Todas las fichas del Gobierno, pero en especial del Ministro de Vivienda, Carlos Montes, se encuentran apostadas en lograr un acuerdo definitivo en el marco de las negociaciones por la megatoma de San Antonio, lo que permitiría diseñar una estrategia de solución que marcaría un precedente para otros asentamientos irregulares a lo largo del país.

Esto, luego de que el Ejecutivo y los propietarios de los terrenos ocupados suscribieran un protocolo marco, suspendiendo así el procedimiento de desalojo a más de 10 mil personas en la zona que había mandatado la Corte de Apelaciones de Valparaíso, cuyo plazo culminaba este próximo jueves a las 10:00 horas.

En un punto de prensa, el ministro Montes declaró sentirse “satisfecho” tras la reunión y anunció la conformación de una comisión técnica que tendrá una duración de seis meses, donde habrá expertos y un representante por cada parte (Minvu, municipio, propietarios), quienes deberán definir el precio del m2 de hectáreas -la discusión principal-, establecer garantías y que se realice la compra en un solo acto vía cooperativas.

Cabe destacar que ya se han constituido 16 asociaciones y se espera que en los próximos días se logren 32. Las y los pobladores no se harán parte de la mesa técnica, ya que las empresas pidieron que todo se canalizara mediante el municipio.

El ministro Montes destacó así que “aquí se abre un camino distinto, un camino en que aquellos que han hecho tomas van a tener que reunir recursos para pagar el terreno y a partir de lo cual postular, al igual que el resto de los chilenos a los subsidios correspondientes”.

“Y quiero decirle esto, porque no se entiende muy bien. Esto no es un caso aislado, es parte de una política pública más nacional, busca construir una política pública. Veamos qué pasa porque esto no ha terminado, dimos un paso importante, pero esto tiene que seguir adelante en la conversación, especialmente con las familias y también con las empresas”, añadió.

Desde el Ejecutivo, destacan que el Estado no destinará fondos para financiar la solución habitacional, sino que tendrá un rol “mediador“. Aunque, fuentes del Minvu plantean que una de las hipótesis que se evalúan es que se preste colaboración con el acceso de créditos hipotecarios o por medio de una garantía.

Mesa investigativa de San Antonio. Imagen: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile.

Jorge Pérez, miembro de la mesa investigativa de San Antonio, señaló: “Me hubiera gustado que hubiera sido definitivo, como todo habitante de San Antonio, pero es un paso, ya se logró algo de lo que durante mucho tiempo no se había hecho. Entonces, lo importante de todo esto es que hay una voluntad de todas las partes, ministerio, dueños, pobladores y alcaldía”.

En tanto, el alcalde de la comuna, Omar Vera (independiente), señaló que la situación “estaba súper compleja del punto de vista social, seguridad y humanitario para la comuna de San Antonio. Y nos va a permitir justamente generar un proceso, en un plazo máximo de 6 meses, para resolver este tema y permitir que la gente, que cumpla con los requisitos, pueda optar a soluciones habitacionales en el futuro”.

Este martes, el Gobierno presentará en la Corte de Apelaciones de Valparaíso un documento para informar al tribunal de las bases del acuerdo y así suspender el desalojo. Al respecto, el subsecretario del Interior, Luis Cordero, relevó que “en el pasado, el Ejecutivo u otros asuntos públicos han tenido una situación similar y la Corte lo suele tener presente con ese fin, así que dado el contenido del acuerdo y el escrito que se estaría presentando ante la Corte, no hay desalojo el día 27″. 

En el caso de no lograr acuerdo durante el plazo definido para las negociaciones, la comisión establecerá las modalidades para proceder a dar cumplimiento paulatino al fallo.