Abogado de Maipú pide desaforar al diputado Lavín y tilda de “absurdas” sus acusaciones

José Pedro Silva destacó que los antecedentes presentados contra el parlamentario ex-UDI están respaldados por más de 120 testimonios y una serie de correos electrónico. “Hay pruebas contundentes que ameritan la formalización”, aseguró.

José Pedro Silva destacó que los antecedentes presentados contra el parlamentario ex-UDI están respaldados por más de 120 testimonios y una serie de correos electrónico. “Hay pruebas contundentes que ameritan la formalización”, aseguró.

El abogado de la Municipalidad de Maipú, José Pedro Silva, explicó la querella interpuesta ante el Ministerio Público contra el diputado Joaquín Lavín León, por tráfico de influencia y fraude al fisco, pidió el desafuero del parlamentario y calificó como absurdas las declaraciones del acusado en relación a que la acción judicial se trataría de una “estrategia o ataque político”.

Parece absurdo que acusen persecución política cuando los antecedentes que presentamos están respaldados por más de 120 testimonios y una serie de correos electrónicos que muestran la forma en que operaba el diputado”, declaró el abogado de Maipú en entrevista con CNN Radio Chile.

Silva explicó que la querella detalla “delitos reiterados” cometidos por Lavín León, quien, según testimonios y correos electrónicos incluidos en la acción judicial, habría tenido injerencia directa en la contratación de personas afines a su partido, la UDI, dentro del municipio.

“Había una cooptación política del municipio a través de la instalación de personas vinculadas al diputado, lo que le permitía influir en las decisiones que se tomaban”, indicó el abogado.

Esperamos que el desafuero se resuelva rápidamente para que la investigación pueda avanzar con normalidad”, señaló el jurista y agregó que “hay pruebas contundentes que ameritan la formalización”. Sin embargo, evitó referirse a la cifra total que calculan podría haberse defraudado.

Asimismo, enfatizó que “los hechos hablan por sí solos” y que “es un caso de corrupción grave que generó perjuicio directo a las arcas municipales”, haciendo referencia a las desvinculaciones masivas de trabajadores para crear cupos para operadores políticos y a la emisión de facturas ideológicamente falsas para financiar campañas.

Esta es una acción judicial que está en curso y cuyos cargos que se imputan puedan ser desestimados a lo largo de la investigación y el proceso penal. Por eso, no se debe considerar a las personas involucradas y formalizadas por la justicia como culpables hasta que el tribunal competente dicte una sentencia en su contra.





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