“Idiota”, “imbécil” o “débil mental”, así será considerada cualquier persona con un grado de discapacidad mental en Argentina, esto ya que el gobierno de Javier Milei desempolvó un término ya en desuso para la evaluación de aquellos merecedores de una pensión por invalidez laboral.
Fue con estos duros y obsoletos términos que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis) publicó el anexo de un decreto que dibuja los lineamientos para el otorgamiento de asignaciones estatales a las personas con discapacidad que no pueden trabajar. “El idiota no atravesó la etapa glósica, no lee ni escribe, no conoce el dinero, no controla esfínteres, no atiende sus necesidades básicas, no pude subsistir solo. El imbécil no lee ni escribe, atiende sus necesidades elementales, pueden realizar tareas rudimentarias. El débil mental profundo solo firma, tiene vocabulario simple, no maneja el dinero, puede realizar tareas rudimentarias”, dice el anexo del decreto.
Cabe destacar que esta medida fue lanzada el pasado 16 de enero, pero cobró relevancia en los medios durante esta semana. Tras la polémica, la Agencia Nacional de Discapacidad publicó un comunicado en X, en el que informó que modificará la resolución. “La Resolución 187/2025 y su anexo serán modificados siguiendo los estándares médicos y normativos vigentes, con el objetivo de garantizar que la terminología utilizada esté alineada con las referencias internacionales, como la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11) y el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5). Es importante aclarar que esta corrección no modificará el baremo ni sus criterios de evaluación“, señala el texto.
Comunicado: La Agencia Nacional de Discapacidad modificará la Resolución 187/2025. pic.twitter.com/sxWj8r2BUT
— Agencia Nacional de Discapacidad (@andiscapacidad) February 27, 2025
Tras la masificación del decreto, la coordinadora del Programa de Derechos de las Personas con Discapacidad de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Belén Arcucci, señaló en conversación con el medio argentino C5N que “es problemático considerar un porcentaje de invalidez, no existen personas válidas y no válidas”.
Arcucci explicó que esta resolución “establece un baremo médico”, es decir, una clasificación basada en un decreto de 1998, donde se incluyen estos términos, los cuales, según ella, “no solo son obsoletos desde el punto de vista médico, sino también violentos y estigmatizantes”.
En ese sentido, la especialista indicó la cantidad de dinero que otorga esta pensión: “La pensión no contributiva, que reciben las personas con discapacidad es del 70% de una jubilación mínima, el mes pasado con el bono era 270 pesos (argentinos), hoy sin el bono no llega ni a los 200 pesos“.
En ese sentido, la especialista también cuestionó el monto de la pensión que reciben las personas con discapacidad en Argentina: “La pensión no contributiva que reciben las personas con discapacidad es del 70% de una jubilación mínima. El mes pasado, con el bono, era 270 pesos (argentinos), pero hoy, sin el bono, no llega ni a 200 pesos“
Asimismo, Arcucci recordó que en 2024 se modificó el decreto que establece los requisitos para acceder a esta pensión, pero se restauraron los criterios de 1997, que son aún más restrictivos.”En 2008, Argentina firmó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y, desde entonces, tiene obligaciones específicas en esta materia. Sin embargo, se han reinstalado requisitos como el 66% de invalidez laboral, la prohibición de trabajar o tener ingresos, y la exigencia de no contar con familiares que puedan mantenerte“.
Sobre la respuesta de la Agencia Nacional de Discapacidad, Arcucci criticó la tardanza del organismo en reaccionar, señalando que varias organizaciones de derechos humanos habían enviado un reclamo formal a la ANDis a principios de febrero.
“Nosotros interpusimos el reclamo el 7 de febrero y no obtuvimos ninguna respuesta formal. Hoy, con la viralización del tema en los medios, finalmente se pronuncian. Pero el problema de fondo sigue siendo cómo van a medir quién es más o menos ‘inválido’, porque la capacidad de una persona no puede evaluarse de esa manera; debe ser un análisis individualizado“, concluyó.
Terminología obsoleta y discriminación
Al respecto, en conversación con Radio Universidad de Chile, la doctora en Derecho y profesora titular de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile, Yanira Zúñiga, se refirió al uso de términos como “idiota”, “imbécil” y “débil mental” en decretos oficiales. Según la experta, “si bien son expresiones un poco ambiguas, existen concreciones en normas específicas”.
Además, explicó que en materia de derechos de las personas con discapacidad, la Convención de Naciones Unidas establece obligaciones concretas para los Estados, especificando el contenido de esos principios y delimitando sus responsabilidades.
Yanira Zúñiga, doctora en Derecho y profesora de la Universidad Austral.
En ese sentido, Zúñiga señaló que si se analizan diversas cláusulas de la Convención –ratificada por Argentina junto con su protocolo complementarios- se observan obligaciones “bien precisas” por parte del Estado. Estas incluyen la necesidad de evitar alimentar prejuicios y estereotipos a través de sus propias acciones y de promover la concienciación en la comunidad para erradicar la discriminación contra personas con discapacidad.
Respecto al reciente comunicado de la Agencia Nacional de Discapacidad, la académica advirtió que si el gobierno argentino “echa pie atrás” en esta resolución, “los recursos pueden quedar sin base jurídica”. No obstante, señaló que “habrá que ver cuáles son las determinaciones que tomará el gobierno en el futuro”.
En ese sentido, la doctora en Derecho afirmó: “Es difícil pensar que se trató de un error trivial, porque uno de los rasgos de la administración del presidente Milei ha sido cuestionar buena parte de estos avances. No solo los relacionados con discapacidad y el uso de una terminología más apropiada, sino también otros términos en el marco de agendas sociales, como las de género”.
Finalmente, Zúñiga sostuvo que será clave observar si efectivamente el gobierno rectificará esta decisión y si esta es la única normativa en la que aparecerá dicha terminología o si podría replicarse en otras disposiciones.
Por su parte, la doctora en Psicología e investigadora del Instituto Milenio para la Investigación del Cuidado (MICARE), Paulina Arango, tachó el uso de estos términos en el decreto como “un lenguaje que vulnera los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad, no solo mental, sino también intelectual”.
Además, advirtió que “uno de los problemas del decreto es que mezcla la discapacidad intelectual y la mental, que es la que se asocia a alguna condicion psiquiatrica, como si fueran un mismo grupo, cuando en las clasificaciones internacionales dos grupos completos”.”Es un lenguaje que no solo está obsoleto, sino que también es denigrante. Cuando uno dice que ‘una persona es débil mental’, tiene un contenido fuerte, en la que además están denigrando a la persona y esto muestra que tienen una visión obsoleta”, agregó.
Respecto a cómo se alinea este decreto con las normativas internacionales, la experta señaló que “está totalmente desalineado”, en particular con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad—firmada en 2006 y desarrollada por la ONU—, pero también con “los manuales de diagnósticos que se usan en psicología y psiquiatría para identificar condiciones del neurodesarrollo y de salud mental”.
La doctora en Psicología e investigadora del Instituto Milenio para la Investigación del Cuidado (MICARE), Paulina Arango.
Sobre las acciones necesarias para corregir esta situación, la especialista afirmó que “lo primero es alinearse, al menos con los estándares internacionales, es decir, a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La Convención es un acuerdo internacional en donde hay definiciones y en donde países como Argentina, Chile, la mayoría de los países del mundo firmamos y ratificamos el compromiso. Entonces, desconocer un acuerdo internacional con el que se supone que todos deberíamos estar trabajando es un problema”.
También destacó la importancia de manuales diagnósticos que apoyan los procesos de identificación, como el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM), los cuales se van actualizando cada siete o diez años. “Este es un lenguaje que utiliza este decreto, que es del siglo XIX, con unos criterios que están súper obsoletos. Y eso sucede porque ni siquiera se está alineando con los manuales médicos diagnósticos. Lo mínimo basarse en estas convenciones internacionales, en los estándares que mandan los criterios diagnósticos e idealmente que se incorporen siempre a personas expertas por experiencia en el desarrollo de políticas públicas”, concluyó.
