La Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió este miércoles la solicitud de suspender el desalojo de la megatoma ubicada en el Cerro Centinela, en San Antonio. La resolución establece que el desalojo, que estaba programado para este jueves, quedará en pausa por los próximos seis meses, contados a partir del 27 de febrero.

El asentamiento, que alberga a aproximadamente 10 mil personas, ha sido objeto de tensiones debido a la ocupación del terreno, que es de propiedad privada. La decisión de la Corte llega en un momento crítico, ya que las familias enfrentaban la inminente posibilidad de ser desalojadas.

Cabe destacar que el Gobierno había suscrito previamente un “Protocolo de Acuerdo” con los dueños del terreno y el Municipio de San Antonio. Sin embargo, la Corte aclaró que su resolución es independiente de este acuerdo y se basa en consideraciones jurídicas y sociales relacionadas con la situación de las familias que habitan en el lugar.

El “Protocolo de Acuerdo” establece la conformación de una comisión técnica integrada por representantes de los dueños del terreno, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y el Municipio de San Antonio. Esta instancia tendrá como objetivo evaluar las condiciones de venta del terreno, incluyendo su precio y las garantías necesarias para una posible transacción.

La comisión estará compuesta por profesionales de la construcción, quienes deberán informar a las partes involucradas sobre las condiciones del terreno y las alternativas para su adquisición. Además, se establece que, en caso de no alcanzar un acuerdo, la comisión deberá definir las modalidades para cumplir de manera razonable y paulatina con el fallo judicial que ordena el desalojo.

Entre los puntos clave del protocolo se encuentra la posibilidad de adquirir el predio en su totalidad a través de cooperativas u otras alternativas. También se abordará el sistema de garantías y el precio del terreno, con el fin de encontrar una solución que beneficie a todas las partes involucradas.

La suspensión del desalojo por seis meses brinda un respiro a las familias que habitan en la megatoma, mientras se buscan soluciones definitivas. No obstante, el proceso sigue siendo complejo, ya que requiere conciliar los intereses de los propietarios del terreno, las necesidades de las familias y las responsabilidades del Estado.