A partir de marzo, Carabineros podrá hacer uso de armas no letales, mejor conocidas como pistolas taser, en el marco del visto bueno que otorgó el Gobierno a un plan piloto en la Región Metropolitana que, en esta primera etapa, contempla su uso exclusivo para casos de violencia intrafamiliar. Se trata de un arma que, al activarla, dispara dos pinzas al cuerpo a una velocidad de alrededor de 175 km/h, infiriendo una descarga de alto voltaje que incapacita a nivel neuromuscular a la persona objetivo.

El anuncio levantó la alerta de organizaciones de derechos humanos ante una eventual extensión en su uso para otros casos de agresión que sufran efectivos policiales, y donde no se incluyan armas letales. Una solicitud que ya ha sido empujada por el gobernador metropolitano, Claudio Orrego, y una serie de alcaldes.

Ante esto, el subsecretario del Interior, Luis Cordero, dijo: “vamos a ver, los pilotos sirven para evaluar y sobre base de esas evaluaciones luego se toman otro tipo de decisiones“.

El jefe comunal de Santiago, Mario Desbordes, cuestionó: “Yo no sé por qué es necesario hacer un periodo de prueba de una pistola eléctrica que está probada y es utilizada por las policías de Europa y Estados Unidos hace décadas“.

“Me da la idea de que aquí hay una presión de un sector que ha sido contrario al uso de estos elementos intermedios, que es el Frente Amplio y el PC, porque, de otra manera, yo no logro entender que tengamos que hacer pruebas”, culpó.

Lo cierto es que, tanto la Comisión Chilena de Derechos Humanos como organismos internacionales, tales como Amnistía, han evidenciado reparos ante el riesgo de una mala utilización de armas de electrochoque, en modo contacto directo, porque advierten podría llevar a casos de torturas u tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Carlos Margotta, director de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, sostiene que las pistolas taser “deben estar sujetas al mismo criterio que se aplica al uso de armas de fuego debido a los riesgos que pueden tener sobre la integridad física y mental de las personas sobre las que se emplean”.

“Es un equipamiento que está siendo introducido de manera mayoritaria en diversos cuerpos policiales en todo el mundo, en ocasiones sin una consideración suficiente en cuanto a su peligrosidad, con insuficiente regulación y sobre todo sin suficiente mecanismo de control y rendición de cuentas. Además que, hay personas que por determinadas condiciones físicas son más vulnerables frente a este tipo de armas, entre ellas se encuentran los menores de edad, las personas mayores, personas con riesgos cardíacos como arritmia o personas que usan marcapasos y las mujeres embarazadas”, añadió.

En esa línea, afirmó que “la Comisión Chilena de Derechos Humanos, así como otros organismos de derechos humanos, han pedido la prohibición del uso de armas de electrochoque en modo contacto directo, pues se entraña considerable riesgo de tortura u otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes”. 

Por su parte, Viviana Cáceres, coordinadora de investigación de Amnistía Internacional Chile, aseguró que en “algunas situaciones puede ser necesario el uso de las tasers“, principalmente, como nuevas formas de mejorar el actuar policial de Carabineros. Sin embargo, señaló que “no se está ponderando a nuestro juicio con la suficiente importancia y reflexión que estas armas son por naturaleza muy peligrosas. Son armas que están concedidas para generar mucho dolor”.

“No están generadas para usarlas en la labor policial diaria o para hacer que alguien cumpla una orden. Están hechas para que, de acuerdo a los principios de necesidad y proporcionalidad, se usen realmente en situaciones extraordinarias“, afirmó.

En detalle, Cáceres preciso que como consecuencia de su uso “puede generar pérdidas de control muscular, la persona se puede caer al suelo, hay muchas personas que mueren producto de la caída al suelo. Es un arma tan compleja de utilizar que en Reino Unido, en el manual, se incorpora el hecho de que la persona que quede temporalmente incapacitada debe ser rápidamente controlada por el efectivo policial”.

En esa línea, cuestionó que en los lineamientos generales que fueron presentados por el Ejecutivo “se está pensando para lesiones, no para cuando esté en riesgo la vida“.

Por último, la coordinadora de investigación de Amnistía Chile advirtió que “esta arma por su complejidad y por su daño no puede ser ocupada para control de orden público. Debe ser ocupada solamente en situaciones que se diagnostique una necesidad operacional muy acotada y en situaciones extremas”.

“Son armas que, por ejemplo, pueden tener lesiones por penetración de las púas, especialmente en gente que sea pequeña o delgada, niños, niñas, a los que puede conducir a la penetración de órganos internos. También pueden las púas penetrar en la piel y puede ser particularmente grave si las púas golpean la cabeza, el cuello, los ojos, la ingle. Incluso ha habido casos en los que hubo lesiones en la cabeza y penetración en los ojos“, agregó.

Además, relevó que “el funcionario policial que se enfrenta a una situación no va a ver las afectaciones que tiene la persona. No es simplemente que alguien venga a capacitar a carabineros y le diga, “Mira, las características son estas, ocúpela de tal manera”, porque el policía no va a saber a quién se enfrenta”.

“Y ahí va a venir todo el tema de la rendición de cuenta y las responsabilidades. ¿De quién va a ser la responsabilidad cuando empecemos a ver situaciones que no queremos ver y que tengan que ver con el efecto de estas taser?”, cuestionó.