La funcionaria de la Subsecretaría del Interior, presunta víctima de abuso sexual y violación por parte de su entonces jefe, el exsubsecretario Manuel Monsalve, presentó una demanda de tutela laboral contra el Gobierno de Chile.

Según informa La Tercera, la acción judicial, radicada ante el Segundo Juzgado del Trabajo de Santiago, busca sancionar a la Subsecretaría del Interior por no haber adoptado las medidas administrativas necesarias para proteger a la víctima, quien habría sufrido los ataques en el contexto laboral.

La mujer, de 32 años, asegura que su objetivo no es obtener una compensación económica, sino impulsar cambios que prevengan futuros casos de acoso y violencia sexual en el ámbito público.

Manuel Monsalve, quien se encuentra privado de libertad desde hace tres meses, fue formalizado por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte como autor de los delitos de abuso sexual y violación en contra de la funcionaria.

En paralelo al proceso penal, la víctima, representada por los abogados del estudio Rossel Fuentes y Urzúa Abogados, decidió emprender acciones legales en el ámbito laboral para exigir responsabilidades al Estado por su falta de protección y prevención.

La demanda: responsabilidad del Estado y medidas preventivas

El pasado 13 de febrero, el Segundo Juzgado Laboral y de Letras de Santiago acogió a trámite la demanda de tutela laboral presentada por la víctima. En un comunicado, sus abogados explicaron que la acción busca “obtener justicia y reparación” y que se adopten medidas para evitar que situaciones similares se repitan en el sector público.

“Esta denuncia no tiene por objeto obtener indemnizaciones o beneficios de carácter económico, sino declaraciones y reparaciones que garanticen la integridad de las trabajadoras y trabajadores”, señalaron los representantes legales.

La demanda apunta directamente a la Subsecretaría del Interior como empleador de la víctima, acusándola de vulnerar sus derechos fundamentales al no tomar medidas adecuadas frente a los actos de acoso sexual sufridos.

Entre las solicitudes concretas, se pide que la justicia declare:

1. Que la víctima tenía un vínculo de subordinación y dependencia con su empleador, el cual debió ser plasmado contractualmente.

2. Que la Subsecretaría del Interior vulneró sus derechos fundamentales durante la vigencia de su relación laboral.

3. Que la repartición, representada por Monsalve, incurrió en actos de connotación sexual que afectaron gravemente la integridad física y psíquica de la víctima.

4. Que la Subsecretaría actuó con negligencia al no tomar medidas adecuadas frente a los hechos denunciados.

5. Que la repartición es responsable de los daños y perjuicios sufridos por la víctima.

6. Que se ordene a la Subsecretaría adoptar medidas para reparar y garantizar la integridad de la víctima.

Un llamado a la prevención y erradicación del acoso

Los abogados de la víctima enfatizaron que el objetivo principal de la demanda es impulsar cambios estructurales en el sector público para prevenir y erradicar el acoso sexual y otras formas de violencia laboral.

“Con esta acción, buscamos no solo la reparación de la afectación sufrida por nuestra representada, sino también establecer medidas efectivas que protejan los derechos laborales y fundamentales de todas las trabajadoras y trabajadores”, señalaron.

El caso generó un amplio debate sobre la necesidad de fortalecer los protocolos de prevención y respuesta frente al acoso sexual en el ámbito laboral, especialmente en instituciones públicas.

La víctima y sus representantes esperan que este proceso judicial sirva como un precedente para garantizar entornos laborales seguros y libres de violencia para todas las personas.

Mientras tanto, Manuel Monsalve continúa en prisión preventiva, enfrentando cargos por abuso sexual y violación, en un caso que ha puesto en evidencia las falencias del Estado en la protección de sus funcionarios y en la prevención de conductas abusivas en el lugar de trabajo.