Es inminente. La sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso dispuso que, a partir del próximo 27 de febrero, se debe proceder al desalojo paulatino de los habitantes de “la toma más grande del país”.

Deben ser expulsadas alrededor de 10 mil 251 personas, que habitan los más de 4 mil inmuebles emplazados en el sector del cerro Centinela de San Antonio, en que cerca de un 33% son niñas, niños y adolescentes, más del 70% del total de las familias tiene una situación de alta vulnerabilidad social y un 13% son extranjeros, según datos entregados por el ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Los datos expuestos, dan cuenta de la complejidad del problema y el drama social que se está viviendo, lo que ha llevado a laboriosos esfuerzos de la cartera de Vivienda para intentar lograr un acuerdo con los propietarios del terreno y las familias que viven en la megatoma para que estas puedan organizarse como cooperativas y comprar los terrenos. Esto, además con la presión de respetar y dar cumplimento al fallo judicial de la Corte de Valparaíso, acuerdo que por ahora está lejos de alcanzarse y que de no lograrse según el ministro de la Vivienda, Carlos Montes, “generaría una situación insostenible desde el punto de vista humanitario”.

¿Cuál es el alcance de esta realidad a nivel nacional? En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el Director del Instituto de la Vivienda de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, Jorge Larenas, se refirió a la situación de los campamentos en el país. Reflexiona sobre su creciente aumento, las causas del actual escenario y las medidas que debiesen implementarse para mitigar y erradicar este complejo problema social.

Jorge Larenas, Director del Instituto de la Vivienda (UCH)

Asimismo, en lo relativo a la mega toma de San Antonio y en torno a la propuesta que se encuentra realizando el Gobierno para cumplir con el fallo judicial, subrayó que “abrir espacios de diálogo, es el camino correcto. Reconocer que se trata de un problema público y que se trata de situaciones de vulneración de derechos, es la forma de poner en relieve la multidimensionalidad del problema y que no es simplemente un problema privado (la ocupación de una propiedad privada) que debe resolverse judicialmente”.

De igual modo, respecto a los factores que permiten explicar el aumento de los campamentos, expuso que “existe la paradoja en que se incrementa progresivamente el parque habitacional en paralelo al incremento del déficit habitacional”.

“Ello se produce, de un modo más o menos importante, porque el mercado tiende a promover la vivienda como un modo de inversión y, por tanto, parte importante de ese nuevo parque ingresa directamente al mercado del arriendo y no exclusivamente al arriendo convencional sino que una proporción de ese parque ingresa al mercado del arriendo de corta duración y/o turístico, lo cual impacta al alza en los precios”, complementó.

Un dato de importancia que permite entender el aumento de los campamentos tiene que ver con que un tercio de la población migrante, residiendo en campamentos, llegó a vivir a uno de ellos, a partir del año 2020 y entre los catastros de los años 2019 y 2022 se contabilizó un incremento de 355 nuevos campamentos y un poco más 290 mil hogares.

En esa línea, el académico manifestó que “es posible hipotetizar que el incremento de la población migrante (desde el año 2018 hubo un incremento exponencial de la migración venezolana) que no existía como variable en ninguna planificación, trastocó de manera importante cualquier estrategia gubernamental para atender el problema del acceso a la vivienda, generando un importante incremento de la demanda por vivienda, específicamente en el mercado del arriendo”.

Todo ello sumado al impacto que tuvo la pandemia en los salarios de las personas, lo que provocó que muchas familias se encontraran en la incapacidad de solventar los gastos de vivienda y esto dentro de un contexto de especulación inmobiliaria y la deficiente capacidad del Estado para intervenir estructuralmente en el problema, y otorgar soluciones de fondo, ello debido fundamentalmente al modelo imperante en donde el Estado, más bien, puede regular los mercados y solo actuar subsidiariamente.

En consecuencia, afirmó que “el campamento aparece como un mecanismo alternativo de acceso a la vivienda en un contexto en que esta deviene inasequible: las familias vulnerables destinan el 54% de sus ingresos al pago de arriendo y cuando se trata de dividendos es del orden del 40%, muy por encima del límite del 30% que se establece internacionalmente para gastos en vivienda”.

Asimismo apuntó que de acuerdo a estadísticas del año 2022, se identificaron en el país, 1091 campamentos, los que albergaban cerca de 72 mil hogares y más de 200 mil personas, con una importante presencia de mujeres, 51%, y que se encuentran compuestos principalmente por familias jóvenes con niños de corta edad, advirtiéndose que de acuerdo a los catastros del 2024, orientados a contabilizar el número de campamentos, estos se incrementaron, llegando a 1432.

De igual modo, los datos disponibles dan cuenta que mayoritariamente la población que reside en campamentos es de nacionalidad chilena y la población extranjera es del orden aproximadamente del 36%.

Demuelen casas en campamento ubicado en Avenida Pajarito con camino a Melipilla en la comuna de Maipú.

Para abordar los casos de asentamientos informales se deben promover políticas públicas que contribuyan y vayan dirigidas a la producción de viviendas asequibles para toda la población, sin que la regeneración de las áreas centrales fomente la gentrificación, esto es, que un flujo de personas de mayores ingresos económicos desplace a los habitantes más pobres de las áreas de intervención, y el desafío está como advirtió el académico en “la necesidad de frenar las formas destructivas de urbanización que solo promueven la inversión y, en su lugar, reconstruir la ciudad como un cuerpo político democrático que erradique la pobreza y la desigualdad social”.

“En línea con la Nueva Agenda Urbana de Hábitat III (ONU-HABITAT, 2016), se debe fomentar una política de desarrollo urbano territorial que brinde directrices para la formulación de estrategias de desarrollo espacial”, añadió.

Para lograr la erradicación de los campamentos, las medidas deben priorizar la renovación urbana mediante densidades demográficas sostenibles y la construcción de proyectos habitacionales que no impacten negativamente en sus entornos, evitando el crecimiento urbano sin control, la marginación y el deterioro de los espacios públicos. “Además, la gestión colaborativa del territorio se presenta como un pilar fundamental, donde actores públicos, privados y comunitarios trabajen de manera conjunta en la planificación, alineando intereses y objetivos comunes” agrega Jorge Larenas. 

“Esto permitiría promover un desarrollo urbano más equilibrado, prestando especial atención a los impactos que puedan generarse tanto en la población como en el territorio”, finalizó.