Posterior a una visita al Complejo Fronterizo Colchane, el equipo regional de la Defensoría de la Niñez en Tarapacá identificó serias deficiencias en las condiciones humanitarias para niños, niñas y adolescentes (NNA) migrantes. La inspección reveló posibles casos de trata de personas y situaciones de alto riesgo para los menores.

El Defensor de la Niñez, Anuar Quesille, criticó la falta de respuesta adecuada y oportuna por parte de las instituciones responsables, lo que resultó en la vulneración de los derechos de los menores en tránsito. Durante la visita, se constató que muchos niños y adolescentes no habían comido en más de 24 horas, con uno de ellos sufriendo una grave crisis de salud. Además, se encontraron baños insuficientes y en malas condiciones, así como la falta de instalaciones seguras para pernoctar.

“Es importante señalar que esta observación en terreno de la Defensoría de la Niñez se suma a otras realizadas en febrero, que a su vez respondían a un seguimiento a las recomendaciones que hicimos tras la observación realizada en septiembre de 2024 y a la verificación de los compromisos establecidos por la Subsecretaría del Interior en agosto del año pasado”, explicó.

Quesille agregó que “hasta ahora la respuesta de las instituciones responsables a nivel regional no han sido suficientes ni oportunas, lo que ha llevado a exponer a niños, niñas y adolescentes en situación de movilidad humana a vulneraciones de derechos”.

La entidad de protección infantil también informó que más de 200 personas estaban esperando sus trámites migratorios en un recinto con capacidad máxima para 30 usuarios y una sala de espera para solo 16. Esta situación representa una regresión en la protección de los derechos de los menores, comparado con las condiciones materiales y estructurales que existían en 2021.

Quesille hizo un llamado urgente a las autoridades, lideradas por el Ministerio del Interior, para que tomen medidas rápidas y efectivas que garanticen condiciones humanitarias mínimas, permitiendo el acceso a servicios básicos como agua, comida y abrigo, independientemente del estatus migratorio de las personas.

“Es muy relevante para nosotros alertar que, con esta situación, el Estado de Chile está generado de manera evidente una regresividad en términos de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. En 2021 este dispositivo contaba con todas las condiciones materiales y estructurales que permitieron la organización interinstitucional para una respuesta humanizada y con un piso de protección en elementos básicos como la alimentación y abrigo. Pero eso hoy se ha ido diluyendo hasta el punto en que se pone en riesgo la vida de ellos y ellas”, declaró.

La Defensoría de la Niñez recomendó una planificación y coordinación a nivel nacional con el Ministerio del Interior y Seguridad Pública para asegurar una acción clara y concreta por parte de la Delegación Provincial del Tamarugal.