Mediante una carta dirigida al fiscal nacional, Ángel Valencia, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), en conjunto con organizaciones sociales denunciaron y rechazaron la decisión del Ministerio Publico de no perseverar en mil 509 causas en las que se investigan violaciones a derechos humanos cometidos por agentes del Estado, esto en el marco del estallido social del 2019, las que han sido parte de informes de distintos organismos nacionales e internacionales que han “exigido al Estado chileno su solución de acuerdo con el derecho internacional”.

El texto, firmado por la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y dirigenta de la CNDDHH, Alicia Lira Matus, señaló que “esta decisión del Ministerio Público constituye un acto flagrante de denegación de justicia manifestando una clara voluntad institucional por la impunidad de las acciones ilícitas ejecutadas en el contexto de un ataque sistemático y generalizado en contra de la población civil, que tuvo como ejecutores a funcionario públicos pertenecientes a Carabineros y a las Fuerzas Armadas”.

En ese sentido, la misiva señala que: “En esta medida del Ministerio Publico se advierte nuevamente una clara intencionalidad política orientada a deslegitimar y estigmatizar el derecho humano a la movilización social como mecanismo para alcanzar transformaciones económicas, sociales y culturales que permitan la dignidad humana“.

En conversación con Radio Universidad de Chile, Alicia Lira Matus, indicó que “nunca es tarde, a pesar de los seis años del estallido social, para señalar que ha habido una vulneración de derechos humanos“.

“Hoy esta declaración, es una carta abierta al fiscal nacional, Ángel Valencia, para demostrar  un repudio, un rechazo y reiterar nuestra molestia ante el anuncio del Ministerio Público de no perseguir con las causas de violación a derechos humanos del 2019. Esto nos parece lamentable y terrible porque sería un acto de denegación de justicia a las víctimas que sufrieron las violaciones de sus derechos. Además, de que hay al rededor de 1.509 causas que van a quedar sin investigar, lo que es necesario y que va contra de tratados y convenios internacionales, pero también es nefasto proceder y dejar en blanco el actuar de las policías o militares”.

En ese sentido, la activista expresó que el Gobierno tiene que buscar la forma y el mecanismo de cumplir con la reparación integral que se le debe a los jóvenes porque hay  que “recordar, como indican ahora la mayoría de las victimas, de la violación a derechos humanos”.

“El Ministerio Público no puede ni debe hacer vista gorda ante los hechos que han hablado por sí mismos, hay videos y hay imágenes”, sostuvo.

Por su parte, el dirigente nacional de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Patricio Lama, remarcó la importancia de esta carta. “Todo el mundo sabe que durante el estallido social hubo una cantidad importante de situaciones de violación a los derechos humanos, que va desde la muerte de algunos manifestantes, el asesinato de otros y los maltratos y tortura en algunos casos”, agregó.

Asimismo, respecto al rol que debe tener el Gobierno en este asunto el dirigente hizo hincapié en que esperan que el gobierno del Presidente Boric “haga ver la importancia de esta carta y que logra asumir la evaluación ética de estos casos”.

“Lo que nosotros esperamos, cuando se presenta esta carta que está respaldada por casi 200 organizaciones de derechos humanos y organizaciones sociales, es que el fiscal nacional tome nota de del impacto que está generando esta división y de que traiga una decisión con asuma con obligación ética y legal de investigar las denuncias sobre violaciones de derechos humanos durante el estallido social que ocurrieron en nuestro país”, concluyó.