Este miércoles se llevó a cabo el desalojo de la toma Lajarilla en el sector de Reñaca Alta, en la comuna de Viña del Mar, donde vivían cerca de 90 familias.

Sin embargo, el caso del asentamiento irregular de Lajarilla no es una excepción. Según información del Ministerio de Viviendo y Urbanismo, en el país existen mil 432 campamentos a nivel nacional, de los cuales 51 cuentan con orden de desalojo. 

Para abordar el complejo panorama respecto a la proliferación exponencial de tomas de terrenos y el déficit habitacional, conversamos en la primera edición de Radioanálisis con la doctora en Geografía y profesora asociada al Departamento de Geografía Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, Yasna Contreras.

“Desde el 2015 habíamos previsto el incremento de los asentamientos irregulares dentro de Chile, o mayoritariamente yo diría en el norte. Entonces es preocupante que ya, como anualmente las cifras vayan aumentando, la cantidad de familias que viven en los campamentos ya está superando las 40 mil”, señaló Contreras.

La doctora explicó que las causas que llevan a la toma de terrenos son multifactoriales: “Persiste un problema de crisis habitacional, pero en el tiempo yo diría que los agentes que han tenido un rol más significativo en el aumento de las tomas no son solo las familias vulnerables, sino que también la presencia de urbanizadores piratas y de algunas personas que, de alguna manera, se han ido aprovechando de la existencia de sitios baldíos, suelo público o incluso suelo privado”.

En esa línea, la profesora de nuestra casa de estudios sostuvo que no responsabiliza solo a un actor respecto al incremento de tomas y diferenció entre las personas que siguen necesitando vivienda y familias que tienen dificultades para que avancen las listas cuando están esperando un subsidio habitacional.

 “Yo a ellos los dejaría como por un carril aislado. En las latencias de desalojos, hemos visto que emergen otro tipo de personas, hay personas que dicen que no queremos pagar arriendo, si tú entrevistas a gente que ya lleva cinco, ocho o 10 años en un campamento, jamás te dirían eso, te dirían no puedo pagar un arriendo, no es que no quiera, entonces ahí pienso que se ha desdibujado el límite ético”, puntualizó.

La profesora del Departamento de Geografía Facultad de Arquitectura y Urbanismo aseguró que lo que se ve constantemente en la presa respecto a las tomas o desalojos de las mismas, son un grupo minoritario que se está aprovechando y especulando; “que está en un negocio y que se toma terreno, los vende, los subarrienda”.

“Es una vulneración de los derechos humanos. Y la vulneración de los derechos humanos, hoy día, se realizan no solo por quienes ejercen el desalojo, sino porque los agentes, las personas que de alguna manera instan a que tú te tomes un terreno o que te venden un terreno. Por darte un ejemplo, tú puedes ir a algunos asentamientos en Talagante, hay miles, y la mayoría de las personas más vulnerables te dicen que compró un terreno y te muestran un voucher o una boleta, un recibo de otro ser que se apropió de un terreno que no lo es propio, que lo empieza a subdividir”, ejemplificó.

Contreras enfatizó en la importancia de diferenciar a las personas entre la necesidad y aquellos grupos minoritarios, pero muy ruidosos, que se están aprovechando del sistema. Además, agregó que “hay un problema, no sabemos quiénes son estos urbanizadores piratas, estos especuladores, y cuando a las personas que son víctimas del desalojo, tú les pides nombres, o no saben, o no se atreven porque tienen temor”.

La geógrafa evidenció que hay una dificultad a nivel del Estado para abordar todas las complejidades del tema.

Finalmente, Contreras detalló los puntos en los que debería trabajar el Estado para hacer frente a la complejidad de los asentamientos irregulares: “La política de gestión del suelo urgente, que es, principalmente, focalizarnos sobre la propiedad. Dejar de incentivar la propiedad privada, porque hay que meterle más recursos a recuperar suelo para construir vivienda en arriendo, como se hace en otros lugares del mundo, donde tú tienes una temporalidad para habitar y eso te permite incluso tener una movilidad social. Incorporar mecanismos de seguridad, pero no seguridad orientada a atentar contra la vulneración de las personas que están siendo vulneradas.  Es decir, sacar el foco solo de la seguridad en materia de criminalización, sino también identificar quiénes son los agentes productores de las tomas, quienes no necesitan y están especulando”.