Fuera de los conductos regulares, desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo han defendido la propuesta de organización de cooperativas para que los pobladores adquieran las hectáreas de terreno ocupado y no prospere la orden judicial que ahora tiene a las partes negociando a contrareloj.

Durante la jornada de este miércoles, el delegado presidencial regional de Valparaíso, Yanino Riquelme, afirmó que si bien no se está de acuerdo con ocupaciones ilegales, “el problema de fondo es el déficit habitacional y en la región se le ha estado haciendo frente con una meta de 40 mil viviendas que se pretenden construir” aseguró.

En el caso de los ocupantes en Cerro Centinela, Riquelme sostuvo que hay preparación para el desalojo e incluso a la vista medidas de coordinación con organismos para la protección de la infancia, no obstante, destacó el rol intermediador del Gobierno entre los propietarios del terreno y los pobladores para evitar una futura acción de fuerza.

“Hoy cuando se habla de un proceso gradual tenemos que ir evaluándolo en su mérito… No hay definición precisa porque es una determinación de la Corte que tenemos hace dos días” expuso el delegado consultado por los medios para albergar a los vecinos retirados.

Por su parte, el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, manifestó su disposición a participar de la reunión prevista para la próxima semana con los involucrados en el conflicto, puesto que la entidad ha trabajado con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y existiría un programa que aborda temas de habitabilidad, de compra de suelos, de regulación de espacios públicos, asesoría técnica y de apoyo a condominios sociales.

“La situación habitacional y de vivienda en nuestra región es crítica, tenemos más de 374 campamentos y a nivel nacional son más de 110 mil familias, por tanto, Chile tiene un problema estructural, no tiene consagrado el derecho humano a la vivienda pero hoy el tema de la habitabilidad y de resignificar el lugar donde las personas quieren vivir, es fundamental” enfatizó Mundaca.

En tanto, el diputado socialista por la Región de Valparaíso, Tomás de Rementería, se sumó a los llamados al Gobierno a impedir que se produzca el desalojo y concentrar a la fuerza policial en prevenir y controlar delitos que han ido en aumento durante el verano en la comuna.

“Tenemos que llegar a un acuerdo que resguarde los derechos de los dueños y al mismo tiempo, genere una posibilidad de otorgar el derecho a la vivienda ya que el Estado le ha fallado a los vecinos de esta toma, acá tiene que ordenarse la compra de terrenos para comités de viviendas regulares de San Antonio y cerrar con un cerrojo la posibilidad de nuevas ocupaciones de terreno” planteó el parlamentario.

Dirigentes de la toma han advertido que se resistirán a una salida forzada del lugar y se mantienen expectantes a la propuesta de cooperativas para comprar el terreno.