La Corte de Apelaciones de Valparaíso fijó para el próximo jueves 27 de febrero el inicio de la desocupación de cerca de diez mil personas que viven en el Cerro Centinela de San Antonio.

La mañana de este martes el ministro de Vivienda, Carlos Montes indicó a la prensa que hay conversaciones en curso y se está evaluando una alternativa sobre la base de catastros e informes que ha elaborado el ministerio.

“Asumimos como Estado y como Gobierno la ley, por lo tanto, acatamos lo que dicen los tribunales. Sin embargo, eso no significa no tratar de buscar soluciones. Como Gobierno hemos estado tratando de buscar soluciones (…) esta es una obligación humanitaria y social de asegurar condiciones de protección, especialmente para los niños” destacó.

El secretario de Estado añadió que el objetivo es poner de acuerdo a las partes sin dejar fuera a las familias organizadas.

“Las familias participarían con cooperativas y con un crédito buscar gestionar, lo que dependerá de las comisiones de las instituciones que puedan complementar y a partir de eso, solicitarle al Estado la urbanización y la construcción de alternativas de vivienda” explicó la autoridad.

Para el próximo lunes 24 de febrero se fijó una nueva reunión con los propietarios del terreno, el alcalde de San Antonio y el subsecretario Cordero, para continuar con los diálogos encaminados a resolver el conflicto social y habitacional.

Por su parte, la dirigenta del comité Nuevos Aires de San Antonio, Karina Ayala, afirmó que en la Megatoma hay expectativas sobre las cooperativas de viviendas para la compra del terreno por lo que no fue bien recibida la noticia del inminente desalojo, menos cuando se desconoce el fruto de las reuniones iniciadas ahora último por el Ejecutivo.

“Esta urgencia es a cargo del Gobierno que no le dió la seriedad que corresponde y la gente está dispuesta a luchar por sus casas. Aunque sea sectorizado, no vamos a permitir que se desaloje a ningún vecino y estamos todas las dirigencias en lo mismo, lucharemos con uñas y dientes para poder radicarnos en el territorio” advirtió Ayala.

La orden del tribunal de alzada porteño implica un proceso complejo de despeje del sector tomado hace más de 5 años y demandado el 2023, por parte de los dueños de los terrenos que piden su restitución. En consecuencia, el proceso será “en etapas”, de forma “razonable y paulatinamente” según lo indicado por la entidad judicial y serán la Municipalidad de San Antonio, junto a la Delegación Presidencial Regional y Carabineros los que se hagan cargo de las coordinaciones.