Nuevos chats revelados entre la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Karol Cariola, y la ex alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, en medio de la indagatoria surgida a raíz del caso Sierra Bella, pusieron en aprietos a las militantes del Partido Comunista por presunto tráfico de influencias.

El informe de la PDI, que significó la incautación de dispositivos electrónicos de la diputada Cariola, consta de 384 páginas, de las cuáles existen 76 censuradas y que ocultan el contenido de las conversaciones en las que la diputada Cariola le solicitaría ayuda a Hassler para un empresario chino que, a su vez, financió la campaña de la parlamentaria.

Según las conclusiones entregadas por la Fiscalía de Coquimbo, a cargo de las diligencias, en las conversaciones vía Whatsapp se puede identificar una “intervención irregular por parte de Carol Kariola Oliva a objeto de favorecer a un tercero ante la Ilustre Municipalidad de Santiago”.

Con todos estos antecedentes, en diálogo con Radio y Diario Universidad de Chile, el abogado y exfiscal Carlos Gajardo afirmó que dichos chats darían cuenta de “conductas que evidentemente pueden ser constitutivas de delitos”.

“El funcionario público que recibe un beneficio económico a cambio de realizar un favor para un particular está expresamente sancionado en el Código Penal como un delito de cohecho”, explicó Gajardo, mencionando además que el caso amerita “que el Ministerio Público investigue esta situación para confirmar o descartar la existencia de un delito de esta relación”.

La ex alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, y la diputada Karol Cariola. Foto: Aton.

En la misma línea, recordó que debido a las últimas modificaciones al Código Penal, “los delitos de fraude al fisco, de tráfico de influencia y de cohecho tienen penas relativamente altas en nuestro país”. “Cuando están en delitos de carácter reiterado ameritan incluso penas privativas de libertad. Por lo tanto, es una investigación que debe desarrollarse de manera seria y responsable, porque los antecedentes que se han conocido son graves. En general, el delito de cohecho tiene penas que parten de los tres años y un día hacia arriba”, recalcó el abogado.

En el caso de Cariola y Hassler, la influencia denunciada a partir de los chats se ve reforzada con el hecho de que existieron una serie de reuniones entre ambas con presencia del empresario en cuestión, y con las acciones de Hassler por agilizar el proceso al intervenir frente a un funcionario público para la renovación de la patente de alcoholes que el empresario chino solicitaba.

No obstante, de acuerdo con las conversaciones filtradas, Hassler no renovó la patente para dicho empresario. Para Carlos Gajardo, a partir de los diálogos entre la diputada y la exjefa comunal de Santiago, quién queda peor parada es Cariola, mientras que a Hassler no se le podría atribuir una imputación.

Frontis de la ex clínica Sierra Bella. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile.

“No veo que en estas comunicaciones pudiera existir algún tipo de imputación de la exalcaldesa, pero es parte de lo que tiene que ser investigado”, partió señalando Gajardo.

“Porque efectivamente no exigen necesariamente que se produzca el resultado por el cual se está otorgando el beneficio económico. La sola solicitud de este tipo de acuerdos es lo que constituye el delito. Por lo tanto, el hecho de que la patente se haya otorgado o no para los efectos penales es irrelevante”, aclaró el abogado.

Sobre el proceso investigativo, Carlos Gajardo aseguró que fue correcta la incautación de los aparatos digitales de la diputada para “no solo rescatar las conversaciones con Hassler, sino que también con el propio empresario que habría financiado la campaña”.

Por otro lado, Gajardo recalcó como necesario “levantar secretos bancarios para ver si efectivamente se produjo ese aporte económico a la campaña”. “Y revisar la correspondencia de ese financiamiento de la campaña con lo que se declaró en el Servel. Es decir, hay varias diligencias que deben ser localizadas por parte de la Fiscalía que van a llevar a determinar si el delito se produjo o no”, sostuvo el abogado.

Si bien Gajardo llamó a realizar una investigación con absoluta responsabilidad por la gravedad de los hechos, también apuntó que la “Fiscalía tenga la fuerza suficiente para investigar a todas las personas, caiga quien caiga”.

“Es importante que tenga el mismo rigor en otras investigaciones que hoy parecen estar avanzando con mayor lentitud, pensando por ejemplo en la investigación en contra de Manuel Guerra y Andrés Chadwick por los casos que se han conocido de posibles delitos de corrupción”, cerró.