El Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta ordenó este martes una nueva reunión del Comité de Ministros en un máximo de 10 días para resolver por el futuro del proyecto Dominga y exigió el cumplimiento de la sentencia dictada el 9 de diciembre del año pasado, que instruyó al órgano pronunciarse sobre las reclamaciones en contra de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

El fallo apunta al cumplimiento incidental de las exigencias más que al fondo, puesto que el comité se habría excedido al abordar dos nuevas cuestiones que no formaban parte del fallo original, lo que implicaría un “incumplimiento a la sentencia”.

En diciembre se ordenó al Comité de Ministros dictar una nueva resolución dentro de un plazo de 15 días, lo cual venció el 31 de dicho mes. No obstante, la instancia sesionó con suplentes y emitió la resolución final el 14 de enero, lo que estaría fuera de plazo.

“La limitación que impone el artículo 30 de la Ley N° 20.600, resultaba esencial el cumplimiento de la obligación de hacer consistente en la dictación oportuna de una nueva resolución exenta de reemplazo por parte del Comité de Ministros” concluye el tribunal.

Rápidamente reaccionaron abogados de la Alianza Humboldt, conglomerado conformado por organizaciones nacionales e internacionales de la sociedad civil,  que calificaron de “ilegal” e “inédita” esta última resolución ya que en su opinión, “el Tribunal no puede, ni siquiera técnicamente, sustituir toda la información que ha puesto en duda la viabilidad de este proyecto, cuestión que le toca exclusivamente decidir a la autoridad administrativa”, explicó Marcos Emilfork, Coordinador Jurídico de ONG FIMA y representante de la Asociación Gremial de Pescadores y Mariscadores de Los Choros.

Mientras la abogada Alejandra Donoso, directora de Defensoría Ambiental y que representa a distintas comunidades locales opositora al proyecto de Andes Iron, sostuvo que se está “ordenando que se apruebe Dominga por vías que no existen en el ordenamiento jurídico, lo cual es gravísimo pues atenta contra el Estado de Derecho” advirtió.

Con el cuestionamiento a las motivaciones de la acción judicial, las organizaciones indicaron que presentarán un recurso de queja ante la Corte Suprema.