Para este martes a las 9 de la mañana se programó el desalojo de la Toma Lajarilla, en Viña del Mar. Se trata de un asentamiento irregular más pequeño que el de la llamada megatoma de San Antonio: aproximadamente 86 familias y 450 personas que se establecieron en dos parcelas de propiedad del empresario José Massú, quien ha señalado reiteradamente que no quiere vender y por lo tanto no se allanó a una negociación.
Cuando hace algunas semanas se llegó al inminente desalojo de San Antonio, antes del acuerdo de última hora entre el Gobierno, los pobladores y el propietario del terreno, advertíamos que luego vendría Lajarilla y a continuación otros casos más, debido a la proliferación explosiva de tomas y campamentos por varios factores, entre los que destaca el aumento explosivo del precio de los arriendos. Después de que el país avanzó durante las dos décadas posteriores a la dictadura en la eliminación de los campamentos, luego vio con perplejidad y sin respuesta del Estado cómo la situación se revirtió vertiginosamente.
Según la última información del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en el país existen mil 1.432 campamentos a nivel nacional, de los cuales 52 cuentan con orden de desalojo. Reconocemos que el tema es complejo: por un lado, todas las democracias contemporáneas tienen como uno de sus pilares institucionales el respeto a la propiedad privada. Por otro, la Constitución vigente en su artículo 22 señala que “el Estado reconoce el derecho de todo ciudadano a una vivienda digna, a la educación, a la alimentación y a la seguridad social”. Se podría argumentar, por lo tanto, que el Estado a través de su gobierno tiene el deber constitucional de enfrentar la situación de los campamentos con políticas que dignifiquen y resuelvan, en vez de desalojar y expulsar. Contradictoriamente, y como también se dijo a propósito de San Antonio, el Gobierno tiene también el deber de hacer cumplir las órdenes judiciales, como ocurre en este caso con Lajarilla.
Yendo al tema más de fondo, hay una obviedad reconocida por distintas autoridades de los últimos gobiernos: hay una relación directa entre los altos precios de las viviendas y arriendos y el aumento de los campamentos. Hasta ahí parece haber acuerdo, porque lo contrario sería tapar el sol con un dedo. Sin embargo, el debate se complejiza cuando gremios como la Cámara Chilena de la Construcción piden, en vez de regulación, más desregulación para que sea supuestamente el mercado el que baje los precios. Esto hasta ahora no ha ocurrido y muy presumiblemente no ocurrirá.
Los desalojos, si bien no desdeñamos que resuelven la preservación de la propiedad privada, no resuelven el tema de fondo de la vivienda. El alcalde de San Antonio prevenía hace algunos días que las 10 mil personas que iban a ser desalojadas no se iban a esfumar en el aire, a alguna parte iban a ir. Aquí aparece con toda claridad que no se trata solamente de un problema entre privados, sino que requiere una acción del Gobierno con vocación de política de Estado, que nos encamine hacia la solución del problema más general.
