Este 27 de febrero debían ser expulsadas las más 4 mil familias emplazadas en el sector del cerro Centinela en San Antonio. Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió la solicitud de suspender el desalojo de la megatoma luego de un “protocolo de acuerdo” entre el Gobierno y los propietarios del terreno. 

La resolución establece que el desalojo quedará en pausa por los próximos seis meses, a partir de este 27 de febrero. No obstante, la Corte aclaró que su resolución es independiente de este acuerdo y se basa en consideraciones jurídicas y sociales relacionadas con la situación de las familias que habitan en el lugar.

Según los datos entregados por el ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), son más de 10 mil las personas que habitan la megatoma. De ellos, el 33% son niñas, niños y adolescentes. Además, cerca del 70% del total de las familias que habitan el campamento tiene una situación de alta vulnerabilidad social.

El “protocolo de acuerdo” establece la conformación de una comisión técnica integrada por representantes de los dueños del terreno, el Minvu y el Municipio de San Antonio. Esta instancia tendrá como objetivo evaluar las condiciones de venta del terreno, incluyendo su precio y las garantías necesarias para una posible transacción.

Pero el caso de la toma de San Antonio no es único. Según información del Minvu, en el país existen mil 432 campamentos a nivel nacional, de los cuales 52 cuentan con orden de desalojo.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, Isidora García, directora social de TECHO-Chile, explicó que el aumento explosivo de los campamentos durante la última década se debe “a varios factores y es un fenómeno bastante complejo. Hay que mirar en el fondo las causas desde diferentes dimensiones”.

“Lo que nos dicen la mayoría de las familias con las que nosotros trabajamos a nivel nacional, los datos tanto de nuestro catastro como desde el Ministerio de Vivienda, señalan que han llegado a vivir a campamentos por motivos de índole económica, esto es, los altos costos de los arriendos, los bajos ingresos y la necesidad de dejar de ser allegado”, detalló García.

Vista aérea del campamento Manuel Bustos de Viña del Mar. Raúl Zamora/Aton Chile.

En esa línea, la directora social de TECHO-Chile dio cuenta de que el aumento explosivo de personas viviendo en campamentos se ve agudizado cuando “hay crisis económicas o crisis sociales como la que hemos tenido en los últimos años y también tiene que ver con el precio de la vivienda, no solamente es que las personas tengan menos ingresos, sino que también el alza en los precios de la vivienda ha subido cuatro veces lo que ha subido el salario en promedio en los últimos 10 años”.

García explicó que al existir más barreras para poder acceder a una vivienda adecuada dentro del mercado de vivienda formal, conlleva a que el campamento se termine configurando como una solución a esta problemática que enfrentan las personas en algunos casos. 

En esa línea, cuestionó la falta de viviendas sociales que se han construido durante los últimos años: “si no se aborda el déficit habitacional que está presente, hace también que crezcan los campamentos, hay muchas personas que vienen a campamentos, que vienen de trayectorias de exclusión habitacional anteriores como puede ser el hacinamiento, el allegamiento entre otras”.

“Es un fenómeno complejo, tiene diferentes causas este aumento. Además, venimos alertando desde hace muchos años, o sea desde que esto empezó a aumentar ya por ahí el año 2010-2011, nosotros veníamos alertando porque hacemos catastros, vamos monitoreando el crecimiento y el aumento de estos. Es algo que nos ha tenido preocupados, pero que por supuesto hoy es alarmante”, señaló García.

Respecto a cómo solucionar la crisis habitacional que enfrenta el país, García sostuvo que ante escenarios complejos, se requieren soluciones complejas. 

“Es clave distinguir las distintas necesidades que tengan los hogares. Hay realidades muy distintas dentro de un mismo campamento y también entre campamentos. Para atender esta problemática que solo ha seguido creciendo, debemos ser capaces de comprenderla y abordarla con la diversidad de soluciones que esto requiere”, señaló. 

En esa línea, puntualizó que se deben construir más viviendas sociales en menos tiempo y focalizar los esfuerzos en los grupos más afectados, más vulnerables y que, por supuesto, necesitan más apoyo. Además, enfatizó en la importancia de poder contar con distintas instituciones. 

“Sabemos que la vivienda es algo fundamental para el desarrollo de un proyecto de vida, para que una familia pueda vivir con tranquilidad y pueda desenvolverse. Es un tema que debería ser prioridad y que no puede abordarse solamente por el Ministerio de Vivienda, sino que requiere un trabajo articulado entre los diferentes ministerios, pero también entre la sociedad civil, la academia tiene mucho que aportar en esto y los privados por supuesto también. Pero sobre todo las personas, las familias que están en diferentes formas de exclusión como los campamentos”, finalizó.