El abogado Diego Ignacio Pereira-Fonfach, representante de los propietarios vinculados a inmobiliaria y constructora San Antonio, puso en duda la posibilidad de llegar a un acuerdo que permita postergar el desalojo de la megatoma de San Antonio.

En conversación con La Tercera, Pereira señaló que se han reunido “con el gabinete del ministro en los meses de noviembre y diciembre del año pasado. En esas reuniones, el Gobierno se comprometió a entregarnos una fórmula de acuerdo con algunos puntos que ya habíamos discutido. Se comprometieron a entregarnos una garantía eficaz y eficiente de la operación el 20 de diciembre, lo que no ocurrió”.

“También nos aseguraron que nos enviarían un cronograma del proceso de cooperativas durante diciembre, lo que tampoco ocurrió. Se comprometieron a entregar una tasación para el 15 de enero de este año, lo que nuevamente no ocurrió. Es decir, hasta ahora, de parte del Gobierno, solo hemos recibido incumplimientos”, afirmó.

Respecto a si existe disposición a un acuerdo, el abogado aseguró que siempre han “estado dispuestos a llegar a un entendimiento con el Gobierno para evitar que este conflicto termine en un desalojo masivo. Sin embargo, sin certezas, sin planificación y sin una propuesta clara, avanzar es muy difícil”.

En cuanto a la reunión del próximo 24 de febrero con el Ministerio de Vivienda, el representante dijo que van a “ir con mucha cautela y, por supuesto, vamos con preocupación porque tampoco queremos generar un escándalo social, pero se tendrá que entender que aquí existe, una sentencia de la Corte Suprema que fue refrendada y que dispone el derecho a la protección de la propiedad. Necesitamos tiempo para analizarla y evaluarla”.

“Estamos en posición de escuchar al Gobierno, pero si no cumplen sus compromisos, no entregan información clara y no presentan un plan bien estructurado en lo legal, lo financiero y lo organizacional, es imposible llegar a un acuerdo”, aseveró.

Sobre los puntos que no están dispuestos a transar, Pereira indicó que “el Gobierno debe constituirse como aval de la operación y entregar una garantía real y eficiente de que este acuerdo se cumplirá. No podemos avanzar sin una certeza clara de que el compromiso que se adquiera será respetado”.

“En segundo lugar, debemos llegar a un acuerdo respecto al precio del terreno. No porque el Estado estime que el valor del suelo es 0,58 UF/m² significa que estamos obligados a aceptar esa cifra”, agregó.

Asimismo, recalcó que creen “en el cumplimiento de la sentencia, pero al mismo tiempo miramos con preocupación lo que pueda ocurrir si el desalojo se materializa. Somos categóricos en señalar que, si no hay acuerdo, llevaremos el fallo hasta las últimas consecuencias”.