La Coordinadora de Derechos Humanos del Partido Comunista, Partido Socialista, Frente Amplio, Partido de Acción Humanista y la Federación Regionalista Verde Social emitiron una declaración conjunta para expresar su inquietud por las últimas transgresiones de los derechos fundamentales en Argentina durante el mandato de Javier Milei.

En el texto se advierte que Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU ya han expresado su preocupación.

Entre las expresiones de  vulneración de los derechos económicos y sociales apuntados están: “el índice de pobreza que aumentó al 52,9 por ciento, impactando sobre todo a las mujeres, la niñez y las personas jubiladas, mientras crece el desempleo, se desmantela el carácter protector del Estado y disminuye la capacidad de la población de acceso a los bienes esenciales” señalan.

Además, anotan la reducción del espacio para el ejercicio de los derechos civiles y políticos, lo que se expresaría, entre otros hechos, en “la vulneración de la libertad de reunión, con amedrentamientos, detenciones arbitrarias y criminalización de manifestantes pacíficos”.

En tanto, aseguran que el régimen de Milei desvinculó a cerca del 50 por ciento de las y los trabajadores de la Secretaria de Derechos Humanos y dejó sin personal a los sitios de memoria. Asimismo, afirman que los defensores de los derechos humanos,  “son blanco de ataques en las redes sociales y en los medios de comunicación adictos al oficialismo“, a lo que suman, el notorio retroceso en políticas de igualdad de género, derechos de la mujer y de las disidencias sexuales, derechos reproductivos y protección contra la violencia hacia las mujeres y personas del colectivo LGBTIQ+.

En derechos de las mujeres, acusan que se ha llegado a proponer la eliminación del feminicidio del Código Penal y que ya se suprimió el Ministerio de la Mujer y los equipos de patrocinio jurídico en violencia de género, además de reducido los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ), de particular relevancia para los territorios populares.

En el conteo agregan el golpe a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, que ha dado viabilidad a la conmovedora y reconocida búsqueda de las Abuelas de Plaza de Mayo, derogando el Decreto 715/2004 que había creado la Unidad Especial de Investigación de este organismo.

“Estas medidas han sido acompañadas por burdos discursos negacionistas” reclaman y miran con cuidado el que la actual administración intentaría retirar a Argentina del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas con la justificación de que pretendería imponer una imaginaria “agenda ideológica” a sus países miembros.

La declaración concluye con el apoyo al movimiento de Derechos Humanos trasandino, al que simbolizan con las Madres y Abuelas de la Plaza de Mayo, así como en H.I.J.O.S. y en Familiares de Desaparecidos por Razones Políticas. Asimismo, manifiestan su rechazo al silencio cómplice de la derecha y extrema derecha chilenas.