En un controvertido decreto emitido por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis) del gobierno de Javier Milei, se utilizaron términos obsoletos y discriminatorios como “idiota”, “imbécil” y “débil mental” para referirse a personas con discapacidades intelectuales. El documento, que establece los lineamientos para el otorgamiento de pensiones no contributivas por invalidez laboral, ha sido duramente criticado por organizaciones de derechos humanos y de personas con discapacidad.
El anexo I de la “Normativa para la evaluación médica de invalidez” clasifica a las personas según su coeficiente intelectual (CI) utilizando categorías como “idiota” (CI 0-30), “imbécil” (CI 30-50) y “débil mental” (leve, moderado o profundo). Estas denominaciones, consideradas peyorativas y obsoletas, han sido calificadas como un retroceso en la lucha por la dignidad y los derechos de las personas con discapacidad.
Según el decreto, el objetivo de la normativa es evitar fraudes en el otorgamiento de beneficios estatales, estableciendo criterios médicos rigurosos para determinar la incapacidad laboral total y permanente. Sin embargo, el lenguaje utilizado ha sido señalado como una violación a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que Argentina ratificó en 2008.
Organizaciones como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) han presentado reclamos formales al gobierno, exigiendo la derogación de la normativa. Eduardo Quiroga, abogado de ACIJ, afirmó que estas expresiones “refuerzan la discriminación histórica” y son contrarias a los deberes del Estado en materia de derechos humanos.
Gabriela Troiano, presidenta de REDI, calificó el uso de estos términos como un “acto de violencia institucional sin precedentes” y señaló que refleja un “profundo desconocimiento” de las normativas vigentes y de la dignidad de las personas con discapacidad. Además, destacó que este tipo de lenguaje contribuye a perpetuar estereotipos y prejuicios en la sociedad.
El decreto también ha sido cuestionado por establecer barreras adicionales para acceder a los beneficios, ya que exige una amplia documentación médica y evalúa condiciones específicas como trastornos psiquiátricos y discapacidades intelectuales bajo criterios considerados restrictivos y desactualizados.
Mientras las críticas crecen, el gobierno de Milei enfrenta un desafío significativo en materia de derechos humanos, con llamados a revisar y modificar la normativa para garantizar un trato digno y respetuoso hacia las personas con discapacidad.
