Desde el Grupo Iniciativas por los derechos humanos, conformado por distintas organizaciones sociales, sindicales y de víctimas, manifestaron su preocupación por la decisión del Ministerio Público de no perseverar en mil 509 causas en que se denuncian violaciones a derechos humanos cometidos en el periodo del denominado estallido social.

Por medio de un comunicado, califican que el uso de esta facultad por parte de Fiscalía “pone nuevamente de manifiesto el incumplimiento del Estado de Chile respecto a sus obligaciones en esta materia” y que “es una cruda evidencia de cómo la falta de justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición del pasado permiten que la historia se repita, profundizando el trauma social al imponer nuevamente la impunidad a las víctimas, sus familias y la sociedad”.

La comunidad recuerda que “de acuerdo con el marco jurídico chileno la etapa de investigación es responsabilidad exclusiva del Ministerio Publico, y en el caso de denuncias en que existe participación de agentes del estado pertenecientes a Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Gendarmería, surge la entendible duda respecto a si existió la debida eficiencia, objetividad y oportunidad de las diligencias orientadas a obtener las evidencias probatorias necesarias para la preparación de juicios orales”.

“El Ministerio Publico tiene el deber de priorizar y poner a disposición todos sus recursos cuando se trata de delitos relacionados con derechos humanos, tales como tortura y apremios ilegítimos, debiendo considerar la vulnerabilidad de las víctimas, con especial atención en aquellos delitos que afectan a niñas, niños y adolescentes, así como población de especial protección”, relevan.

En esa línea, indican que “es un deber de mayor relevancia en estos casos establecer garantías de protección a víctimas y testigos, debido a que son las mismas instituciones involucradas en los delitos quienes deben realizar las investigaciones, más aun cuando es de público conocimiento que aún persisten practicas heredadas del periodo de la dictadura civil militar que se relacionan con los pactos de silencios, agentes encubiertos como los intramarchas, la doctrina de seguridad nacional aún presente en la formación de las FF.AA. enfocada en la idea del enemigo interno, lo que se expreso en la brutalidad de la represión ejercida contra quienes se manifestaron por cambios sociales”.

“Cientos de victimas de trauma ocular, golpizas, detenciones masivas, secuestros, torturas, violencia político sexual especialmente en casos de estudiantes secundarias, montajes de intramarchas, abuso de la medida de prisión preventiva, asesinatos, amedrentamiento, amenazas a brigadistas de salud e integrantes de medios de comunicación alternativos”, lamentan.

Bajo ese contexto, calificaron como “inverosímil, cuestionable y arbitrario que, existiendo un inusitado despliegue de contingente, grabaciones, cámaras de monitoreo y otros múltiples recursos técnicos en los espacios en que ocurrieron los delitos denunciados, el Ministerio Publico no haya tenido o exigido en su momento acceso a los antecedentes probatorios suficientes para la realización de juicio oral precisamente en causas que comprometen gravemente al Estado al tratarse de delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, generando doble vulneración a causa del daño causado por la negligencia de las instituciones encargadas de proteger a las víctimas, a quienes además se les traspasa la responsabilidad de la falta de material probatorio.

“En este sentido es imperativo enfatizar la responsabilidad del Estado y el actual gobierno respecto a investigar la existencia de conductas erróneas o arbitrarias del Ministerio Publico. Es preocupante además el incumplimiento de los compromisos adquiridos por el gobierno respecto a lograr justicia y reparación para las víctimas de las graves vulneraciones cometidas durante el estallido social, quienes hoy se encuentran en el más total abandono y olvido. En tanto los agentes del estado responsables gozan de privilegios y protección, seguros de que sus delitos a causa de esta decisión podrían quedar en la más peligrosa y dolorosa impunidad”, agregan.

Por último, instan como un imperativo a que “el Ministerio Público revierta esta medida, se reconozca la existencia de estos delitos imprescriptibles y se dé cumplimiento a las obligaciones emanadas del derecho internacional en orden a garantizar la investigación, justicia y reparación a las víctimas de violaciones a derechos humanos”.