusión parlamentaria se puedan zanjar y resolver todos los puntos en controversia para que este proyecto pueda convertirse pronto en ley. La apuesta es que represente un avance del Estado en el desarrollo de políticas públicas que permitan enfrentar adecuadamente estas emergencias que cada año azotan a nuestro país, dejando graves y dolorosas consecuencias.