La ministra del Interior, Carolina Tohá, anunció anoche que el Gobierno acudirá a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya antes de que termine la investigación por el secuestro y homicidio del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, cometido en febrero de 2024 en Chile.

En entrevista con 24 Horas, la ministra expresó que “hay una investigación que arroja datos preocupantes que requieren una mirada ciertamente de la investigación chilena, pero también del tribunal respecto a la posible involucramiento de otro Estado en un delito cometido en Chile”.

Luego, además, confirmó que “no vamos a esperar a que concluya la investigación para que la Corte tenga estos elementos”. En ese sentido, anunció que el canciller Alberto van Klaveren y un representante de la Fiscalía viajarán a Países Bajos con los antecedentes de la indagatoria.

“Nosotros vamos a ir a la Corte antes de que termine la investigación, entregándole los antecedentes que se pueden entregar, porque la investigación todavía tiene elementos de reserva, no está abierta, desde ya. Son cosas que se están agendando y coordinando en sus detalles”, explicó la ministra.

Tohá también enfatizó que “no vamos a dar por cerrado el capítulo de demandarle a Venezuela las obligaciones que tiene, porque las relaciones diplomáticas están en un punto de congelamiento pero no están rotas, hay convenios internacionales. Además está la Interpol, y muchos otros mecanismos por los cuales uno puede y está en condiciones de hacer ciertas solicitudes y ciertas exigencias”.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) es el principal órgano judicial de las Naciones Unidas. Sus funciones principales son resolver por medio de sentencias las disputas que le sometan los Estados. Es distinta a la Corte Penal Internacional, que somete a juicio crímenes de guerra y de lesa humanidad. Ambas tienen su sede en La Haya, Países Bajos.

Por su parte, Héctor Barros, fiscal jefe del equipo ECOH a cargo de la indagatoria, afirmó a 24 Horas que existen antecedentes de la investigación que indican que el pago y el encargo de la muerte del ex teniente vendrían del gobierno venezolano.

“Este hecho lo habría encargado el gobierno venezolano. Habrían pagado la mitad del dinero en otro país y, por lo tanto, las órdenes venían desde la cúpula del Tren de Aragua, desde el Niño Guerrero hacia abajo”, afirmó.

Barros enfatizó que un antecedente adicional apunta a que en el pago habría estado involucrado el propio Diosdado Cabello, ministro del Interior de Venezuela, considerado el número dos del régimen de Maduro.

Según la nota de 24 Horas, el Gobierno aún no ha establecido una fecha para acudir a la Corte Internacional de Justicia.