El próximo 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer y, tal como sucedió en años anteriores, se espera que distintas organizaciones y movimientos sociales se hagan presentes en las calles de todo el país. Esta fecha tiene sus raíces en las manifestaciones de mujeres trabajadoras a principios del siglo XX, que exigían mejores condiciones laborales, el derecho al voto y la igualdad de oportunidades.

En Chile, esta fecha es una oportunidad para visibilizar las demandas del movimiento feminista y reflexionar sobre los avances y desafíos pendientes en la lucha por una sociedad equitativa. Es un momento clave para fortalecer la unidad y la colaboración entre diferentes actores sociales. Bajo esa perspectiva, la Coordinadora Feminista 8M (CF8M), creó un espacio que reúne a múltiples y diversas organizaciones sociales, políticas e individualidades desde un horizonte defensor de los derechos de las mujeres.

En conversación con Radio Universidad de Chile, sus voceras, Cristina Varela, Javiera Mena y Vesna Madariaga, se refirieron a temas de actualidad y sensaciones previas a la conmemoración. En ese sentido, las representantes expresaron su preocupación por la situación que viven las mujeres, pues “son diversas y tienen distintas realidades, sin embargo, les es común a todas la violencia machista que amenaza constantemente sus vidas”.

De hecho, este año ya se registran seis femicidios consumados y 42 femicidios frustrados, lo que para ellas evidencia la urgencia de luchar organizadas y salir a la calle para impedir que la restauración patriarcal se instale y avance. Asimismo, las voceras destacaron un incremento severo en la precarización de la vida de las mujeres, especialmente en el contexto de una crisis mayor del modelo de trabajo que no reconoce la contribución social ni económica que realizan. “Nosotras hablamos de la crisis de reproducción de la vida“, mencionaron.

Santiago, 8 marzo 2022.
Marcha en conmemoración del día internacional de la mujer.Miles de mujeres marchan por la Alameda desde plaza Italia a Plaza Echaurren.
Marcelo Hernandez/Aton Chile

Para ellas la realidad de muchas mujeres es subsistir en formas de trabajo informal y precario, sin acceso a vivienda digna, salud, seguridad social ni garantías de derechos sociales. La situación es especialmente crítica para las mujeres jefas de hogar de la Toma de San Antonio, quienes forman parte de las “cuatro mil familias que viven estas horas en la amenaza del desalojo, el despojo de sus pertenencias, la angustia de un mayor empobrecimiento y la criminalización. No tienen dónde ni cómo cuidar a sus hijas, hijos y familia”.

En relación a la Ley Integral, que asegura una vida sin violencia, las voceras consideraron que es un logro significativo de la lucha histórica de las mujeres y organizaciones feministas en Chile. Esta normativa fue aprobada en 2024 tras siete años de tramitación en el Congreso y según explicaron esta ley proporciona herramientas cruciales para que el Estado actúe con diligencia en la erradicación de la violencia de género.

“Aunque aún no se puede evaluar su impacto, la Ley Integral establece mandatos específicos para el Estado y sus instituciones, lo que representa un avance normativo fundamental”, afirmaron.

No obstante, para que estas herramientas sean efectivas, es esencial contar con presupuestos robustos que aseguren la implementación de políticas públicas y programas sociales. “Las cifras alarmantes de femicidios este año subrayan la necesidad urgente de actuar con rapidez, movilizar recursos y frenar la violencia femicida y su impunidad”, añadieron. Las feministas continúan firmes en su compromiso de decir “Ni una Menos” y “Vivas nos queremos“.

De forma que, a pesar de las nuevas legislaciones, las mujeres en Chile enfrentan desafíos significativos. “Consideramos que en este momento está en curso en Chile un intento por reconstruir un nuevo consenso neoliberal, como el de los 30 años”, sostuvieron las voceras.

Además, consideraron que la aprobación de leyes como la que salvó a las Isapres, la reforma de pensiones que inyecta capitalización a las AFP y la Ley de Usurpaciones son ejemplos de este esfuerzo transversal, en donde “es fundamental que el feminismo sea una fuerza de disenso ante este consenso y una fuerza autónoma de todos los sectores políticos que lo llevan a cabo, incluyendo al Gobierno“.

La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, encabeza la ceremonia de promulgación de la Ley Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género, junto a autoridades y a más de 200 mujeres de organizaciones de la sociedad civil. Foto:
Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

La continuidad de estas políticas públicas, según las voceras, alimenta el peligro del avance de la extrema derecha, cuya propuesta política amenaza con arrasar los avances alcanzados, empobrecer a la población y promover el racismo, la xenofobia y el machismo. “Confiamos que el feminismo tiene la capacidad de ser esa fuerza que enfrente la amenaza de la extrema derecha“, concluyeron.

En este sentido, la Coordinadora 8M se articula con otras organizaciones feministas para impulsar cambios legislativos mediante la organización y la movilización social. “Como organización apoyamos los avances legislativos en favor de las vidas de las mujeres, disidencias sexuales y de género, de las niñeces y, en general, las leyes que mejoran la vida de las grandes mayorías trabajadoras del país”, dijeron las voceras.

Sin embargo, hicieron hincapié en que estos avances legales siempre son fruto de largas luchas. “Nuestro marco de acción como organización está puesto en la organización y la movilización feminista y social para la lucha”, argumentaron. Desde esta base, se gestan los avances y se hacen oír las urgencias y deseos de las mayorías que en el Congreso están permanentemente en minoría.

Para avanzar en la equidad en Chile, consideraron que hay tres áreas especialmente urgentes “la primera es vivienda. Sabemos que la situación de acceso a la vivienda determina de manera decisiva el grado de vulnerabilidad y de exposición a la violencia de género en que se encuentran tantas mujeres, niñas y niños“.

Marcha por el Dia Internacional de la Mujer 2024. Foto: Agencia Aton

En la actualidad en nuestro país, es prácticamente imposible para las personas pobres acceder a un arriendo o comprar una casa, lo que llevó a miles de familias a optar por la toma de terrenos o campamentos. “El Estado, en vez de combatir la pobreza, está combatiendo a las personas pobres, ordenando el desalojo de miles de familias a lo largo del país”, expusieron. Sin acceso a la vivienda, quienes viven violencia machista en sus hogares no tienen una alternativa para salir de ahí.

La segunda medida urgente es el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, sin causales. “Este compromiso programático no se ha concretado y sabemos que si se llega a presentar el proyecto de ley antes del cambio de gobierno, podría quedar a la deriva”, mencionaron.

La tercera área es el sistema de cuidados, otro compromiso programático del que hubo anuncios, pero no avances. “El 96% de las cuidadoras de personas en situación de dependencia son mujeres que realizan este trabajo en la pobreza y en el despojo total de derechos”, destacaron. En un gobierno que se denominó feminista, las cuidadoras deberían ser las primeras en la fila, pero siguen esperando en condiciones insostenibles.